La sociedad dominicana está en el umbral de una nueva Constitución, la cual excluiría los elementos esenciales de participación que sugirió el Proceso de Consulta Popular que auspició el Poder Ejecutivo, inclusive.

Ese nuevo texto despojaría a la Soberanía Popular del control del poder Judicial y menoscabaría su capacidad para la iniciativa de alguna reforma en el futuro. 

En esa nueva Constitución se anula la participación popular en los asuntos de los poderes públicos nacionales, aunque no locales,  de modo tal que no contemplaría ninguna modalidad de plebiscito, referéndum  revocatorio de mandato o consulta vinculante.

La incoherencia sobre participación popular llega a tal extremo que su artículo 247 contemplaría la figura del Referéndum Aprobatorio de Reforma Constitucional, pero con la exclusión de los cambios actuales y con barreras para que en el futuro esos eventos no suceden.

Si 8 de 13 de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura surgieren al margen de la Soberanía Popular, entonces se violaría, inclusive,  el artículo 5 del nuevo texto constitucional, el cual dice que "la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes del Estado. El pueblo ejerce la soberanía por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes".

La Secretaría de Estado de Educación (SEE), La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y los ayuntamientos perderían las preferencias legales de sus respectivos presupuestos. En buen dominicano, significa, por ejemplo,  que lo que actualmente es un delito flagrante del artículo 197 de la ley de educación 66-97 se convertiría más bien en una facultad presidencial del poder ejecutivo.

El Poder Judicial, La Junta Central Electoral, El Congreso, entre otras instituciones, carecerían de independencias presupuestarias.Se establecería algo así como un Despotismo Financiero con Respaldo Constitucional bajo la égida del Poder Ejecutivo.

El aborto por motivos terapéuticos sería una franca violación constitucional. Las iglesias, salvo la católica, continuarían discriminadas por el Estado.

Todos estos cambios tan radicales, perniciosos, regresivos y con barreras extremas frente a nuevas reformas se pretenden implantar al vapor y  a través de una Asamblea Revisora Congresual que sólo representa los intereses de un partido político. Y es al vapor debido que el proyecto que maneja el Congreso no se corresponde con los fundamentos esenciales de lo que expresó la consulta popular, en lo referente al presidencialismo, del régimen económico y financiero y sobre el poder judicial.

Si se entendiere a la constitución como un orden jurídico del Estado que tendiera al orden y a la unidad integradora de los ciudadanos, así como un pacto que limite y controle el poder de un determinado individuo o institución, entonces el nuevo proyecto es contraproducente.

Su pecado original sería que todo este ente constitucional nuevo  y con tantos cuestionamientos no estaría avalado mediante una Asamblea Constituyente que surja de la Soberanía Popular.

El objetivo principal del Foro Participativo por la Constituyente (FPC) es que se reconozca como perentoria este tipo de participación.

Hay miles de razones para que el proceso de cambios constituciones se realice de ese modo, la primera de las cuales es que se precisamente se trata de una nueva constitución. Otra razón muy válida es que el Proceso de Consulta Popular del año 2006, votó mayoritariamente para lo que se suponía una reforma constitucional se realizara mediante una Asamblea Constituyente.

El Foro PC está conformado por La UASD, El Instituto Tecnológico de Santo Domingo( INTEC), La Universidad Ibero Americana (UNICA), La Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD), Participación Ciudadana, La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), El Foro Ciudadano, La Academia de Ciencias Dominicana y otras entidades y personalidades de sectores sindicales, políticos, intelectuales.

Una de las virtudes del Foro Participativo por la Constituyente es que su directiva principal, la cual preside el doctor Luis Gómez,  no responde a intereses  partidistas, sino a un auténtico afán para que se reconozcan  los derechos ciudadanos y la soberanía popular.

Si se impusiera un camino que obvie a la soberanía popular, se iniciaría un eje transversal de conflictos latentes que abriría la posibilidad indeseable de una ruptura constitucional que reivindique ese derecho supremo, el cual en el sistema democrático es la fuente original de todos los poderes del Estado.

Por eso, ese Foro Participativo por la Constituyente transciende al simple proceso mecanicista de la Asamblea Revisora que impondría una Nueva Constitución en el futuro inmediato.

Andrés Durán