Santo Domingo, RD.- El gobierno notifico a los organismos internacionales y países aliados que la Republica Dominicana cuenta con un régimen de extinción de dominio, como instrumento de garantía de las inversiones y persecución de los delitos vinculados a la corrupción y el narcotráfico.
De manera especial fueron informadas las agencias del sistema de Naciones Unidas, los bancos Mundial, Interamericano de Desarrollo, Centroamericano de Inversiones y Europeo de Inversiones, así como las diferentes embajadas acreditadas en el país.
Mientras, Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), inició una serie de encuestas y entrevistas desarrolladas de forma digital a las 106 instituciones que conformaron las Comisiones de Integridad, y cuatro instituciones con Oficiales de Integridad, obteniendo como resultado la receptividad récord de 7,003 encuestados a la fecha.
Esta reciprocidad de los integrantes de las Comisiones de Integridad y demás servidores públicos marca un referente que motiva a la continuidad de los esfuerzos para la construcción de una “Cultura de Integridad marca país”, lo cual contribuye a la creación de un Modelo Metodológico para la elaboración del Código de Conducta e Integridad Pública.
Para seguir fortaleciendo este entorno, y en el marco de la cooperación técnica regional entre República Dominicana y el BID, se formalizará una nueva asistencia técnica, que consiste en proponer la creación de un modelo estándar de este Código.
Estas labores se realizan dentro del proceso de reforma e implementación de las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), así como la creación del Sistema Nacional de Integridad (SNI) y el Plan Nacional Contra la Corrupción (PNCC).
Estas acciones ejecutadas por la DIGEIG tienen como objetivo general colaborar en el fortalecimiento del Sistema de Integridad de la República Dominicana a través de la generación de un Modelo Estándar de Código de Conducta e Integridad Pública y su proceso de implementación para los órganos de la administración pública.
Otros objetivos son: diagnosticar e identificar los requisitos para la elaboración de un Modelo de Código de Conducta e Integridad Pública; diseñar y proponer el proceso de trabajo y consulta para la implementación, así como, por último, desarrollar el instrumental de soporte para apoyar la efectividad del referido código por parte de la administración.