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Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, tuvo una semana ocupada en Twitter y en la televisión: usó su cuenta en la red social y una entrevista en el canal oficialista para defender el régimen de excepción en el que el país vive desde marzo y el cual ha sido prorrogado cinco veces por los diputados a los que el preside. Su argumento estrella, copiado del discurso de su jefe, el presidente Nayib Bukele, es que el gobierno ha logrado bajar las cifras de delitos, incluidos los homicidios, y ha quitado a las pandillas MS13 y Barrio 18 el control de amplios territorios en barrios y municipios.
No hay, en realidad, forma de saber cuál es el número exacto de homicidios cometidos en El Salvador aunque, según varios analistas consultados, parece claro que la tendencia a la baja que inició en 2016, cuando Bukele aún no era presidente, se ha mantenido e incluso es más evidente desde que él asumió como jefe de Estado en junio de 2019. Pero también parece claro ahora que el gobierno está maquillando las cifras para mantener argumentos políticos como el de Ernesto Castro.
Las cuentas de la propaganda bukelista suenan extraordinarias. En su portada del 29 de agosto, Diario El Salvador, el periódico oficial, tituló que el promedio diario de homicidios en agosto de 2022 fue de 0.46. Las mismas cifras oficiales desmienten eso: según los números de la Policía Nacional Civil el promedio real es, al menos, de dos muertos diarios.
El 30 de agosto, Diario El Salvador tituló en portada que los delitos sin castigo en el país se habían reducido del 97% al 20%, cifra que fue de inmediato cuestionada. Edwin Segura, jefe de la unidad de investigación de opinión pública en el diario La Prensa Gráfica, tuiteó: “Si esto fuera cierto todos los homicidios ocurridos en marzo (2022) ya estuvieran resueltos”.
“Las cifras actuales de homicidios muestran una reducción (respecto) a los años sangrientos que se vivieron de los 2000 en adelante, pero debido a que el gobierno ha estado cambiando su definición de homicidios, se ha negado a ser transparente con los datos y ha optado por utilizar las cifras de homicidios sobre todo como parte de su estrategia de relaciones públicas, no podemos saber cuál es la cifra real…”, escribió Tim Muth, un corresponsal estadounidense que lleva 18 años reportando desde El Salvador y quien el 28 de agosto publicó uno de los análisis más completos sobre el estado de los asesinatos en el país.
David Morales, exprocurador de derechos humanos, compartió parte de ese análisis en una entrevista con Infobae.
“Las estadísticas oficiales del actual gobierno están ya sometidas a un nivel de manipulación que les ha hecho perder credibilidad. En la medida que hay manipulación de la estadística para ocultar la realidad, pues obviamente se pretende vender a la población simplemente una realidad que existe en la propaganda”, dijo Morales.
Segura, el periodista de La Prensa Gráfica, dijo a Infobae que la ocultación de cifras es generalizada. “Las fuentes del gobierno están denegando información sobre denuncias y avisos de delitos desde que comenzó el régimen de excepción. No hay reportes oficiales sobre homicidios, pero tampoco sobre el resto de los delitos como extorsiones, violaciones, robos, lesiones”, aseguró.
Un día después de falsear las cifras durante dos jornadas consecutivas, el 1 de septiembre, Diario El Salvador volvió al guión que ya había establecido el diputado Castro en su entrevista para defender el régimen de excepción vigente, y que se puede resumir así: publicar cifras de violencia cuya veracidad es imposible constatar para, con ellas como argumento, prorrogar las veces que haga falta un régimen legal que ha restringido los derechos de defensa de legal y de expresión en el país.
Los especialistas consultados y otras fuentes gubernamentales con las que Infobae habló para escribir esta nota coinciden en que una de las herramientas para maquillar los números es esconder a los muertos, desde una computadora o dando luz verde a los asesinos, sobre todo a los pandilleros, para que entierren los cadáveres antes de que estos se conviertan en cifras en los conteos oficiales.
Antes de la presidencia Bukele, El Salvador contaba sus muertos en una mesa técnica en la que se sentaban representantes de la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia (IML). La idea era garantizar que todas las cifras estuvieran en la mesa y que, por ejemplo, no se desecharan avisos, denuncias o levantamientos de cadáveres de los que solo una de esas instituciones estuviese informada. Eso ha cambiado.
Un oficial de la PNC, quien habló con Infobae desde el anonimato por seguridad, confirmó que la Fiscalía General no aporta datos para elaborar el conteo oficial de homicidios al menos desde marzo, cuando inició el régimen de excepción tras una ola de violencia en la que 87 salvadoreños fueron asesinados luego de que el pacto entre el gobierno de Bukele y las pandillas MS13 y Barrio 18 se resquebrajó.
El IML no aporta información al menos desde mayo pasado. En junio, el gobierno militarizó el instituto forense, y desde entonces el flujo de información oficial desde ahí, que ya era casi nulo, se cerró más.
Además del cambio en la metodología para contar, el gobierno de Bukele ha decidido no incluir algunos muertos en el conteo oficial; esconderlos.
“La PNC deniega peticiones de información, pero libera datos a su antojo. Ante los ojos de todo el mundo, la institución señala en sus datos que las muertes de presuntos delincuentes no se cuentan como homicidios”, explica Edwin Segura.
