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República Dominicana.-Una agresiva campaña está a punto de iniciar en las próximas horas contra la Fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo, que tiene como objetivo lograr la renuncia de la magistrada, alegadamente por los vínculos que se le suponen con el anterior Procurador General de la República, doctor Jean Alain Rodriguez.
Una fuente de absoluto crédito contó a la redacción de Proceso que la campaña incluye la divulgación de asuntos de carácter personal y familiar con el propósito de dañar la imagen de la principal figura del Ministerio Público en el Distrito Nacional.
Se ha sindicado como responsable de la campaña a un abogado de mucha influencia en la actual Procuraduría General de la República y de manera directa en la Dirección General de Persecución.
Dentro de los casos concretos que sirven de soporte para la denuncia de la fuente, se cita una amenaza de allanamiento a la sede de la Fiscalía del Distrito y la presencia recientemente de inspectores de la Procuraduría General de la República en el despacho de la magistrada Rosalba Ramos Castillo, para investigar sobre el monto total de la nómina, los nombres de los empleados y específicamente saber si el nombre de la empleada del servicio doméstico de la magistrada estaba en la nómina de la Fiscalía.
A esto se suma el llamado desde un departamento de la Procuraduría General de la República, de parte del personal policial que tiene que ver con la seguridad de la Fiscalía y de la propia procuradora fiscal, para ofrecerle traslado y beneficios adicionales para que salgan de su posición actual.
El asunto ha llegado tan lejos, que la propia magistrada Ramos Castillo ha recibido advertencias de personas que laboran en agencias de inteligencia del Estado y le habría puesto en conocimiento de esto a sus superiores: la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito y a Yeni Berenice Reynoso, procuradora adjunta y encargada de persecución.
La magistrada Rosalba Ramos Castillo fue designada en septiembre del año 2018 y debería permanecer en el puesto durante un período de cuatro años, a menos que presente renuncia, muera o cometa faltas graves.
