El senador del Partido de la Liberación Dominicana, José del Castillo, denuncio que tal y como fue aprobado por la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que crearía una Dirección Nacional de Investigaciones, violaría el articulo 44 de la Constitución.
Agrego que desde el momento que la pieza fue remitida al Congreso Nacional “hemos presentado nuestras observaciones en varios aspectos”.
Señalo que sus observaciones tienen que ver precisamente con lo relativo al derecho de la intimidad que está consagrado en la Constitución de la Republica en su artículo 44.
“Estas investigaciones que realizan tanto los organismos que persiguen el crimen como los organismos de seguridad y demás para que estén conformes con la ley y con la constitución de la República deben contar con la autorización judicial”, sostuvo el representante en la cámara alta por la provincia de Barahona.
Empero, el senador del Castillo Saviñón opino que existen otros modelos en varios países donde se incluye incluso un juez especial donde es el que otorga este tipo de autorizaciones por el carácter constitucional o por el carácter del interés de garantizar la seguridad nacional”.
Añadió que en el caso dominicano “la constitución es clara y toda información de individuo, es decir que entra dentro de la esfera de su intimidad, como por ejemplo las conversaciones telefónicas, la correspondencia, los elementos que tienen que ver con su información personal esta protegida por la constitución de la Constitución de la Republica”.
Recomendó que para avalar una acción de esa naturaleza sería necesario que se levante ese velo con una instrucción de parte de un juez que pondere si procede en virtud de los planteamientos que se les hacen de las sospechas que puedan ser legitimas o no dependiendo de un comportamiento criminal determinado de ciertos individuos y el juez entonces decide si procede o no levantar ese velo que está protegido por la Constitución de la Republica a los fines de adelantar la investigación”.
Expreso que este procedimiento se ha dado en actuaciones del Ministerio Publico.
“Entonces, la Dirección Nacional de Inteligencia o el DNI en el marco de una ley que regularía su accionar debe someterse a la misma fórmula, al mismo criterio que esta establido en la Constitución de la Republica”.
Acoto que “Ni hablar de establecer sanciones penales por negarse sin haber una disposición constitución porque así si seria un desacato a la ley”.
El controvertido proyecto de ley ya fue aprobado por el Senado en segunda lectura y con modificaciones.
La iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo, contempla la investigación de cualquier acto cometido por personas, grupos o asociaciones, que atente contra la Constitución y las instituciones del Estado, subvierta el Estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional e interior, o trate de establecer una forma de gobierno contraria al ordenamiento constitucional.
La nueva normativa establece que la DNI deberá recopilar y procesar información relevante para la seguridad nacional y la protección de los intereses fundamentales de la nación; evaluar amenazas, internas y externas, al orden constitucional; y contrarrestar en el ámbito nacional o internacional actividades de personas, organizaciones o gobiernos extranjeros que puedan representar un riesgo, una amenaza, una agresión o subversión para la seguridad nacional, la paz social, la soberanía o la integridad territorial.
