¿Sabes sobre un Plan Integral del Sector Eléctrico 2006-12? ¿De un Comité Coordinador responsable de su cumplimiento y control? ¿Tiene la opinión pública algún reporte de ese Comité?

Este mes de septiembre del año 2009 es el tercer cumpleaños de ese Plan. Su misión es el suministro de electricidad al mercado dominicano  suficiente, confiable y a precios razonables.

Sus 5 cincos objetivos estratégicos son: 1.-Autosostenibilidad del sector 2.-Reducción de los precios de las tarifas 3.-Mejora de la gestión administrativa 4.-Mayor eficiencia durante la generación y uso de la energía. 5.-Fomento de la competitividad y las inversiones.

Todos esos objetivos atinentes al malestar crónico del sistema eléctrico nacional parecen muy nobles y razonables. Más, en este aniversario hay un  balance negativo respecto a esos propósitos. La esperanza de algún avance sólo se sostiene con los 3 años que restan de ese plan y los cambios de gerencia de la CDEEE.

La auto sostenibilidad a que se refiere el plan es para el área de distribución, puesto que nadie duda de la alta rentabilidad del nicho generador. Las principales acciones para la supuesta estabilidad de las EDEs se orientan a la reducción drástica del fraude de electricidad, mediante reformas legales más draconianas y la instalación de mecanismos más sofisticados en las áreas de distribución. Ellas se financian mediante un préstamo del Banco Mundial por US$42 millones, durante el periodo 2009-13.

¿Y si en el año 2012 se lograra la focalización exacta de los subsidios, el control electrónico de las líneas de distribución y se redujeran los fraudes a su mínima expresión?  ¿Y si aún así,  continuaran los déficits de las distribuidoras,  los subsidios gubernamentales y los apagones?

Quedaría confirmado que, si bien la reducción de los fraudes constituye una clave para la solución, este factor por sí sólo no sería suficiente. Tendríamos entonces un sexenio perdido y otra frustración.

Sobre el segundo objetivo, las tarifas, los resultados fueron contraproducentes. La sobrevaloración del kwh, en contra de los sectores comercial, industrial formales y el residencial de clase media, no se detiene, prosigue su agitado curso.

El cambio del liderazgo administrativo de la CDEEE alienta la esperanza de que los inmensos recursos de las empresas eléctricas estatales constituyan una herramienta determinante para la enmienda de los entuertos de los contratos con generadores y el establecimiento de un ambiente más adecuado para la libre competencia en el sector.

En esa vía, los generadores asumirían la responsabilidad de la distribución, como un factor clave para la eliminación de los subsidios estatales. Si ese proceso complementario no sucediera, las demás acciones tornarían en ineficaces.

A pesar del ligero optimismo, una tendencia desalentadora continua vigente: aquella en la que el Gobierno nombra especies de ministros plenipotenciarios del sector eléctrico, los cuales en forma confusa y poco transparente "negocian" inversiones extranjeras, ahora rusa, ayer árabes y en otros momentos chinas.

Esos contratos elaborados en ambiente nebuloso, acentuarían la alta concentración de mega plantas generadoras, las cuales incrementarían las pérdidas por transporte. De modo tal que existe el riesgo de que las ventajas de la alta eficiencia del ciclo combinado,  se diluirían en ganancias exclusivas de esos inversionistas y de sus ministros, mientras el resto se perdería en forma irremediable en transporte y fraudes en la distribución. Se repetiría así el círculo vicioso del mercado eléctrico dominicano.

Po eso, parece una política más sostenible aquella que enfatice la diversificación geográfica de la generación y que los dueños de esas empresas a su vez asuman esa tediosa e incierta tarea de la distribución. Digamos, si es que se quiere realmente una superación de ese anacronismo dominicano de la electricidad.

Eso implica una verdadera apertura a la libre competencia. La consecuencia sería que en vez de un etéreo y único inversionista extranjero, dispondríamos de decenas de ellos que no estarían condicionados con la Carta del Presidente y el visto bueno de los ministros plenos de poderes. Además, tendrían cabida las subestimadas fuentes de inversiones nacionales, en un contexto favorable para emprender proyectos sectoriales que le permitieran a las empresas la superación expresa de sus malestares energéticos.

Todos estamos tan abrumados por la crisis que tendemos a olvidar o poner en segundo plano el problema de las toneladas métricas de  emisión de dióxido de carbono y otras sustancias que provocan los miles de plantas generadoras, grandes y pequeñas, las que usan en la mayoría de los casos aceite de petróleo, gasoil y gasolina.

Por tanto, cualquier acción que mejore la eficiencia y reduzca de demanda innecesaria de electricidad sería muy importante para una política medioambiental efectiva. Además, la eficiencia implica una mayor productividad de las empresas.

De una vez por toda, la mayor parte de los edificios residenciales de alta clase media, las plazas comerciales y los edificios de oficina debieran iniciar el desmantelamiento de los miles de cajitas de aire acondicionado particulares, las que por demás demandan alrededor del 40% de la electricidad de esas comunidades. 

Es preciso que los edificios y comunidades con alta demanda de aire acondicionado se integren y usen compresores fundamentados en agua, en vez de electricidad.

Suponga, por ejemplo varios edificios colindantes que tengan 40 unidades de aire acondicionado instaladas, de 2 toneladas cada una. El costo total de la electricidad por ese motivo sería alrededor de 200 mil pesos mensuales, es decir, 5 mil pesos por cliente. Además, requerirían una fabulosa planta de emergencia de 150 Kwatts, la que gastaría más de 12 galones de gasoil cada hora de apagón.

Si estos clientes se integraran y sustituyeran sus compresores eléctricos por uno o dos unidades de compresores impulsados por agua caliente, la eficiencia se triplicaría. Así mismo sus facturas de electricidad se reducirían en forma dramática. La planta de emergencia que requerirían sería menor y por ende, su gasto de combustible se reduciría.

Estas acciones no requerirían siquiera permisos gubernamentales, ni los controles de la Superintendencia de Electricidad. Ellas por si solas serían más impactantes que los fabulosos generadores rusos, chinos y árabes al mismo tiempo.

¿Quién gana? Los usuarios comerciales e industriales. El sistema eléctrico nacional tendría mayores posibilidades de superar el 25% del déficit con respecto a la demanda.

¿Quién pierde? La demanda de los mejores clientes de las distribuidoras se reduciría. Pero ¿Quien dijo que necesitamos distribuidoras de electricidad, las que durante 10 años ocasionaron pérdidas netas de más de 10 mil millones de dólares?

Los relacionados con los equipos de aire acondicionado tienen una excelente oportunidad para la innovación y la eficiencia.

Si se cumpliera el sexenio del Plan Integral del Sector Eléctrico y no se superara la crisis eléctrica, es menester un Plan B. Un Plan alternativo sin burocracia, sin ministros plenipotenciarios, sin superintendencia, pero con muchos emprendedores nacionales que realmente deseen afrontar ese fantasma contra la productividad que es el sistema eléctrico dominicano.

Valerio Lara