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República Dominicana-El empresario Ángel Rondón Rijo continuará este lunes presentando los alegatos con los que pretende tumbar la acusación que pesa en su contra como ejecutor de los sobornos que Odebrecht admitió haber pagado a funcionarios y legisladores dominicanos a cambio de la adjudicación de obras del Estado.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional le concedió una hora para que el imputado exponga su defensa, ya que había iniciado el pasado viernes. Durante su defensa, el empresario ha señalado que hay informaciones del caso que pudieron haber tumbado el gobierno de Danilo Medina y al sistema político nacional.
También asegura que el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, le habría ofrecido un trato a cambio de que acusara a “dos o tres” del Partido Revolucionario Moderno, que ostenta el gobierno actualmente.
El Ministerio Público sostiene que Rondón recibió casi 1,000 millones de pesos y más de dos millones de dólares, producto de sus acciones delictivas. Además, establece que para acumular, mover todo ese dinero y darle apariencia de legalidad, diseñó un circuito de lavado de activos y usaba sociedades comerciales.
Luego de que Ángel Rondón culmine, tendrá la oportunidad de defenderse de la acusación que formuló en su contra el Ministerio Público, el exministro de Obras Pública, Víctor Díaz Rúa, acusado de enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de patrimonio.
El Ministerio Público asegura que Díaz Rúa recibió sobornos mientras ejerció funciones en el Estado. El órgano persecutor sustenta que la mayoría de los productos financieros fueron abiertos después de 2004, cuando el imputado inició su gestión como director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y cuando se desempeñó como titular del Ministerio de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones entre 2007 y 2012.
Archivos definitivos
Esta semana también se tiene previsto que el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional examine el contenido de los documentos que certifican los archivos definitivos a favor de ocho exfuncionarios encartados en la primera etapa del proceso de investigación por el caso Odebrecht.
