La Guardia Civil española verificó este sábado que el centro de telecomunicaciones del gobierno regional de Cataluña no podrá prestar servicio este domingo, para la jornada en la que está convocado un referéndum secesionista que Madrid califica de ilegal.
Los agentes acudieron tras una orden judicial de la magistrada Mercedes Armas que obligó los responsables del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) catalán a suspender el acceso a las aplicaciones informáticas que gestionan las bases de datos que las autoridades de Cataluña pretenden usar en la consulta, suspendida por el Tribunal Constitucional.
Tras esa medida el ministro portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró que con el “bloqueo” de las instalaciones del CTTI “se ha asestado un golpe a la organización del referéndum ilegal”.
La entrada de los agentes de la Guardia Civil en el CTTI impediría, según Méndez de Vigo, que se pudiera efectuar un eventual recuento de papeletas.
El Gobierno catalán, que confirmó la intervención de la Guardia Civil, advirtió de que el bloqueo del sistema informático para el voto telemático afectará de forma directa a los servicios que presta.
Esta medida judicial se une a otras adoptadas en días precedentes y que han llevado a la incautación de millones de papeletas de voto, propaganda electoral y notificaciones a ciudadanos para que formen parte de las mesas de votación.
Todas estas iniciativas llevaron a los impulsores de la consulta a afirmar que conseguir un millón de participantes sería ya “un éxito desbordante”, en palabras del líder de la independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez.
El Gobierno catalán ha convocado a 5,34 millones de personas a votar, dentro de una región cuya población asciende a 7,5 millones.
El líder de la ANC criticó lo que denominó “sitio” del Gobierno español al referéndum soberanista del 1 de octubre y reconoció que “con esta presión puede ser difícil una alta participación”.
“Un millón sería un éxito desbordante, dijo Sànchez, después de que en una votación popular informal y no vinculante que tuvo lugar en noviembre de 2014 los participantes fueran 2,3 millones.
Entonces los independentistas convirtieron su inicial objetivo de un referéndum en un proceso de participación sin valor legal, a diferencia de ahora, cuando han impulsado medidas desde el Ejecutivo y el Parlamento regionales que han sido suspendidas por los tribunales españoles por ser contrarias a la Constitución.
Mientras tanto, la Policía regional catalana (Mossos d’Esquadra) ha acudido ya a al menos 1.300 colegios de los 2.315 que dice haber dispuesto para la hipotética votación con intención de clausurarlos y retirar cualquier material electoral que encuentren.
De ellos, 163 están ocupados desde anoche por personas que tratan de evitar que sean cerrados y puedan ser empleados como centros de votación.
La Policía debe comunicar a estas personas que deben dejar los locales antes de las 6.00 horas (4.00 GMT) del 1 de octubre.
Hoy sábado se registraron concentraciones en diferentes ciudades de España en contra del referéndum independentista.
En la capital catalana, Barcelona, varios miles de personas se manifestaron en favor de la unidad de España y contra la consulta mientras enarbolaban banderas españolas y catalanas.
Madrid, Sevilla, Toledo, Palma de Mallorca, Pamplona, Santander, Valladolid, Salamanca, Logroño o Vitoria fueron otras ciudades españolas que albergaron concentraciones de rechazo a los independentistas y en las que en total participaron varios miles de personas.
En ellas se reivindicó la “unidad de España” y la vigencia de la Constitución de 1978, algunos de cuyos artículos fueron leídos al final de los actos para subrayar la ilegalidad de la consulta soberanista catalana.
El presidente regional de Cataluña, el independentista Carles Puigdemont, pidió este sábado una “mediación” para solucionar el conflicto que mantiene con el gobierno español, en la víspera del referéndum de autodeterminación prohibido.
A pesar de la oposición de las instituciones españolas, Puigdemont, un independentista convencido de 54 años, advirtió que no renunciarán a votar el domingo en esta consulta que desde hace años envenena las relaciones entre Barcelona y Madrid.
“Debemos expresar una voluntad clara de que haya mediación en cualquiera de los escenarios”, afirmó Puigdemont desde la ciudad de Girona, de la que fue alcalde entre 2011 hasta 2016, cuando accedió a la presidencia de la región.
“Gane el sí, gane el no, en cualquiera de los escenarios debe haber una mediación porque las cosas no funcionan, seamos honestos”, añadió.
Desde 2012 los dirigentes catalanes reclaman un referéndum sobre la independencia de esta región, cuyos ciudadanos están divididos sobre la secesión pero apoyan ampliamente un escrutinio acordado con Madrid.
Pero el ejecutivo central de Mariano Rajoy rechaza negociar al respecto, argumentando que la Constitución del país no permite esta votación, suspendida por el Tribunal Constitucional.
“Mucha gente pensaba ‘me gustaría tener argumentos un poco más convincentes que el cumplimiento estricto de la ley y la fuerza de la policía para continuar formando parte de España. Que me dijeran (…) os necesitamos, os queremos’”, lamentó el dirigente de esta región de 7,5 millones de habitantes y con un 19% del PIB nacional.
Puigdemont reconoció sentirse dominado por “una gran responsabilidad ante este momento”. “Es un momento grave”.
“Hay que hablar, hay que sentarse a dialogar sin condiciones”, insistió.
“Lo pide a todo el mundo. Es un deseo de la mayoría de la sociedad catalana, que quiere votar, que quiere decidir y quiere hacerlo de manera dialogada y acordada”.
Si bien los puentes de diálogo entre ambos ejecutivos parecen dinamitados, Puigdemont se mostró abierto a desconvocar el escrutinio si el poder central acepta negociar una votación acordada.
“Si el Estado español hoy dice vamos a acordar un referéndum (…) Vamos a parar esto”, afirmó Puigdemont.
Pero si no fuera así, “el gobierno (catalán) lo ha dispuesto todo para que pueda desarrollarse en total normalidad”, aseveró.
Su celebración es una incógnita: la justicia ordenó el cierre de los más de 2.300 colegios electorales repartidos en la región, se bloquearon los sistemas informáticos de recuento y el gobierno dispone de miles de policías en la región para impedir el voto.
“Lo que no va a pasar es que nos vamos a ir a casa y vamos a renunciar a nuestros derechos”, aseguró Puigdemont, pidiendo a sus simpatizantes mantener una “actitud pacífica”.
Y si los partidarios del sí se imponen a los del no, como es previsible ante el boicot al referéndum promovido por los antiindependentistas, el presidente regional mantiene su plan de declarar la independencia, aunque esta no será automática.
“Todos sabemos que hay un periodo de transición, que no hay un botón que automatiza las independencias”, explicó.
“No hemos planteado la declaración de la independencia en la ley como un mecanismo que surge efectos inmediatos y que a la mañana siguiente ya está todo resuelto. No es solo ingenuo, es impresentable esta idea”, afirmó.
Y en este escenario, será de nuevo necesario el diálogo y la mediación. Si bien Puigdemont no dirigió su petición a ninguna institución, aseguró que sería lógica “una actitud activa de seguimiento y de interés por parte de la Unión Europea (UE)”, a la que lanzó un crítico mensaje.
“Entiendo que tiene compromisos con el Estado español porque ha sido así siempre (…) Pero que deje de mirar a otro lado”, afirmó.
“No es eficaz ni razonable ni sensato que el presidente de la Comisión Europea”, Jean-Claude Juncker, “no haya encontrado el tiempo en su agenda para preguntar qué está pasando en esta parte, creo que es importante, de la Unión Europea”, se lamentó.
