El Consejo Nacional de Competitividad (CNC) dominicano no está articulado con el sector educativo preuniversitario formal, a pesar de que el Reporte Competitividad Global 2007-08 estima a la salud y el nivel básico de la educación RD en el lugar 102 sobre 131 países, es decir, cerca de Bangladesh, posición 105.

El plan sistémico del CNC no contiene algún lineamiento propio que advierta sobre los graves problemas de este sector educacional. Se limita a un vago enunciado general sobre una política fiscal que se oriente al gasto social.

No se toma en cuenta que si bien los pilares puntuales y sectoriales de la competitividad son muy importantes, también los son aquellos de carácter nacional y estructural, entre los cuales se incluye la calidad del sistema educativo preuniversitario.

Parecería que existe mayor énfasis en el desarrollo de las facilidades concernientes a cómo la inversión extranjera hace negocios en la República Dominicana. En este sentido, las leyes, los reglamentos, los decretos y los acuerdos TLC que auspicia el CNC son muy promisorios, además, para las zonas francas, turismo, etc.

¿Tiene como límite la competitividad nacional al conjunto de factores que garanticen la productividad, especialmente de las empresas extranjeras y sectores particulares? ¿O tiene, además, el compromiso que asegure la viabilidad y haga sostenible el desarrollo socioeconómico de la República Dominicana? ¿Nuestro énfasis es de global a local o viceversa?

El modelo vigente tiene sólidos argumentos para la complacencia en el contexto inmediato: una presión y gestión tributarias cuasi perfectas, un gran trasiego formal e informal de dólares blanquecinos, una cartera de remesas de US$ 3 mil millones, unas brillantes canas turísticas, 5 millones de celulares prepagados, todas las instituciones estatales refundidas en un solo poder, un PIB nominal que según el BC ronda los US$ 40 mil millones y unas dádivas petrocaribeñas que nos alejan del mismo trayecto del sol y de la guerra social.

Mas, ese maravilloso contexto no está amparado en la calidad de la educación básica, la cual tiene incidencia en el desempeño laboral, en la gestión empresarial de las mipymes, en la formación profesional, en la innovación y hasta en el empoderamiento de la ciudadanía.

Ese panorama es más preocupante si se estima que el sector informal constituye el 55% de la población ocupada, ante una economía incapaz de la generación intensiva de empleos formales, salvo los que surgen en la burocracia estatal.

La educación básica como bien público es algo más que el aspecto cuantitativo de la cobertura. Se trata de cómo incide la formación de valores en los degradantes niveles institucional y de seguridad nacionales, de cómo las graves deficiencias en matemáticas y lectoescritura nos incapacitan para la asimilación y desarrollo de tecnologías apropiadas, o de cómo los frágiles conocimientos sobre ciencia básica es un valladar para el desarrollo de la innovación y de la producción de conocimiento.

El reporte que publicó el 20 de junio año 2008 la regional de la UNESCO, Los Aprendizajes de los Estudiantes de América Latina y El Caribe, es contundente y no dejan el margen de la duda.

Durante esta investigación participaron 175 centros escolares de República Dominicana. Entre ellos, 208 aulas y 4,552 alumnos de 3er grado del nivel básico. Además, 172 aulas y 4,618 alumnos de 6to. Grado.

El universo de estas pruebas sobre la calidad de la educación de 16 países ALCA fue de 200 mil estudiantes, de 3 mil escuelas con 9 mil aulas, complementadas con formularios sometidos a los profesores, directores de escuelas y a tutores de los mismos estudiantes. De cada país participaron en promedio 5 mil alumnos por grado, 200 escuelas y entre 140 y 370 aulas.

Según revela el informe, el 78% de nuestros alumnos del 3ro. y de 6to. Están ubicados en el peor nivel de lectoescritura y ciencias, respectivamente. Son los peores entre los 16 países, además, en matemáticas de 3ro y 6to grado.