El corresponsal Muth, tras estudiar las tendencias y los cambios en las cifras, ha asegurado que hay tres tipos de muertes que el gobierno de Bukele no incluye en sus listas: los de personas fallecidas en enfrentamientos con las autoridades, las muertes atribuidas a civiles en actos de defensa propia y, en el marco del régimen de excepción, las de quienes han muerto en las cárceles del país o mientras han estado bajo custodia de agentes del Estado.
Debido a esas decisiones, dice Muth, el gobierno ha sacado del conteo a 70 personas que, se supone, fallecieron en enfrentamientos con la PNC entre enero y agosto de 2022. Y, según una fuente de IML con la que reporteros de La Prensa Gráfica lograron hablar, 73 personas han muerto bajo custodia del Estado desde marzo, algunas vapuleadas y otras por falta de atención médica oportuna. Si esto es así significa que el gobierno de Bukele no ha contado al menos 143 cadáveres, lo cual parece venirle muy bien a su propaganda y a sus promedios.
Uno de los argumentos más socorridos de Bukele, al hablar de violencia, es difundir otra cifra maquillada según la cual El Salvador ha vivido 77 días sin homicidios. Pero eso también tiene grietas. Muth, por ejemplo, señala que el 19 de agosto, un día en el que según la PNC no hubo muertes violentas, dos personas fueron asesinadas por la Policía. Y el 26 de julio, también declarado día sin homicidios, un supuesto ladrón murió a manos de un civil.
Y luego está el asunto de las desapariciones.
Un oficial de la PNC aseguró a Infobae que hay zonas del país, en los departamentos de Santa Ana y La Libertad -de los más poblados-, donde pandilleros han estado enterrando cadáveres en fosas clandestinas, y que las autoridades están al tanto de esto.
“Hay pandilleros y sicarios desapareciendo gente… Los Stoners en Santa Ana y los Teclas Locos (dos clicas o células de la MS13) tienen luz verde para dar pegadas a las víctimas, pero les han dicho que lo hagan con escuela”, dijo el oficial.
La pregunta sobre la relación entre la baja de homicidios y el aumento en las desapariciones en El Salvador es vieja, pero tampoco hay para ella una respuesta disponible debido, de nuevo, a la opacidad en las cifras oficiales. Sí hay pistas. Entre mayo y septiembre de 2021, por ejemplo, la Fiscalía recibió 936 denuncias de desapariciones, 37 más que los homicidios reportados en ese periodo.
“Hay que recordar que desde antes del inicio del régimen de excepción la PNC ya descontaba del conteo diario de homicidios los cuerpos que tenían más de 24 horas de fallecidos porque no era el día en curso. Hablamos de osamentas y de cuerpos en fosas comunes”, explica Edwin Segura, de La Prensa Gráfica.
Además de maquillar las cifras y usar ese maquillaje para justificar sucesivas extensiones del régimen de excepción, la propaganda de Bukele también le ha servido para extender la narrativa según la cual los periodistas que revelan las incongruencias en los conteos del gobierno o su pacto con las pandillas, así como las organizaciones no gubernamentales que han documentado las muertes y abusos durante el régimen, son “enemigos del pueblo”.
El lunes 29 de agosto, el partido FMLN propuso a la comisión política de la Asamblea Legislativa derogar el régimen de excepción. Otros diputados de oposición acompañaron la iniciativa, pero la bancada oficialista, liderada por el diputado Ernesto Castro, rechazó la propuesta y aprovechó para echar tierra.
“La diputada Anabel Belloso del FMLN pidió derogar el régimen de excepción, no sé en que planeta viven ellos. Esto es reflejo (de) que ellos quieren que salgan de la cárcel los pandilleros”, tuiteó Castro.
Ricardo Sosa, un criminólogo aliado del gobierno, había dicho en una entrevista televisiva que los familiares de las personas a las que la PNC de Bukele ha metido a la cárcel durante el régimen, unas 50,000, eran las últimas en enterarse de los vínculos de sus parientes con las pandillas. Condenar a los presos como miembros de pandillas, antes de que un juez lo haga, también ha sido herramienta en el repertorio del gobierno y sus aliados para justificar sus medidas.
De lo que el oficialismo y su propaganda siguen sin hablar es del pecado original del gobierno de Bukele, de la política pública que originó el alza de homicidios en marzo de este año y sirvió para decretar el régimen de excepción; de lo que los bukelistas siguen sin hablar es del pacto del gobierno con la MS13 y el Barrio 18, que ha valido a Bukele para, en efecto, disminuir los homicidios y a los líderes de las pandillas para, entre otras cosas, protegerse de procesos penales en Estados Unidos, donde se les reclama por asesinatos, terrorismo y otros crímenes.
“Antes éramos famosos por las pandillas, ahora somos reconocidos por la seguridad que vemos en el país”, dijo Castro, exultante, en una entrevista aireada la noche del miércoles en Canal 10. El país, en realidad, sigue siendo famoso por las pandillas, tanto que dos altos funcionarios de Bukele, incluido su director de cárceles, han sido investigados en Estados Unidos por pactar con las pandillas en nombre del presidente.
