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  • Por: La Redacción
  • miércoles 09 junio, 2021

Juez de Instrucción rechaza variar prisión a Aquiles Christopher, implicado en caso Antipulpo

Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, de 75 años, era fiscalizador de la Oficina Supervisora de Obras del Estado durante la gestión del ingeniero Francisco Pagán.

SANTO DOMINGO, RD.- El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional rechazó la solicitud de variación requerida por Alquiles Christopher, quien cumple prisión preventiva junto a otros involucrados en un expediente de alegada corrupción, denominado Caso Anti Pulpo.

La solicitud fue presentada ante el juzgado luego de que un médico diagnosticara un marcado deterioro en la salud del inculpado, alegando que este podría sufrir una muerte súbita en cualquier momento.

“El juez ha planteado que las certificaciones médicas deben ser validadas por el Inacif, y es la única forma de que él le dé un valor probatorio”, expresó Juan José Eusebio, defensa de Aquiles Christopher.

El magistrado Amauris Martínez rechazó la solicitud de variación impuesta por el entonces juez de Atención Permanente, José Alejandro Vargas, actual miembro del Tribunal Constitucional, que le envió a prisión como medida de coerción junto a otros implicados en el caso.

Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, de 75 años, era fiscalizador de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (Oisoe), durante la gestión del ingeniero Francisco Pagán.

Por el caso cumplen prisión en la cárcel de Najayo, Alexis Medina Sánchez, hermano del ex presidente Danilo Medina; Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la OISOE;  Fernando Rosa Rosa, ex presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.

En prisión domiciliaria están Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Danilo Medina, y Freddy Hidalgo Núñez, ex ministro de Salud de Salud Pública en el periodo 2012-2014.

Rafael Antonio Germosén Andújar, ex contralor general de la República, quien tenía prisión domiciliaria, le retiraron el localizador electrónico en marzo de este año.

Los detenidos, según el Ministerio Público, forman parte de un entramado de corrupción, integrado por ex funcionarios públicos, proveedores privilegiados y testaferros, a quienes se le acusa de aprovechar los vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas.

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