En diálogo con Infobae, la integrante de la Misión dio detalles del informe publicado esta semana en el que se denuncian crímenes de lesa humanidad en el país caribeño. Sostuvo que el objetivo del dictador Maduro es “que no haya lugar a ningún tipo de disidencia ni de oposición”
El pasado martes, la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFMV, por sus siglas en inglés) presentó un contundente informe sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro. Un nuevo informe que expone ante los ojos de la comunidad internacional las atrocidades perpetradas por el régimen chavista.
Patricia Tappatá Valdez, quien ha trabajado en la defensa de los derechos humanos en varios países de América Latina, es una de las tres integrantes de la Misión. Tras la presentación del informe, dialogó con Infobae sobre las contundentes conclusiones del tercer reporte elaborado por el grupo de trabajo creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“El régimen de Nicolás Maduro se propone que no haya lugar a ningún tipo de disidencia ni de oposición”, señaló la investigadora argentina, quien además remarcó que el nivel de tortura empleado por los organismos del Estado “es impresionante”.
Tappatá explicó por qué en el tercer informe se hizo especial foco en el accionar de los servicios de inteligencia de la dictadura, y advirtió que “si la comunidad internacional no encuentra el modo de continuar la vigilancia sobre el tema de los derechos humanos en Venezuela, este funcionamiento de persecución y agresión a toda opinión disidente se va a consolidar cada vez más”.
-El informe es muy contundente respecto a las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, me gustaría que se explayara un poco sobre el concepto que señala el informe de que todo forma parte de “un plan orquestado” por el régimen de Maduro para reprimir a la oposición.
-En el informe del 2020 se habían descrito en detalle las seis estructuras de los cuerpos de seguridad que sustentaban el formato de la represión y violaciones a los derechos humanos contra la población civil en el marco de las operaciones de seguridad y control de las protestas. En 2021, la Misión abordó el rol del sistema de justicia y cómo su funcionamiento ha resultado un ariete central para asegurar la impunidad sobre esas violaciones. Para este informe, decidimos profundizar en las dos estructuras de los servicios de inteligencia, porque están a cargo de implementar la represión selectiva de la oposición política -real o percibida como tal por el gobierno- y producen un alto número de víctimas. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), cuentan cada una con un recinto en Caracas para alojar a las personas detenidas, pero a la vez, para llevar adelante sus operaciones, articulan una red de lo que en Venezuela se llama “casas de seguridad”, cuyos nombres y ubicación en la trama urbana de Caracas, y también fuera de ella, describimos en el Informe. En estos lugares de detención encubiertos, secretos, en estos centros clandestinos, se retiene por días, semanas, e incluso períodos más largos, a las personas que son detenidas arbitrariamente. La idea entonces de profundizar en estas dos estructuras es porque por la trayectoria de investigación de la Misión y el mandato recibido, nuestra contribución es investigar y documentar para promover la rendición de cuentas, la acción de justicia y reparación, y respuesta para las víctimas. La elección de estas dos estructuras, y del señalamiento de Boleíta y El Helicoide no desconoce en ningún caso que en otros lugares del país se producen detenciones arbitrarias con este mismo circuito para las víctimas. También me parece interesante decir que cuando hablamos del proceso de detención arbitraria estamos refiriéndonos a un proceso que cuando se sustrae de la supervisión legal deriva hacia la desaparición forzada de personas, que en el caso de Venezuela se produce por períodos cortos, lo que no deja de ser una desaparición forzada de personas. Se trata de una aprehensión o secuestro de personas sin orden judicial con intervención de una fuerza del Estado, se desconoce el paradero de la víctima que es trasladada a un lugar oculto porque hay una intención de ocultamiento. Las características de esta acción, aunque sean de tiempos cortos configuran el delito de desaparición forzada. Está comprobado y también lo decimos en el informe que en muchos casos se alteran las fechas de detención de las personas cuando se las presenta en audiencia. Es decir, se registra una fecha diferente. Elegimos estas dos estructuras porque creemos que sobre ellas se basa la puesta en marcha de un plan diseñado para reprimir a la oposición política a través de la amenaza de persecución, la persecución efectiva que se sirve de un sistema de espionaje que recoge la información decidida desde los sectores más altos del gobierno. Nosotros tenemos motivos razonables para creer, y por eso se han incluido los nombres de las altas autoridades del Poder Ejecutivo, incluso el de la esposa de Nicolás Maduro, que hay algunas personas que son elegidas y que se ordena su detención por indicación directa de los líderes políticos con cargos en el gobierno.
