Investigación Odebrecht congela el desarrollo de la infraestructura en la región.

Sao Paulo -Un informe publicado hoy por la agencia de calificación de riesgo Moody’s, reveló que la investigación del caso de corrupción de la constructora Odebrecht ha frenado el desarrollo de algunos proyectos importantes de infraestructura y energía en Latinoamérica, desacelerando el crecimiento regional.

Según la agencia, una serie de contratos de concesión de grandes proyectos han sido cancelados en varios países de Latinoamérica, entre ellos Perú, Colombia y Panamá, mientras que existen investigaciones en curso en México.

“Varias concesiones de infraestructura han sido interrumpidas y deberán ser relanzadas como resultado del escándalo de corrupción de Odebrecht”, aseguró Adrián Garza, vicepresidente de la agencia, citado en la nota.

A su juicio, resolver los obstáculos legales y administrativos de estos proyectos posiblemente demorará entre 12 y 24 meses.

Señaló además, que se pudiera tardará de 12 a 24 meses resolver las trabas legales y administrativas a los proyectos.

Según la firma, se ha sido un golpe sensible a la economía la paralización de los proyectos que van desde gaseoductos hasta navegabilidad de ríos, lo que fortalece  las actuales ralentizaciones de las perspectivas del crecimiento de la agencia de clasificación en algunas naciones.

Señala Moody’s, que las empresas vinculadas a estos proyectos combaten con presiones de flujo económico, igualmente la banca comercial que se ha involucrado tanto en la concesiones de las empresas  como en la aprobaciones de créditos están afrontando serios problemas  

La empresa evaluadora destacó en ese sentido que dicho enfriamiento obstaculiza significativamente que las naciones involucradas reduzcan la brecha en infraestructura que existe en la región.

“Creemos que la investigación sobre el caso de corrupción de Odebrecht ha arrojado luz e impulsará a toda la región a fortalecer los procesos de licitación y las medidas anticorrupción”, apunta Adrián Garza,

Odebrecht, implicada en varios escándalos de corrupción en América Latina, admitió haber pagado 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno en varios países de la región.