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Caracas, Venezuela-.La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) pidió a las autoridades competentes que se apliquen "acciones de coerción" contra el Parlamento por cometer delitos de "usurpación de funciones" al designar a nuevos magistrados de la máxima corte.
"Ante los actos declarados nulos de evidentes ánimos subversivos, la Sala declara que corresponde a las autoridades competentes civiles y militares ejecutar las acciones de coerción pertinentes a fin de mantener la paz y la seguridad nacional", dijo el presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza.
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora y considerada en "desacato" por el Supremo, eligió hoy a 33 nuevos magistrados del máximo tribunal, una decisión no reconocida por el Gobierno ni por los jueces en ejercicio designados en 2015 por un Legislativo en poder del chavismo cuya legitimidad ha dejado de reconocer la Cámara.
La oposición venezolana no reconoce estos 33 magistrados por supuestas irregularidades en su nombramiento entre diciembre y enero de 2015, días después de la victoria de la actual mayoría opositora en el Legislativo, pero antes de la toma de posesión de los nuevos diputados.
La Sala Constitucional anuló ayer, a priori, el proceso de designación de los magistrados de la Cámara y en una sentencia declaró "la nulidad por inconstitucionalidad" de este acto.
El Supremo indicó que con este proceso "se configura el delito de usurpación de funciones a quienes concurran en la inconstitucional pretensión de designación de magistrados" y advierte de "consecuencias jurídicas".
En ese sentido, Mendoza reiteró hoy la "advertencia" dirigida a los parlamentarios, a los ciudadanos integrantes del "írrito" comité de postulaciones y a los ciudadanos "que se pretendan investir en el cargo de magistrados", que "tal conducta incurre de manera flagrante en el delito de usurpación de funciones".
"Incurren en los delitos contra la independencia y seguridad de la nación, en particular en los delitos de traición a la patria y contra los poderes nacionales y de los estados", agregó.
Mendoza evitó responder si con este pronunciamiento la Sala estaba ordenando detener a los jueces nombrados y se limitó a reiterar que el Supremo espera se apliquen "medidas de coerción" a quienes cometieron "delitos en flagrancia" aunque no aclaró en qué consisten estas medidas.
La puja entre el Poder Judicial y el Legislativo venezolano se profundiza en medio de la crisis social que atraviesa la nación caribeña, que se ha visto sacudida por una oleada de protestas desde hace casi cuatro meses que han dejado a su paso al menos 100 víctimas mortales, y centenares de heridos y detenidos.