-Entre varios nombres de altos cargos, en el informe sobresalen los de Maduro y Cabello. ¿Ellos son los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela?
-Nosotros nos referimos específicamente al presidente Nicolás Maduro. En el caso de Diosdado Cabello, explicamos por qué volvemos a tomar el testimonio de Cristopher Figueras, que es quien más contundentemente relata que el director del DGCIM tenía comunicación directa con Diosdado Cabello y que Cabello había señalado objetivos que debían ser vigilados y luego apresados. En el caso del Presidente de la República, él tiene autoridad funcional directa sobre ambos organismos. Por un lado porque en su carácter de comandante en jefe tiene el control absoluto sobre la DGCIM, y en el caso del SEBIN porque él nombra, y por supuesto también puede remover, a la autoridad máxima del SEBIN. Por otro lado, nosotros sabemos que -no por escrito, por supuesto, pero sí de manera verbal- el presidente y altas autoridades participan de las reuniones en las que estas decisiones se adoptan. Por eso tomamos la responsabilidad de describir la cadena de mando porque tenemos la evidencia que nos permite sostener esto. Nosotros no afirmamos nada de lo que está en el informe en base a una sola fuente. Evaluamos y calibramos con cuidado la credibilidad de los contenidos de los relatos de víctimas, testigos, ex funcionarios de diversos estamentos del Estado y de fuerzas de seguridad. Luego usamos información cruzada de lo que se llama intermediarios o fuentes indirectas, y también de fuentes abiertas o información pública. Pero para las afirmaciones que tienen que ver con señalar responsabilidades, estamos hablando siempre de un conjunto de narraciones directas de víctima, familiar de víctima, o testigo, sean estos funcionarios actuales o ex funcionarios. Hay que recordar que la Misión también señala en muchos casos que existen indicios que indican tal o cual cosa, y que por lo tanto esos hechos deben ser investigados.
-¿En total con cuántas personas se contactaron?
-Se realizaron 245 entrevistas para este informe 2022. 87 personas entrevistadas para el texto de estructuras y personas involucradas en la implementación de un plan para reprimir a la oposición, y 158 para la investigación sobre el Arco Minero. Pero además volvimos a las entrevistas de 2020 y 2021, que son 383, para reforzar y corroborar los hallazgos. Entonces completamos si era necesario, y sobre todo volvimos a revisar la información.
-En base a su experiencia, de haber trabajado en otros países, ¿le sorprendió lo que vio del caso venezolano?
-Para mí el impacto mayor es ver cómo han concentrado toda su estrategia de represión a la oposición con el uso intensivo de la tortura. Por eso es que está catalogado como crimen de lesa humanidad. La presencia de la tortura como parte esencial de la detención arbitraria de opositores -otra vez sean estos reales o así percibidos por el gobierno- es impresionante, y alcanza límites de perversidad particularmente llamativos. Si la comunidad internacional no encuentra el modo de continuar la vigilancia sobre el tema de los derechos humanos en Venezuela, este funcionamiento de persecución y agresión a toda opinión disidente se va a consolidar cada vez más. Y habría que mirar a los países que han cooperado. El informe se refiere a la presencia cubana. Por primera vez es mencionado porque se pudo acceder a información precisa. Creo que ahí hay que mirar para entender algunas cosas sobre los métodos de represión para silenciar las voces críticas, y algunas cosas sobre la consolidación de estos procedimientos.
-Usted menciona a la comunidad internacional, y mucho se la ha criticado por su postura ante lo que ocurre desde hace años en Venezuela. En particular países de la región, donde es muy notorio cómo se suele poner la política por encima de los derechos humanos.
-Si. El doble estándar funciona -lamentablemente- mucho. Hay organizaciones que eligen no mirar porque se trata, como en este caso, de Venezuela. Eso es gravísimo para quienes somos defensores de derechos humanos. El estándar es único.
-¿En esos casos qué suele pesar más: la ideología o el interés?
