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Un juez especial chileno condenó a penas de prisión 19 antiguos agentes de la dictadura de Augusto Pinochet por los secuestros calificados (desapariciones) de 16 opositores al régimen y el homicidio de otro en el año 1976, informaron fuentes judiciales.
Los opositores asesinados eran dirigentes del Partido Comunista que actuaban en la clandestinidad y fueron apresados en un operativo cuyo objetivo era su exterminio, según se pudo establecer durante el proceso llevado adelante por el juez Leopoldo Llanos, de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Varios de los detenidos terminaron sus días en el cuartel “Simón Bolívar”, un recinto secreto de cuya existencia se supo hace pocos años y desde el cual ningún prisionero llevado ahí salió con vida.
En ese recinto, según testimonió un miembro arrepentido de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), los prisioneros fueron ultimados a palos, con inyecciones de cianuro, en sesiones de tortura e incluso, según el testigo, con gas sarín.
Los cadáveres eran envueltos en sacos, atados a rieles y trasladados a campos militares donde se les subía a helicópteros y eran lanzados al mar, aunque también hubo inhumaciones en los mismos terrenos del Ejército, en minas abandonadas o en otros lugares.
Esto último posibilitó que en marzo de 1990, en un campo que el Ejército había vendido años antes, cerca de Santiago, en excavaciones de una empresa constructora aparecieran tres cadáveres, uno de ellos correspondiente a Eduardo Canteros Prado, una de las víctimas de este caso.
Entre las víctimas había médicos, abogados, profesores, ex parlamentarios y varios familiares entre sí, hermanos, matrimonios, hijos; y entre los condenados hay también varios que ya cumplen largas penas de prisión, tras ser condenados en otros casos de violaciones a los derechos humanos.
El brigadier Pedro Espinoza, ex subdirector de la DINA, que suma más de 500 años de cárcel en condenas anteriores, fue sentenciado ahora a 20 años más junto al coronel Carlos López Tapia, Ricardo Lawrence y Jorge Andrade, como autores de 16 desapariciones y a otros 20 años por el homicidio calificado de Eduardo Canteros.
El coronel Juan Morales y la teniente Gladys Calderón, que inyectaba cianuro a los prisioneros, deberán purgar 18 y 15 años y un día de presidio, respectivamente, como autores de seis secuestros calificados.
Los coroneles Rolf Wenderoth, Ciro Torré y Orlando Manzo, este último de Gendarmería (Servicio de Prisiones) fueron sentenciados a 15 años y un día, como autores de tres secuestros calificados.
Los agentes Sergio Escalona, Juvenal Piña, Jorge Díaz y Gustavo Guerrero recibieron una condena de 10 años y un día como autores de un secuestro calificado.
En condición de cómplices de los 16 secuestros calificados fueron condenados a 5 años y un día de presidio y a 7 años por el homicidio de Eduardo Canteros Pardo, respectivamente, los agentes Pedro Bitterlich, Claudio Pacheco, Orlando Torrejón, Orlando Altamirano, Carlos López Inostroza y Hermon Hellec Mundaca.
En la parte civil, el juez acogió las demandas presentadas por los familiares de las víctimas y condenó al Estado de Chile a pagar indemnizaciones por un total de 2.420 millones de pesos (unos 3,72 millones de dólares).
Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron encarcelados y torturados por causas políticas.
