A raíz de lo que denominara “acciones sin fundamento jurídico y la campaña mediática” llevada a cabo por Eduardo Pellerano en contra de Donald Guerrero y miembros de su familia, este último interpuso una demanda en reparación de daños y perjuicios.
De acuerdo con la demanda, Pellerano habría actuado de mala fe, haciendo un uso abusivo de las vías de derecho en contra de Donald Guerrero, al publicar el contenido de una serie de acciones carentes de pruebas y fundamentos, lo cual es contrario a la normativa legal aplicable y criterios jurisprudenciales vigentes establecidos por nuestra Suprema Corte de Justicia.
Según la demanda, las actuaciones de Pellerano constituyen parte de una serie de acciones “extrajudiciales y pseudo judiciales” que rayan en el “chantaje” que, desde el año 2021, viene realizando Pellerano.
A la fecha, con esta y otras acciones, Pellerano estaría eludiendo resolver la deuda que supera la cifra de US$10MM que mantiene frente a la sociedad Autogermana en Puerto Rico, de la cual ambos son socios.
De acuerdo con el documento, la denuncia impuesta ante la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por parte de Eduardo Pellerano, en la que se alega erróneamente que Donald Guerrero cometió falsedad en su Declaración Jurada de Bienes, sin pruebas o fundamentos legales que la sustenten, constituye un acto de mala fe y a todas luces oportunista.
El equipo legal de Donald Guerrero señala que las acciones de Eduardo Pellerano encuentran su génesis en la situación de “calamidad financiera y reputacional” que éste estaría atravesando, como consecuencia del mal manejo de las operaciones de las empresas que recayeron bajo su control.
Por tanto, Pellerano estaría cometiendo una serie de acciones “injustificadas, ilegítimas e ilícitas”, lo cual constituye un ataque “desproporcional” contra Guerrero desde todos los francos posibles: personal, familiar, profesional y económico.
