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A las 12 y 53 minutos de la madrugada de este miércoles, el juez Francisco Ortega Polanco concluyó la instrucción del conocimiento de medidas de coerción a los implicados en el caso Odebrecht y anunció la lectura del fallo para las cuatro de la tarde.
Luego de más de 14 horas de debates que se iniciaron poco después de las diez de la mañana del martes, el magistrado concluyó una agotadora jornada de trabajo, un cansancio que se reflejaba en su rostro.
Durante los debates, la mayoría de los abogados defensores de los imputados concluyeron sus exposiciones rechazando el pedido de 18 meses de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público para los arrestados, y pidiendo libertad pura y simple para sus defendidos. Algunos expresaron al Juez que en caso de tomar medidas de coerción no se decidiera por los 18 meses de prisión preventiva que sugirió el MP.
La defensa de Ángel Rondón, una de las mas esperadas del proceso, expresó que el Ministerio público no ha presentado “ni cheque, ni transferencia, ni un papelito de los imputados recibiendo dinero alguno de su cliente”.
Durante la presentación, el jurista Tony Delgado indicó que no se ha mostrado ni prueba ni indicio de asociación de malhechores o soborno de su cliente, por lo que rechaza que se le conozca medida ce coerción, y menos de 18 meses de prisión preventiva como solicita el Ministerio Público.
La defensa del imputado Radhamés Segura pidió al juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco, que se ordene la libertad pura y simple de su cliente, sin la imposición de medida de coerción.
En caso contrario, los abogados piden que se ponga una medida de fácil cumplimiento para su defendido, ya que este cuenta con arraigo suficiente y que acudirá a todos los requerimientos que le ha hecho el Ministerio Público.
Durante la audiencia, El Ministerio Público admitió que fue se debió a un error mecanográfico la mención de un depósito de RD$100 millones que se incluyó en el expediente acusatorio contra del ex director del Instituto Nacional de Agua Potable (Inapa), Roberto Rodríguez.
El fiscal Milcíades Guzmán dijo que el depósito correcto que hizo Rodríguez fue de un millón de pesos, en dos días consecutivos, y no de RD$100 millones.
Ante esa aclaración, el juez de instrucción especial, Francisco Ortega, pidió a la secretaria del tribunal que se hiciera constar en acta el error admitido por el Ministerio Público en el expediente de solicitud de medida de coerción que involucra al imputado.
El Consejo de Defensa del imputado César Sánchez pidió al juez Francisco Ortega Polanco declarar la extinción de la acción penal por prescripción.
El abogado Edwin Acosta sostiene que el tribunal debe desestimar la solicitud de prisión preventiva presentada en su contra, alegando que ha pasado más de diez años desde que su cliente dejó la función de administrador de la CDEEE.
De igual modo, El consejo de defensa del diputado Alfredo Pacheco pidió que se declare inadmisible solicitud prisión preventiva, alegando que el vocero del Bloque de Diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) goza de inmunidad parlamentaria.
En momentos en que el magistrado se retiraba para ponderar el incidente, el abogado del senador Tommy Galán, doctor Guarionex Ventura, le hizo la salvedad de que iba a hacer un pedimento similar, por lo que el juez Ortega decidió devolverse y pedirle a éste que se pronuncie sobre ese pedimento, quien se adhirió a que se declare inadmisible la solicitud de medida de coerción.
Los fiscales pidieron al juez que envíe a la cárcel del nuevo modelo penitenciario de Najayo a Andrés Bautista, Alfredo Pacheco, TemÍstocles Montás, Julio César Valentín, César Sánchez, Radhamés Segura, Máximo D´ Oleo, Conrado Pittaluga, Víctor Díaz Rúa, Roberto Rodríguez y Tommy Galán.
Asimismo, pidieron al juez que el empresario Ángel Rondón sea enviado a la cárcel de La Victoria, hasta tanto el Ministerio Público concluya con la investigación.
Al concluir las exposiciones de los abogados, el Juez Ortega Polanco dio paso a los imputados para hicieran su defensa material, sí es que así lo querían.
En forma inversa a como expusieron los abogados, comenzaron las exposiciones de los acusados, comenzando por Julio Cesar Valentín, quien citó parte de las iniciativas legislativas suyas y su coherencia durante su tiempo de congresista, y luego siguieron Angel Rondón, Temistocles Montás, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Conrado Pitaluga, Máximo D Oleo, Rudy González, Roberto Rodríguez, Radhamés Segura, César Sánchez, Tommy Galán y Alfredo Pachecho.
Aunque el Juez le autorizó tres minutos para hablar, todos se extendieron más allá de ese tiempo, el cual utilizaron para reiterar su inocencia frente a los hechos que se les imputan.
