Expertos promueven acción conjunta Estado y sociedad para enfrentar delitos ambientales

Santo Domingo, RD.- El derecho a un ambiente sano y la sanción al delito en la materia son un mandato de fuerza constitucional, lo que conmina al trabajo coordinado entre instituciones estatales y la sociedad, planteó un panel de expertos, organizado por la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) y la Fundación Equidad y Justicia Social (Fejus).

El impacto del cambio climático en la calidad de vida, el amplio espectro de daños de los delitos ambientales y el ambiente sano como un derecho fundamental, protegido por la Carta Magna y los acuerdos internacionales, guiaron las exposiciones en la conferencia “Constitución y Medio Ambiente”, encabezada por el procurador de corte Francisco Contreras, titular de Proedemaren, y el reverendo Fidel Lorenzo Merán, presidente de Fejus.

“Entendemos que esta es una Constitución ecológica porque tiene las pautas a seguir para la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente y los procedimientos a seguir ante los infractores, a través de mecanismos judiciales”, sostuvo la viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Milagros De Camps.

En ese orden, el procurador general de corte Francisco Contreras, titular de Proedemaren, planteó que es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a un ambiente sano, de forma coordinada entre sus diferentes instancias y las organizaciones sociales, para hacer frente a la explotación indiscriminada de los recursos naturales.

El presidente de Fejus planteó que las personas están llamadas a mostrar amor y respeto por el creador y por el prójimo y que la mejor manera de hacerlo es cuidando el medio ambiente. “Debe existir una congruencia entre lo que somos y lo que hacemos”, planteó Lorenzo Merán.

Aportaron sus puntos de vista la directora del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, Mayra Cabral; el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, Max Puig; el defensor del pueblo, Pablo Ulloa; el miembro de la Academia de Ciencias Manuel Bergés y la experta en asuntos ambientales Michela Izzo.

En su disertación, Cabral planteó que el constitucionalismo latinoamericano ha introducido nuevas perspectivas en materia medioambiental, como un cambio de modelo en el que la naturaleza deja de verse como un instrumento y pasa a ser un fin y un interés jurídico para proteger.

Las autoridades y expertos participantes coincidieron en la necesidad de prestar atención a leyes pendientes de aprobación, como la de Ordenamiento Territorial, la del Agua y la del Cambio Climático, que complementan la Ley 64-00, que traza el marco general.

La conferencia fue organizada por Proedemaren y Fejus, en el marco de la mesa de trabajo conformada por ambas instituciones para educar a la población sobre el cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente.

La actividad, que se realizó por segundo año consecutivo en el auditorio Dorothy Van Vleet, de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal, contó con la participación de decenas de personas vinculadas a las instituciones citadas y a las organizaciones que velan por la conservación medioambiental, así como a la institución académica.

Contó con el auspicio del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, la Oficina de Enlace del Poder Ejecutivo con la Comunidad Cristiana y la Universidad Federico Henríquez y Carvajal.