La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, descartó ir por la presidencia en los próximos comicios, tras ser condenada este martes a seis años de prisión por "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".
"Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Me vuelvo el 10 de diciembre a la misma casa de donde salí para acompañar a mi compañero (Néstor Kirchner)", dijo la vicepresidenta, descartando así cualquier postulación a un cargo público en las elecciones generales del próximo año.
"No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en período electoral por una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, por administración fraudulenta", expresó Fernández de Kirchner tras darse a conocer su sentencia.
El Tribunal Oral Federal número 2 conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, condenó a la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
En este juicio, la también expresidenta fue acusada de haber encabezado una asociación ilícita que durante sus dos gobiernos (2007-2015) y el de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), direccionó millonarios fondos de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez, quien, según la imputación, luego se los devolvía como sobornos simulados en el pago de alquileres.
En un mensaje de poco más de una hora, Fernández de Kirchner expuso la serie de arbitrariedades del proceso.
"Lo vimos este fin de semana cuando se filtró la noticia de un viaje secreto de jueces y fiscales de renombre a Lago Escondido (propiedad del magnate británico Joe Lewis en la Patagonia) financiado supuestamente por un multimedio", señaló en referencia al Grupo Clarín.
En el viaje privado participaron los jueces federales Pablo Yadarola, Carlos Mahiques, Julián Ercolini y Pablo Cayssials, además del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro; el jefe de los fiscales capitalinos, Juan Bautista; y dos exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia, Leo Bergroth y Tomás Reinke.
Esta comitiva de jueces, funcionarios y exservidores públicos estaba encabezada por los altos directivos de Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casey.
En este marco, Fernández de Kirchner manifestó: "Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. La condena no son los seis años o la cárcel, sino la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fueron por el voto popular".
"Esto no es ni 'lawfare' (guerra jurídica) ni partido judicial. Esto es un Estado paralelo y mafia judicial", lamentó.
La dos veces presidenta de Argentina no cumplirá la pena dictada al menos mientras tenga inmunidad por su cargo en el Poder Ejecutivo, salvo que sea sometida a un juicio político. Además, el fallo, que será apelado por su defensa, debe ser ratificado en otras instancias judiciales.
Mafia judicial
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, declaró este martes que el objetivo de los jueces que dictaron el fallo en el juicio en su contra por presunta asociación ilícita tenían "el objetivo" de condenarla, tal como ocurrió.
La exmandataria, de profesión abogada, analizó el manejo de la causa y expuso una serie de arbitrariedades mediante las cuales, consideró fue sentenciada.
"Esto no es ni 'lawfare' (guerra jurídica) ni partido judicial. Esto es un Estado paralelo y mafia judicial. Y la confirmación de un sistema paraestatal donde se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos y que está por afuera de los resultados electorales", dijo.
Y añadió: "Lo vimos este fin de semana cuando se filtró la noticia de un viaje secreto de jueces y fiscales de renombre a Lago Escondido (propiedad del magnate británico Joe Lewis en la Patagonia) financiado supuestamente por un multimedio", señaló en referencia al Grupo Clarín.
Días atrás, el hackeo al teléfono de un funcionario argentino develó la indebida connivencia entre jueces, políticos y empresarios mediáticos, lo que, por su trascendencia institucional, representa uno de los escándalos más graves en la historia del país sudamericano.
"Hay otro aspecto que es fundamental en el 'lawfare', que es el periodismo. Para hacer estas condenas, sí o sí, se necesita de la complicidad de los medios", afirmó la exmandataria mientras exponía un chat entre jueces, fiscales y empresarios de medios en donde coordinaban acciones judiciales con las noticias que debían salir en los diarios Clarín y La Nación.
Al cierre de su declaración, Cristina Fernández anunció que no será candidata "a nada" en las próximas elecciones de 2023.
"No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en período electoral por una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, por administración fraudulenta. ¿A mí administración fraudulenta? ¿Y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45.000 millones de dólares (de deuda) con el Fondo Monetario Internacional se pasean orondos en los aviones de Clarín?", cuestionó.
"Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Héctor Magnetto (director ejecutivo del diario Clarín). ¿Sabe por qué? porque el 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta. Así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de (Tribunal de) Casación y la Corte Suprema de que me metan presa. Que me metan presa, pero mascota de usted nunca jamás. No voy a ser candidata a nada", reiteró.
El Tribunal Oral Federal número 2 conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, condenó a la vicepresidenta a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
En este juicio, la también expresidenta fue acusada de haber encabezado una asociación ilícita —delito desestimado en el fallo— que durante sus dos gobiernos (2007-2015) y el de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), direccionó millonarios fondos de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez, quien, según la imputación, luego se los devolvía como sobornos simulados en el pago de alquileres.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pedían una pena de 12 años de prisión en contra de la vicepresidenta, además de su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y el decomiso de bienes.
Antes del pronunciamiento de la vicepresidenta, uno de sus abogados, Gregorio Dalbón, sugirió que los jueces que dictaron la sentencia podrían ser denunciados por prevaricato, una figura que castiga a los jueces cuando emiten una sentencia arbitraria, a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.
"Si la sentencia fuera condenatoria en causa criminal, la pena a los jueces que la dictaren será de tres a quince años de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua. Esto recién empieza. Escuchen hoy a Cristina Fernández de Kirchner y tranquilos", escribió Dalbón desde su cuenta de Twitter.
La dos veces presidenta de Argentina no cumplirá la pena dictada al menos mientras tenga fueros por su cargo en el Poder Ejecutivo, salvo que sea sometida a un juicio político. Además, el fallo, que será apelado por su defensa, debe ser ratificado en otras instancias judiciales.
