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REPÚBLICA DOMINICANA.- Un año y medio de prisión preventiva en Najayo hombres, deberán cumplir como medida de coerción el ex jefe de seguridad del ex mandatario Danilo Medina, el mayor general Adam Cáceres Silvestre, así como el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz, y el coronel de la policía Rafael Núñez de Aza. Mientras que la pastora Rossy Guzmán cumplirá el mismo tiempo en Najayo Mujeres, quienes son señalados de confirmar un entramado de corrupción que supuestamente manejó más de 3 mil millones de pesos en perjuicio del Estado.
En el caso del mayor Raúl Girón Jiménez se dictó prisión domiciliaria, luego de haber colaborado con el Ministerio Público y confesado la manera en la que operaba el alegado grupo corrupto y cómo se desviaban los fondos.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional jueza Kenya Romero dio a conocer el veredicto, existe pluralidad de personas identificadas y de conductas con tipos penales donde además declaró el caso complejo.
“A pesar de que los acusados demostraron arraigo al ser evaluados los documentados de manera cuantitativa de cara al cuadro general planteado se desprende que existe el riesgo de la obstaculización de los medios de pruebas, en especial la de tipo testimonial, dada la naturaleza y la dinámica de los tipos investigados”, dijo la jueza al leer la sentencia.
Los abogados de los implicados en el caso Coral criticaron que los altos mandos involucrados en el proceso sean enviados a la cárcel de Najayo y no en Operaciones Especiales, entendiendo que la decisión fue resultado de una presión mediática, por lo que no descartan una apelación.
“Hubo una evidente deslealtad procesal del ministerio público y careciendo ellos de prueba se fueron a debatir en la prensa lo que no pudieron debatir en un tribunal”, aseguró Elsa Trinidad Gutiérrez, abogada de Adam Cáceres Silvestre.
De su lado, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso y el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) Wilson Camacho, manifestaron que el Ministerio Público tiene como limitó la Constitución y las leyes sin importar a lo que se dediquen los ciudadanos, además expresaron que enviar a los implicados a cárceles para agentes policiales y militares sería un privilegio irritante.
“El Ministerio Público tiene la obligación de que todo acto de corrupción cometido por quien sea, el Ministerio Público no va a distinguir y no puede distinguir en función del trabajo que desempeñe una persona”, dijo Yeni Berenice.
En tanto que Wilson Camacho enfatizó en que “el dinero del erario tiene que ser utilizado correctamente y quien no lo utilice correctamente tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados”.
Más temprano un grupo de la Iglesia de Cristo en Cristo Rey se apostó durante aproximadamente una hora frente al Palacio de Justicia para dar apoyo a la pastora Rossy Guzmán y a su hijo Tanner Flete Guzmán y reconocer la labor cristiana de ambos.
“El Ministerio Público está haciendo su trabajo y nosotros venimos a espaldar a la pastora y hacerle ver a la gente que si es una sirva de Dios y no como se ha querido pintar”, dijo Miguel Almonte, vocero de la Iglesia de Cristo, quien llegó junto a otros jóvenes con pancartas y en medio de cantos y consignas religiosa estuvieron brevemente en la fiscalía del Distrito Nacional, donde se conocía la decisión de la jueza.
La revisión de esta medida se pautó para el martes 10 de agosto, mientras que el Ministerio Público continuará con la investigación de los demás agentes mencionados en la acusación.