-Es una pregunta que plantea una cuestión compleja donde ambos factores concurren. Yo creo que la ideología pesa mucho al momento de tomar una decisión. En el caso de las organizaciones pueden tratarse de decisiones basadas en el sentido de oportunidad. Prefieren acompañar, o al menos no incomodar, las decisiones adoptadas por gobiernos con los que se identifican. Estas posturas colisionan con la defensa irrestricta de los derechos humanos y con el seguimiento de los instrumentos internacionales que utilizamos quienes trabajamos en este campo.
-Sumado al informe de ustedes, también está el elaborado por el Alto Comisionado para los DDHH de la ONU, y las denuncias que fueron entregadas a la Corte Penal Internacional. Hay mucha denuncia, con demasiadas pruebas contundentes. Sin embargo, se critican los tiempos de la justicia. De la justicia chavista no se espera que haya avances porque es parte de este esquema represivo, ¿pero la justicia internacional está preparada para este tipo de casos, para que haya justicia?
-En el caso de la Corte Penal, Venezuela es el primer caso latinoamericano en sus manos. Hay una expectativa enorme sobre qué va a pasar con ese proceso. Lo único que puedo decir es que he visto que la Fiscalía aparece como muy motivada, visitaron el país y anunciaron la apertura de una oficina, y en realidad no se sabe mucho más. La expectativa de todos, lo preguntan los países, los periodistas, es qué es lo que está haciendo la Misión de determinación de hechos con la Corte. En ambos casos somos organismos hermanos, diferenciados en sus propósitos, pero ambos bajo el paraguas de las Naciones Unidas, y nosotros estamos disponibles para aportar las conclusiones y todo lo que tenga que ver con el resultado de nuestro trabajo, que es sin duda un trabajo arduo y que valoramos porque damos fe del rigor con el que ha sido realizado; ya dependerá de la Corte ver qué es lo que quiere hacer cuando se le autorice a avanzar con la investigación.
-¿Hubo algún caso de todas las entrevistas realizadas, o relato o vivencia que más le haya marcado o impactado?
-Lo que me impacta en particular en Venezuela es la proporción tan alta de militares que están detenidos, que fueron víctimas y aún lo son de la persecución. Por supuesto que entiendo el origen del problema, es decir el régimen político de Venezuela es un régimen que surge de la Fuerza Armada, Hugo Chávez era miembro de la Fuerza Armada, del Ejército, y entonces el ataque a todo aquel que parezca potencialmente desleal es un objetivo clarísimo del gobierno. Pero quizás para quienes no habíamos visto esto de manera tan frecuente, para mí es sumamente impactante. También es de alguna manera reconfortante ver cómo algunos de esos oficiales deciden proporcionar información cuidadosamente pormenorizada que ayudan a explicar el modo en que se toman las decisiones y cómo funciona este plan de silenciamiento de la oposición. Eso sí es absolutamente coherente: el régimen de Nicolás Maduro se propone que no haya lugar a ningún tipo de disidencia ni de oposición. Entonces aprieta todos los mecanismos, los pone sumamente rígidos, para que nada se salga de lo que es permitido para poder mantener el poder en sus manos.
-¿Hubo gente del régimen, ya sea políticos o militares, que hayan aportado información a la Misión de forma confidencial?
-Nosotros no proporcionamos esa información, lo que sí decimos es que la información que nosotros volcamos en nuestros informes cuenta con el consentimiento previo de las personas que lo proporcionaron. En todas las situaciones contamos con este procedimiento de verificación a través de otras fuentes directas e indirectas, y a la vez con el consentimiento para poder usar la información en nuestros informes. Los informes de estos mecanismos respetan una cantidad de criterios y procedimientos que ajustan lo que se puede investigar en función del requisito de rigurosidad. Ninguna información de las que la Misión ha publicado del 2020 para acá ha sido desmentida por funcionarios del gobierno de Venezuela.
-En el informe reconocen que no han recibido respuesta ni colaboración por parte de las autoridades chavistas. ¿Cómo fueron esos contactos?
-Nosotros hemos usado todos los mecanismos a nuestro alcance para insistir en la apertura de la comunicación con el gobierno de Venezuela. Las cartas, no son todas ellas destinadas a solicitar que nos permitan el ingreso al territorio, sino que también contienen preguntas precisas sobre algunos casos, pedidos de información de expedientes a los que no podemos acceder, contrastar información que recibimos sobre avances que ellos habrían producido en algunas cuestiones. Ninguna de esas cartas ha sido respondida.
