Santo Domingo, RD. -Ya arribando a sus primeros dos años de gestión, el presidente Luis Abinader trata de despegarse de los efectos adversos de algunas acciones de sus funcionarios.
Por un lado, los actos de corrupción, la carestía de la canasta básica, los apagones y la inseguridad figuran entre los dolores de cabeza que más pesan a la administración del mandatario electo para dirigir los destinos del país entre el 2020 y 2024, y por otro lado los subsidios, destituciones de funcionarios señalados, combate a la pandemia y el turismo han mantenido su administración a flote.
Los dolores de cabeza
Casos como la vinculación de un hijo del exministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, en el expediente del Caso Medusa y los recurrentes señalamientos a la gestión de Roberto Fulcar frente al Ministerio de Educación, pusieron en aprietos al mandatario quien se vio presionado a destituir del cargo al incumbente que define la política educativa del Estado y a recibir la licencia y posterior renuncia del principal ministro del Poder Ejecutivo.
Tres funcionarios han desfilado solo por el escritorio del Ministerio de la Juventud, las dos primeras señaladas por actos de corrupción.
Las frecuentes clonaciones a tarjetas del programa social Supérate, que afectan a miles de familias beneficiadas con el subsidio, se convirtieron en la piedra una piedra para el zapato de la directora del programa, Gloria Reyes, quien acudió a responder las interrogantes de la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República por las irregularidades que también dejó cientos de establecimientos perjudicados.
El creciente nivel de endeudamiento ha provocado críticas por parte de los partidos de oposición, y es que sólo en el último año Poder Ejecutivo ha sometido ante el Congreso Nacional contratos de préstamos por unos mil 103 millones de dólares.
Los actos de sicariato y asaltos no han dejado de ser el recurrente cólico de las autoridades. Los casos de violencia en las principales provincias siguen azotando con fuerza, al tal punto que solo el primer fin de semana de junio 5 personas perdieron la vida en hechos que dejaron al menos 6 heridos.
Para contrarrestar estos casos el Gobierno puso en el presidente Abinader anunció la implementación del sistema de patrullaje mixto con la incorporación de los distintos miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para enfrentar la delincuencia en todo el territorio nacional, como parte del operativo conjunto “Mi País Seguro”, el cual no ha logrado contener estos casos.
Los aumentos de salarios de funcionarios en las Superintendencias de Electricidad, de Banco y de Pensiones y el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep), los cuales, previo a motivar los pronunciamientos del mandatario quien los calificó como “acciones imprudentes”, causaron la sorpresiva renuncia del Rafael Velazco Espaillat, máximo ejecutivo de la SIE, pusieron en aprietos al Poder Ejecutivo.
Las acciones desproporcionadas por parte de agentes de la Policía Nacional, algunos casos fuera de su jornada laboral, entre esos casos figura la muerte de los pastores Elisa Muñoz y Joel Díaz, acribillados a tiros por un retén policial en la autopista Duarte mientras retornaban de un culto en el municipio Villa Altagracia. Otro trágico suceso que involucra a un raso de la institución fue el homicidio de la arquitecta Leslie Rosado próximo al Club Náutico, donde la empresaria había participado en la celebración del cumpleaños de su padre.
En mayo del presente año provocó gran consternación la muerte del joven atleta David de los Santos, luego de recibir múltiples golpes por parte de varios reclusos detenidos con él en una celda en el destacamento de Naco. El hecho puso en relieve el vulnerable protocolo de contingencia con que cuentan los agentes policiales.
La entrega de cien millones de pesos a unas 70 agrupaciones artísticas a través del Gabinete de Políticas Sociales, para contribuirles por la falta de ingresos que estaban atravesando producto de la pandemia. Los artistas cumplirían el compromiso de tocar presentaciones organizadas por el Estado para ser televisadas. La entrega generó el rechazo de la población cuando la Dirección de Compras y Contrataciones reveló que con el procedimiento se violaba la ley de compras y contrataciones al no subirse.
La medida que le echó limón a la llaga fue el anuncio hecho por Tony Peña Guaba, quien a dijo en un comunicado que los contratos serían anulados, pero se dejaría el dinero en mano de los artistas y sus músicos.
El mal heredado de otros Gobierno, los apagones, ha puesto entra la espada y la pared a esta gestión. La salida de servicio de la Central Termoeléctrica Punca Catalina por labores de mantenimiento, así como de otras plantas privadas, azotan con jornadas de hasta doce horas a residentes en todo el país.
