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La creación de un ministerio de Justicia no garantiza la imparcialidad del sistema judicial. Se podría lograr reordenar a la burocracia y eliminar estamentos de doble funcionalidad, pero no más de ahí. En un ministerio seguiría el corazón judicial siendo designado mediante decreto.
El principal mal de la justicia dominicana no es la burocracia, siempre movida por los hilos partidistas de turno, sino que hay que ponerle de nuevo la venda en los ojos y equilibrar la balanza que en algunas ocasiones se inclina hacia un lado. Eso sería imposible de lograr con un nuevo ministerio.
Hay que desencadenar el expediente de que los cargos judiciales se dividen como cuotas políticas. Hay que crear un mecanismo que permita que sea el Consejo Nacional de la Magistratura, o cualquier organismo periférico, podría ser el Congreso Nacional, que se encargue de seleccionar al Procurador General de la República y a todos los procuradores adjuntos.
Con los fiscales se podría continuar con la carrera judicial y con los jueces aplicar la carrera de la magistratura, y los concursos por oposición. Mientras sean cargos zarandeados por los partidos políticos que exigen su cuota, o por la firma de un decreto presidencial, no habrá plena independencia.
Lo inaceptable es que para hacer cualquier modificación se tengan que hacer reformas constitucionales. No es el momento, ni el lugar, ni la hora, para mover una coma en la Constitución de la República. Tocar la Constitución podría generar un terremoto de impredecibles consecuencias políticas.
Está bien la iniciativa de crear un ministerio de Justicia, pero su aplicación luce incierta y de poca efectividad. Por ejemplo, quién tendría la voz cantante en esa eventual dependencia del Estado: ¿El Procurador o Procuradora o el Ministro?, ¿Se dejaría fuera del ministerio a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Constitucional y al Tribunal Electoral?.
Si se habla del sistema judicial, hay que unificarlos a todos. Las exclusiones se tendrían que hacer con bisturí de diestro cirujano y romper con interdependencias que crearían precedentes. Además, se movería una nueva burocracia, que ocasionaría más gastos al fisco, en momentos en que se habla de austeridad y economía.
El proyecto me parece interesante, pero fuera de contexto, porque no le aportaría nada a la independencia del poder judicial, que es lo está en el debate. Por el contrario, haría a la justicia más sumisa del sector que emite y autoriza el decreto.
Sin ser jurista, mi opinión tiene peso por venir de un escribiente que pasó años cubriendo el área judicial del espectro noticioso. El presidente Luis Abinader, en sus buenas intenciones, no merece un simple rechazo, sino que el proyecto a presentarse el próximo 27 de febrero sea discutido con todos los sectores de la vida nacional, y que en base al consenso se determine cuál será su destino. ¡Ay!, se me acabó la tinta.
