Caracas (AFP)- La oposición venezolana decidió participar en las elecciones de gobernadores, con un árbitro al que acusa de articular un fraude a favor de la Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro, que motivó nuevas sanciones de EEUU.
"Hemos acordado por consenso preinscribir candidatos para las elecciones regionales", señaló este miércoles en un comunicado la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), varios de cuyos dirigentes han sido inhabilitados para postularse.
La alianza explicó que busca presionar a Maduro y al poder electoral a que cumplan su palabra de realizar los comicios el próximo 10 de diciembre, pues teme que sean suspendidos. Si no lo hacen, "que paguen el costo", afirmó el dirigente Andrés Velásquez en nombre de la MUD.
La votación "es una forma de lucha y no asumirla es la mejor manera de convalidar y fortalecer la dictadura", dijo Velásquez, advirtiendo de que continuarán las protestas que exigen elecciones generales desde hace cuatro meses y que dejan unos 125 muertos.
El plazo de inscripción para la contienda por 23 gobernaciones y asambleas regionales se cerraba este miércoles.
El anuncio coincidió con sanciones financieras del Departamento del Tesoro contra Adán Chávez, hermano mayor del fallecido líder Hugo Chávez, y otros siete funcionarios por su vinculación con la Constituyente, que rige desde el viernes con poderes absolutos y enfrenta amplio rechazo internacional.
Washington ya había sancionado al propio Maduro y a otros colaboradores, acusados de quebrar la democracia, corrupción y violar derechos humanos.
La lista se amplió después de que 12 gobiernos de América condenaran el martes en Lima a Maduro por una "ruptura" de la democracia y desconocieran la Constituyente, también rechazada por la Unión Europea.
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, repudió las sanciones y dijo que EEUU hace el "ridículo". Arreaza también protestó ante representantes de 11 de los países que suscribieron la declaración de Lima, a quienes citó en su despacho. Acudieron los embajadores de Chile, Guatemala, México y Panamá, y los encargados de negocios de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú.
Frente a la creciente presión internacional, Maduro propuso una Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para "restituir el diálogo" regional.
Inscribir candidatos a los comicios regionales fue una decisión difícil para la MUD, que reúne a una treintena de partidos con distintas tendencias, agrupados en 2008 para enfrentar electoralmente al chavismo -en el poder desde 1999- con una tarjeta única.
La dirigente María Corina Machado, líder de un partido opositor minoritario que llamaba a no participar, criticó el anuncio. "Es dictadura. Nos quedamos políticamente solos, pero del lado de la gente", escribió en Twitter.
Varios dirigentes de la MUD fueron inhabilitados para optar a cargos públicos, incluido Henrique Capriles, gobernador del estado de Miranda, al que pertenece parte de Caracas. Además, tres alcaldes fueron condenados por la corte suprema a 15 meses de prisión por no impedir bloqueos de vías en manifestaciones opositoras.
La sentencia más reciente fue dictada este miércoles contra David Smolansky, del municipio capitalino de El Hatillo, quien llamó a protestar el jueves en esa jurisdicción y tildó al tribunal de "paredón político".
Los comicios regionales debieron celebrarse a fines de 2016, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) los pospuso sin explicación. Acusado de servir al gobierno, el CNE también suspendió en 2016 el trámite para un referendo revocatorio del mandato de Maduro.
Y esta semana anunció que la MUD debe "abstenerse" de inscribir candidatos con su tarjeta en siete estados, entre ellos Zulia, mayor centro electoral del país. Los partidos de la alianza apoyarán un único aspirante en esas regiones.