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La magistrada Maria Garabito reveló que por falta de esposas, transporte y custodias policiales miles de presidiarios no pueden ser llevados ante los jueces para que se conozcan sus causas.
La magistrada dijo que en cuanto al traslado de los imputados a los tribunales, se deben buscar soluciones definitivas para males tan viejos, imperantes hoy en día como la falta de transporte, custodia, esposas, entre otras causas por las cuales no se trasladan a los privados de libertad en tiempo para el conocimiento de sus audiencias.
Dijo también que se deben retomar de manera urgente los centros de notificaciones y
citaciones en todas las cárceles a nivel nacional, pero sobre todo en Najayo y la
Victoria, a fin de agilizar los procesos.
De su lado, entre las problemáticas citadas, la magistrada Kenya Romero, coordinadora
de los Juzgados de la Instrucción, trató sobre el levantamiento de los expedientes en
estatus de rebeldía, y en ese punto al ser actualizada la información dijo que el 85% se
trata de personas imputadas por delitos menores cuyo abordaje para otorgar
respuestas acordes a medidas alternas contempladas por la normativa procesal
vigente se está trabajando en el marco de la mesa interinstitucional.
“El objetivo es poder impactar positivamente en la conclusión de los mismos, para
mitigar cualquier dilación en la atención de los procesos activos en los Juzgados de la
Instrucción, lo que favorece la fluidez de los actores claves del sistema en la atención
de casos, como la Defensa Pública y Ministerio Público, y a su vez, poder ofrecer
una respuesta oportuna sobre los conflictos a las víctimas y personas imputadas” dijo
la magistrada Romero.
En ese sentido, Rodolfo Valentín, director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública,
planteó que se debe llegar a la solución alterna como lo prevé el código para no cargar
al sistema de casos no tan relevantes, ya que muchos de esos expedientes están
asignados a la defensa pública, lo cual le quita tiempo, recursos y complica más la
situación.
En sus hallazgos, la Dirección de Servicios Penitenciarios señaló que muchas de las
personas en prisión están seriamente afectadas de salud, en ese sentido, y con la
finalidad de formular las estrategias de intervención en salud en la Penitenciaría
Nacional de La Victoria, se realizó un censo médico que revela que, de una muestra de
3,442, solamente 964 de ellos cuenta con seguro de salud.
En esa provincia se trabaja arduamente en los levantamientos de expedientes
pendientes de algún trámite, sin distinción del tipo de defensa que poseen, de manera
que no se visualice un trato preferencial con aquellos que tienen asignados un
defensor público.
Durante el encuentro se acordó seguir trabajando de manera coordinada y articulada
como garantes de la protección efectiva de los derechos de las personas y el respeto a
su dignidad. Asimismo, se informó que se estará conformando a nivel nacional otras
mesas de coordinación interinstitucional en otros departamentos judiciales para
gestionar el trabajo y dar seguimiento, según las urgencias, a las acciones requeridas a
las instituciones del Estado.
Los actores participantes son el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República,
la Defensa Pública, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, e
instituciones del sector salud.
Por el Poder Judicial, en la reunión participaron, además, Rafael Báez, juez de la
primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; Esmirna
Gisselle Méndez, jueza presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional;
Ángel Brito, director general de Administración de la Carrera Judicial; y Rosa Iris
Linares, directora de Justicia Inclusiva.
