República Dominicana.-El vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada dijo que están al pendiente de lo que ocurre en el Congreso Nacional, pese al retiro de los militares del órgano legislativo.
“Entendemos que no debe coartase el derecho que tienen los ciudadanos de la República Dominicana a expresarse, a opinar, a protestar, si así lo consideran y por otro lado, también entendemos que hay que mantener el orden, entonces por eso el llamado que hemos hecho a la prudencia, a que no se afecte la agenda legislativa, que se está desarrollando, nosotros le estamos dando seguimiento a mas de 85 proyectos de ley, que en la actualidad están afectados los trabajos del Congreso Nacional y lo que queremos es que se sigan desarrollando”, dijo Cesar Dargan, vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada.
Mientras el coordinador del Foro Renovador del Partido Revolucionario Moderno, Tirso Mejía Ricart, manifestó que el gobierno se vio obligado a retirar los militares del Congreso por el daño que internacionalmente se le está haciendo a la imagen del país.
“El repudio de todo el país y a nivel internacional, porque da la impresión de que vivimos en un Estado de sitio, cuando se interfiere, porque el ejercito responde al poder ejecutivo, cuando el poder ejecutivo interviene de manera militar en el primer poder del Estado, que es el Congreso Nacional , tamo en presencia de una situación crítica, que debido a la carga internacional que generó se han visto obligados a retirarlos, como una forma de palear el descredito del país”, señaló Tirso Mejía Ricart, coordinador del Movimiento Renovador del Partido Revolucionario Moderno.
Mejía Ricart también enfatizó que lo ocurrido en el Congreso Nacional fue un atropello contra los legisladores para imponer el continuismo.
Ricart, sostuvo que en los Gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, en el país han incrementado la corrupción, impunidad, inseguridad, deuda pública, pobreza y otros males.
“El PLD ha traído mayor desigualdad, falta de oportunidades, un endeudamiento de más de 600 millones de pesos diarios, la desconfianza en la política, la inseguridad ciudadana y la instalación de carteles que generan la corrupción y la impunidad a costa de salarios de hambre y el deterioro de los servicios públicos”, resaltó Mejía Ricart.
El cerco en el Congreso Nacional se instaló por 11 días, a raíz de alegadas denuncias de que grupos populares tomarían el órgano legislativo para que no sea modificada la Constitución de la República.