El incremento en los precios de los productos de la canasta básica es una de las quejas de la población, que rechaza los aumentos productos de la escalonada inflación producida por factores externos como la crisis sanitaria que provocó el Covid-19 y la guerra entre Ucrania y Rusia.
Los aciertos del Gobierno
El aumento del precio de los combustibles representa el dolor de cabeza para la población que hoy en día paga RD$293.60 por el galón de la Gasolina Premium, RD$274.50 por la gasolina regular, RD$147.60 por el Gas Licuado de Petróleo y RD$28.97 por el Gas Natural.
Cabe destacar que el Gobierno mantiene frenado el aumento de los precios con la implementación de un subsidio especial anunciado por el gobernante en marzo de este año.
Tan pronto inició su gestión de Gobierno el mandatario inició las acciones para garantizar la recuperación económica pos pandemia ante los efectos que la situación de salud que arropó el mundo.
En el marco de esta se implementó el Plan Nacional de Vacunación, el cual permitió la apertura gradual de las actividades económicas en el país. Hasta el momento cerca del 55% de la población se ha administrados las dosis disponibles requeridas, lo que implica más de 6 millones de personas.
La recuperación del sector turismo en el país con la implementación una estrategia integrada por las siguientes medidas: La disposición de un fondo de RD$ 420 millones para promoción y acuerdos con aerolíneas para asegurar rutas, apoyo económico, flexibilización fiscal, medidas monetarias, un fondo de garantías, apoyo crediticio para la pequeña y mediana empresa, y la creación de un seguro de salud a cargo del Estado para turistas que puedan verse afectados por el COVID-19.
El impulso de una estrategia para reforma de la Policía Nacional impulsada por el presidente Luis Abinader en abril de año 2021 marcha de viento en popa. La iniciativa tiene como propósito principal convertir esa institución en un organismo profesional al servicio de la ciudadanía a fin de mejorar su reputación de cara a la población.
En el marco de la estrategia el mandatario emitió los decretos 371-22 y 372-22 mediante los cuales se creó una comisión técnica para la reestructuración del sistema educativo del cuerpo del orden, además de una Junta Directiva que lleve a cabo una transición del instituto policial de educación y un comité académico de Instituto Policial de Educación (IPE).
También se anunció el aumento salarial a los miembros del organismo de un 40%, de los cuales primera partida, consistentes en un 20% entró en vigencia en marzo, mientras el otro restante se hará efectivo en el tercer trimestre del año, es decir entre los meses julio y septiembre.
La adquisición por parte del Gobierno del 49% de las acciones del capital suscrito y pagado de Refinería Dominicana de Petróleo (REFRIDOMSA), que eran propiedad de la sociedad PDV Caribe, filial de petróleos en Venezuela. Mediante esta operación el Estado pasa a ser el propietario del 100% de las acciones de la empresa.
El acuerdo con la empresa concesionaria de la construcción de Autopista Nordeste y Bulevar Turístico del Atlántico, para la eliminación del contrato suscrito entre esa empresa y Estado dominicano, abrió el camino para la eliminación del peaje sombra, lo que representa al Estado un ahorro de aproximadamente US$1,500 millones de dólares.
“El acuerdo que hoy les anunciamos establece que el Estado pagará la suma de US$410 millones de dólares para finalizar el contrato de concesión. Ese monto, es aproximadamente lo que habría de pagar por peaje sombra en los próximos cuatro años y cuatro meses, sin contar lo que generarían los peajes una vez hayan sido transferidos al fideicomiso estatal RD Vial”, dijo el mandatario al anunciar la eliminación del acuerdo.
Con la designación de la magistrada Miriam Germán Brito como Procuradora General de la República, el presidente empezó a sentar las bases para el establecimiento de un sistema en el que imperara un Ministerio Público independiente orientado en establecer una política de cero tolerancias hacia la impunidad y de combate a la corrupción administrativa.
De la mano con la designación de Germán, se produjo el nombramiento de como Procuradora Adjunta a la exfiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, conocida por su persistencia en la persecución de imputados.
Con estos nombramientos el mandatario cumplió con el clamor de varios sectores de la sociedad que demandaban la instauración de un sistema en el que imperara la justicia y en que se judicializaran los actos inadecuados en la administración pública realizados tanto en la pasada administración como en este periodo.
