Puerto Príncipe, HAITI, Prensa Latina.- Dos años después del asesinato del prominente abogado haitiano y presidente del Colegio de esta capital, Monferrier Dorval, asociaciones de letrados reclaman hoy avances en la investigación, paralizada desde hace meses.
El Colectivo de Abogados Especializados en Litigios Estratégicos de Derechos Humanos y Abogados sin Fronteras de Canadá pidieron que se complete la pesquisa y denunciaron los “incidentes estructurales” que obstaculizan la encuesta, además de la supuesta falta de voluntad de las autoridades para esclarecer el caso.
De acuerdo con las organizaciones, los repetidos robos en la secretaría del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe y su asalto por bandas armadas afectan el progreso de la investigación y la actuación de la justicia en general.
En la actualidad, criticaron, solo uno de la treintena de jueces de instrucción está de servicio en la capital, mientras la inacción de las autoridades estatales ante esta disfunción del sistema judicial es un mal presagio para la lucha contra la impunidad y socava aún más los cimientos del Estado de Derecho en Haití, se lee en un comunicado.
Dorval, eminente abogado, profesor y condecorado por el Colegio de París, fue baleado a las puertas de su residencia en Puerto Príncipe, en agosto de 2020. El caso se convirtió en uno de los más notorios del país, pues en los días previos a su muerte trabajaba en una posible reforma constitucional y emitió declaraciones sobre la falta de gobernanza en la isla.
Menos de un año después fue asesinado en la misma zona el entonces presidente Jovenel Moïse y la justicia no aclaró ninguno de los dos crímenes.
En febrero de este año, el juez Loubens Elysée quien lidera la investigación, confirmó que no tenía acceso al expediente del caso y reiteró la petición de fortalecer la seguridad de su gabinete.
Elysée es el segundo magistrado que instruye el archivo tras la renuncia de su predecesor Renord Regis, quien deploró la falta de apoyo del Consejo Superior del Poder Judicial, luego de que recibiera amenazas de muerte, se viera en la obligación de refugiarse con sus familiares, y el exdirector de la Policía León Charles desarmara a los agentes que velaban por su seguridad.
La investigación también se vio empañada después de que individuos hurtaran pruebas y evidencias en un robo en el Tribunal de Puerto Príncipe, mientras al menos cuatro personas se encuentran detenidas en la Penitenciaría Nacional.