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SAN JUAN (Prensa Latina).- La gobernante Wanda Vázquez Garced cedió a las presiones de alcaldes y sectores sociales que consideraron erróneo que se redujeran las horas de toque de queda en Puerto Rico.
Ante los reclamos, la mandataria modificó el decreto emitido el lunes para, a partir de mañana, en lugar de las 21:00, hora local, el toque de queda entre en vigor a las 19:00. hora local, como estuvo originalmente.
La modificación de la medida restrictiva no afectará el horario de los negocios, en particular para la entrega de abastos y comestibles, que se extiende hasta las 22:00, hora local.
El presidente actual de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina, agradeció a nombre de sus correligionarios del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP) lo que llamó “demostración de apertura” de Vázquez Garced, que hace posible restablecer el toque de queda.
Expresiones en esa misma dirección tuvo el presidente de la Asociación de Alcaldes, José Román Abreu, que reúne a los ejecutivos municipales afiliados al Partido Popular Democrático (PPD), principal de oposición.
Las medidas de alejamiento social y los horarios restrictivos para actividades laborales, se mantienen inalterables, se aclaró.
Diversos sectores consideraron que la mandataria boricua cedió a presiones de sectores económicos, los que no tomaron en cuenta la importancia de preservar la salud del pueblo. mayor sobrepoblación carcelaria del mundo, con centros penitenciarios que operan al 400 por ciento de su capacidad, según indican estudios.
A finales de marzo, autoridades judiciales anunciaron que analizaban conmutar o perdonar penas de detenidos, para evitar un brote del contagioso coronavirus SARS-CoV-2.
Jacques Lafontant, comisionado de Gobierno, indicó que estudian varios criterios relacionados con la edad, enfermedades previas de los prisioneros y castigos impuestos.
De igual manera, examinan casos que pueden beneficiar a detenidos condenados por delitos menores y que cumplieron el 80 por ciento de sus sentencias, así como los presos que aún no cuenten con expedientes judiciales, aunque estos deben continuar disponibles para la justicia.
La detención preventiva prolongada, es una de las grandes problemáticas del sistema penitenciario nacional. En febrero pasado Garry Desrosiers, portavoz de la Policía, confirmó que el fenómeno afecta al 75 por ciento de los 11 mil 463 reclusos.
Las autoridades reconocieron que esto provoca hacinamiento en las prisiones, con celdas de unos cuatro metros cuadrados que albergan a casi 30 prisioneros.
