BARCELONA, España.- — El destituido presidente separatista de Cataluña, Carles Puigdemont, exhortó este sábado los catalanes a oponerse a la intervención española en la región, en una velada negativa a aceptar la disolución de su gobierno ordenada por Madrid.
El gobierno de España intervino oficialmente Cataluña este sábado y destituyó al desafiante gobierno independentista en la región, incluyendo su presidente Carles Puigdemont, al día siguiente de que legisladores autonómicos aprobaran una declaración de independencia en la próspera región nororiental española.
El presidente del gobierno español Mariano Rajoy disolvió también el parlamento regional y convocó a elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre.
En un mensaje pregrabado por TV, Puigdemont dijo que solo el parlamento regional puede elegir o disolver el gobierno y prometió continuar “trabajando para construir un país libre”.
“La mejor manera que tenemos para defender las conquistas alcanzadas hasta hoy es la oposición democrática a la aplicación del artículo 155”, dijo en alusión a la disposición constitucional invocada por Madrid para asumir las competencias de Cataluña.
A pesar de su tono desafiante y el uso del emblema oficial del gobierno catalán junto con las banderas catalana y de la Unión Europea, sin señales de la española, un comentarista político sostuvo que la expresión “oposición democrática” sienta las bases para una campaña política de cara a la elección regional de diciembre.
“Nuestra voluntad es continuar trabajando para cumplir los mandatos democráticos y al mismo tiempo buscar la máxima estabilidad y tranquilidad”, dijo Puigdemont. Los separatistas sostienen que la victoria en el referendo del 1 de octubre les da legitimidad para independizarse de España.
Una vez oficializada la intervención en las primeras horas del sábado, Puigdemont y los 12 miembros de su consejo de ministros en teoría ya no cobran sueldo.
El gobierno español ha dicho que se los podría acusar de usurpación de funciones si se niegan a acatar, lo que podría provocar caos en la región al prolongar un enfrentamiento que ya lleva un mes.
Rajoy dijo que la declaración de independencia “no solo va contra la ley, sino que es un acto delictivo”.
Sus declaraciones fueron recibidas el viernes por la noche con abucheos y silbidos de desaprobación en Barcelona, la ciudad más importante de Cataluña, donde miles de personas se habían reunido para celebrar la declaración de independencia.
Se desconocía si el equipo de Puigdemont acataría las órdenes.
El gabinete catalán se reunió el viernes pero no hizo comparecencias públicas ni otros comunicados después de que Rajoy anunciara la intervención.
La fiscalía española señala que los altos cargos del gobierno catalán podrían ser acusados de rebelión a partir del lunes.
Al margen de cualquier posible rebelión del gobierno catalán, tampoco está claro cómo podrá ejercer Rajoy su control en los niveles inferiores de la gran administración autonómica.
Cataluña ha obtenido competencias de autogobierno en campos como educación, salud y seguridad, en los años desde que se restauró la democracia en España a la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.
Algunos de los aproximadamente 200.000 funcionarios han dicho que se negarán a obedecer órdenes de Madrid, arriesgándose a ser sancionados o incluso despedidos según los poderes especiales que el Senado concedió el viernes al gobierno central.
La vicepresidenta de España, Soraya Sáenz de Santamaría, será la enviada de Rajoy para gestionar Cataluña hasta el 21 de diciembre, cuando se espera que los catalanes elijan un nuevo parlamento regional. Ella se coordinará con otros ministerios que asumirán labores de los departamentos autonómicos, como las finanzas y la seguridad, y nombrará personas para que apliquen las órdenes de Madrid.
En una de sus primeras medidas, el Ministerio español del Interior emitió una orden para destituir a Josep Lluis Trapero de su posición como responsable de la policía regional catalana, los Mossos d’Esquadra. Se le permitirá continuar como comisario.
Trapero se convirtió en una figura polémica a mediados de agosto como el rostro público de la repuesta policial a los ataques extremistas en Barcelona y alrededores. Fue elogiado por su eficacia, pero también criticado por problemas de coordinación con las fuerzas policiales nacionales.
La Audiencia Nacional le está investigando dentro de una pesquisa de sedición relacionada con el ilegalizado referendo de independencia del 1 de octubre.
El superior de Trapero, el director de la policía regional Pere Soler, indicó en un comunicado que aceptaba su destitución por parte de las autoridades centrales.
