Caracas, Venezuela. La fiscal general de Venezuela solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas de protección para ella y todos los funcionarios de ese organismo, decisión que se da poco después que el Tribunal Supremo de Justicia le prohibiera la salida del país y congelara sus activos y cuentas bancarias como parte de un proceso en su contra que podría provocar su enjuiciamiento y destitución.
Luisa Ortega Díaz, quien se enfrentó al gobierno al rechazar el proceso de reforma de la constitución, anunció lo anterior el viernes en su cuenta de Twitter.
Horas después, la Fiscalía General de Venezuela abrió un proceso al jefe de la policía política para imputarlo por presuntas violaciones a los derechos humanos. El general Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), fue citado por el Ministerio Público el 4 de julio para que comparezca en calidad de imputado, señaló un comunicado emitido por la Fiscalía.
La acción contra el exministro de Relaciones Interiores se da un día después de que el Ministerio Público anunciara la apertura de un proceso contra el excomandante de la Guardia Nacional, mayor general Antonio Benavides, quien fue citado para el 6 de julio para comparecer también como imputado de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en las protestas antigubernamentales que llevan tres meses y han dejado al menos 76 muertos.
González López y Benavides, actual jefe de gobierno del Distrito Capital, fueron sancionados junto con otros cinco funcionarios venezolanos en 2015 por el gobierno de Estados Unidos que congeló sus bienes en ese país por supuestas violaciones a los derechos humanos durante las protestas que dejaron 43 muertes en 2014.
Activistas y juristas consideraron que las acciones del Ministerio Público son un paso importante para hacer frente a la creciente impunidad en Venezuela, especialmente en materia de derechos humanos, aunque hay dudas de que los procesos contra los dos altos oficiales avancen en los tribunales, que han sido señalados por algunas organizaciones humanitarias de ser controlados por el oficialismo.
Las acciones contra los dos altos oficiales también coinciden con un proceso que emprendió este mes el Tribunal Supremo de Justicia contra la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, por presuntas “faltas graves” que habría cometido en su cargo y que podría llevar a su destitución.
La acción de Ortega Díaz, quien hasta hace unos meses era identificada como cercana al oficialismo, se da dos días después de que el máximo tribunal le prohibiera la salida del país y congelara sus cuentas bancarias mientras se resuelve un pedido de antejuicio para retirarle un beneficio legal y enjuiciarla por las supuestas “faltas graves”. La Sala Plena fijó para el 4 de julio una audiencia pública en la que Ortega Díaz y otros funcionarios presentarán sus alegatos.
El máximo tribunal, señalado de estar controlado por el gobierno, otorgó esta semana a la Defensoría del Pueblo atribuciones para participar en las investigaciones de violaciones de los derechos humanos, lo que menoscaba las competencias de la Fiscalía General, y anuló el nombramiento del vice fiscal. Ortega Díaz dijo que desconocería las sentencias de la Corte por considerar que violan la carta magna y llamó a todos los venezolanos a restablecer el orden constitucional.
La fiscal general comenzó su distanciamiento del gobierno en marzo tras objetar dos sentencias que dictó el Tribunal Supremo contra la Asamblea Nacional y denunciar una “ruptura” del orden constitucional. En los últimos tres meses la alta funcionaria presentó al menos cinco acciones contra el proceso constituyente que impulsa el presidente Nicolás Maduro y la designación de un grupo de magistrados, procesos que fueron rechazados por el Tribunal Supremo.
Tras sus pronunciamientos algunas figuras del gobierno han hecho fuertes cuestionamientos a la fiscal, a la que llaman “traidora”, y han anunciado que una de las primeras acciones que tomará la Asamblea Nacional Constituyente será destituir a Ortega Díaz.
La fiscal general y su esposo, el diputado Germán Ferre, han denunciado que la funcionaria y su familia han sido perseguidos por vehículos y han recibido llamadas amenazantes en las últimas semanas.