La contundencia de esos datos pone en jaque a la Secretaría de Estado de Educación (SEE), al CNC y a la política fiscal del gobierno.

En lo que respecta al CNC, es menester la creación de una división adscrita que se articule con el sistema de educativo nacional, con énfasis en los niveles básico, medio y el sector vocacional.

La Secretaría de Economía y Planificación, así como el Presidente de la República, están compelidos a una política fiscal que responda a los graves cuestionamientos que llevan implícitos estos informes, los cuales sólo constituyen indicadores de referencias muy intangibles.

La verdadera realidad es que la doble tanda de trabajo docente con su secuela del menoscabo de la cantidad de horas efectivas de clase y del impacto en el desempeño de los maestros, constituye la madre de las batallas del sector educativo, puesto que la solución de ese caso en particular abre una caja de Pandora.

Una sola tanda por cada profesor implicaría un salario de por lo menos  15 mil pesos mensuales para cada uno de los 63 mil maestros públicos, es decir una demanda de recursos de más de 12 mil millones de pesos.

Además, la consecuencia sería que se requirieran 37 mil maestros adicionales, sin el artificio de la doble tanda, lo cual implicaría un sistema de entrenamiento docente intensivo, digamos de los 30 mil estudiantes que aspiran a la investidura como licenciados en derecho o de los 50 mil universitarios desocupados que chiripean por estas calles Dios.

Esos puestos adicionales, demandarían recursos por más de 7,500 millones de pesos. En total por concepto salarial docente serían 19,500 millones de pesos anuales.

El salto de 2.6 horas por día a por lo menos 5 horas de escolaridad, demandaría la duplicación de las infraestructuras de los centros escolares y el aumento significativo de los horarios de trabajo de la gestiones administrativas central y de centros escolares. Se requerirían la construcción de más de 30 mil aulas nuevas con una demanda de recursos 25 mil millones de pesos, si se asume un eficiente gasto público.

¿Tiene disponible el gobierno de la  República Dominicana tales recursos? La repuesta no es tan simple. Pero si se asumen como ciertos los datos del Banco Central y si la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) continúa con su acelerado incremento recaudatorio, tendríamos un PIB nominal para finales del año 2008, digamos de 1,394 billones de pesos, dije billones.

El 4% de esa fabulosa cifra sería casi 56 mil millones de pesos. Otro indicador sería la formulación de un presupuesto nacional que rondara los 350 mil millones para el año 2009 y en tal caso,  el 16% sería también 56 mil millonesde pesos. Esa coincidencia es tan increíble que sugiero la apuesta al número 56,  pues es una viga tanto en la  lotería nacional o en la loto.

Si nos atenemos a la ley 66-97, entonces esa suma sería más que Un vamos P'lante, una obligación estatal.

¿Estarían dispuestos la SEE, el CNC, el CONEP, ADP, las Pymes y todas las instituciones involucradas, en la realización de una demanda consolidada para que la formulación del próximo presupuesto nacional sea legal en lo que respecta al sector educativo?

¿Sería posible que la Suprema Corte de Justicia se dignara a un pronunciamiento sobre el incumplimiento de la caterva de deudas y leyes que ni se pagan ni se cumplen en este país?

En fin, la competitividad nacional comprendida en forma íntegra, demanda una educación básica que se asuma como un bien público de alta prioridad.

La eficacia de los planes de desarrollo competitivo de la República Dominicana se asegura si se incluyen programas que los articulen al mejoramiento de la calidad de la educación básica y media.

Y es que el desempeño profesional, el nivel superior de la educación, la investigación y la innovación tienen como requisito esencial una excelencia en la calidad de la educación preuniversitaria, principalmente, el nivel básico.

Las graves deficiencias que resaltan los más recientes informes sobre la calidad de la educación pone en jaque a la política fiscal, la cual está compelida a un número mágico y por demás legal, 56 mil millones de pesos como presupuesto anual y directo a la Secretaría de Estado de Educación. Amén.

Andrés Durán