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República Dominicana.-Inmediatamente el Tribunal Superior Electoral (TSE) falló ratificando que Ramfis Domíguez Trujillo no puede ser candidato presidencial, como ya se había pronunciado la Junta Central Electoral, éste reaccionó diciendo que la audiencia estuvo totalmente viciada y que el presidente de la alta corte pasó de “excesivamente complaciente con quienes nos adversan, a cómplice de esta desfachatez jurídica”.
“A @RomnJquez se le vio el refajo, pasando de excesivamente complaciente con quienes nos adversan, a cómplice de esta desfachatez jurídica. Ya estamos al tanto de las presiones recibas por el TSE para provocar esa decisión”, publicó Ramfis Domínguez Trujillo a través de su cuenta de Twitter.
Agregó en otro de los mensajes que “La decisión complaciente y arbitraria de los jueces del TSE, de no dejar pasar nuestra candidatura, se ajusta al mandato de este desgobierno del PLD. Ese miedo que ellos están demostrando nos da más fuerzas para seguir luchando, y esto no se detiene aquí.
Decisión TSE
“El ciudadano Luis José Ramfis Domínguez Trujillo, no demostró ante esta jurisdicción haber dado cumplimiento al requisito consagrado en el párrafo único del artículo 20 de la Constitución consistente en renunciar a la nacionalidad estadounidense con 10 años de anticipación a la fecha de la elección a la cual pretende participar, como tampoco ha podido acreditar haber cumplido con la exigencia de residencia previa”, establece en su fallo el Tribunal Superior Electoral que preside Román Andrés Jáquez Liranzo.
El TSE explica que en los documentos suministrados por Ramfis se evidencia que ostenta la nacionalidad norteamericana y dominicana, sin haber renunciado a la extranjera.
La JCE
El aspirante presidencial por el Partido Nacional Ciudadana (PNVC), acudió al TSE luego que la Junta Central Electoral rechazara su candidatura por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), porque no presentó entre sus documentos la renuncia a su nacionalidad estadounidense con diez años de anticipación a la elección, ni tampoco su residencia en el país durante los diez años previos al cargo, como establece la Constitución Dominicana en su artículo 20.
