EEUU y Canadá trabajan para sancionar pandillas y a quienes las financian

Haití.- Estados Unidos y Canadá, con el apoyo de otros países de la comunidad internacional, trabajan en instrumentos legales para sancionar a las pandillas y sus financistas, origen del agravamiento en Haití de una crisis de combustible en un contexto humanitario, de seguridad , crisis económicas y sociales.  

Del lado estadounidense, está el proyecto de ley de 2022 sobre la transparencia de la colusión criminal en Haití. Se centra en las poderosas pandillas callejeras haitianas y requeriría “una nueva investigación federal y un informe sobre las personas y organizaciones políticas y económicas que apoyan la actividad criminal de las pandillas en Haití”, dice el Miami Herald.

La representante Val Demings, candidata demócrata al Senado de los Estados Unidos en Florida que actualmente representa al décimo distrito del Congreso del estado, planea presentar la legislación esta semana en la Cámara de Representantes. “Esta nueva legislación nos ayudará a identificar a los malos actores detrás de la anarquía en Haití y hacerlos rendir cuentas”, dijo la Sra. Demings.            

El mes pasado, la administración Biden presionó para que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobara una resolución para establecer un nuevo marco de sanciones internacionales contra los líderes de pandillas haitianas y quienes les suministren armas y apoyo financiero. El texto propuesto fue comunicado el martes por Estados Unidos a los miembros del Consejo de Seguridad en Nueva York, quienes finalmente deberán aprobarlo. El foco también está en quienes financian a las pandillas.

Lo más urgente: negociar una tregua humanitaria para poner fin al bloqueo de la terminal de Varreux, en Cité-Soleil, indica la jefa de la diplomacia de Canadá, Mélanie Jolie en una entrevista desde la capital peruana, tal vez leemos en La Presse, un periódico canadiense. 

“Hace 21 días que está bloqueada, la gente no tiene acceso a combustible, no tiene acceso a agua potable. Actualmente hay un rebrote del cólera en Haití, y la vida de los niños, en particular, está en peligro”, lamenta.

Además de trastornar las actividades diarias, la falta de combustible en el país impide que hospitales y ambulancias operen con normalidad, además de obligar a las empresas de tratamiento y distribución de agua a interrumpir sus actividades.

Es la banda criminal de Jimmy Chérizier, alias Barbacoa, líder de la banda criminal G9, la que está detrás de este bloqueo portuario. Y es a este tipo de personas -ya está sancionado por Washington- a las que nos gustaría imponer sanciones, en la medida de lo posible.

Estados Unidos y México elaboraron una resolución que actualmente está siendo considerada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Podría someterse a votación el 21 de octubre.

“Las sanciones apuntarían a las personas que participan en la corrupción y siembran la violencia. La impunidad ha durado demasiado”, sostiene la ministra Joly, sin querer avanzar sobre el tipo de personas o entidades que podrían terminar en una lista canadiense.

“Trabajamos con varios países juntos, intercambiamos información, como hicimos en otros casos, como la guerra de Ucrania: trabajamos con la Unión Europea y con Estados Unidos. El objetivo es que estemos coordinados”, continúa.

Obviamente, siempre está el tema de la gobernabilidad en el fondo. El primer ministro Ariel Henry, quien ha sido primer ministro interino desde que Jovenel Moïse lo nombró, dos días antes de su asesinato el 7 de julio de 2020, gobierna por decreto. Fue él quien incendió las cosas al eliminar los subsidios al precio del combustible.

Consultado sobre si Canadá reconoce la legitimidad de Ariel Henry, el Ministro de Relaciones Exteriores no se atreve a responder directamente a la pregunta: “Trabajamos con las fuerzas políticas que están en el lugar”. Pero una cosa es cierta, “el statu quo no puede durar”, y debemos lograr “una transición democrática en Haití”, insiste