Jueces critican fiscales y procurador adjunto por oponerse a cambio de medidas de coerción

Santo Domingo RD .- La Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia (Judemo) expresó su "firme y enérgico" rechazo a las declaraciones dadas por el procurador fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, la procuradora fiscal de Duarte, Smailey Rodríguez y el procurador general adjunto, Wilson Camacho, quienes, por separado, ofrecieron declaraciones en los medios de comunicación criticando sentencias de varios jueces.

En opinión de Judemo estos pronunciamientos, además de apartarse de la correcta e institucional conducción de la actual gestión de la Procuraduría General de la República, lesionan e ignoran el Estado de derecho, las reglas del debido proceso, el principio de separación de funciones y la independencia judicial.

La Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO), criticó a dos fiscales y al procurador adjunto de la Procuraduría General de la República por las críticas que estos vertieran sobre la decisión de los magistrados que variaron las medidas de coerción en tres casos, uno de ellos el sonado caso Coral.

Los jueces alegan que con sus criticas los fiscales y el procurador adjunto "…además de apartarse de la correcta e institucional conducción de la actual gestión de la Procuraduría General de la República, lesionan e ignoran el Estado de derecho, las reglas del debido proceso, el principio de separación de funciones y la independencia judicial."

A continuación el texto integro del comunicado emitido por JUDEMO:

La Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO) expresa su firme y enérgico RECHAZO a las declaraciones dadas por miembros del ministerio público, en las personas del procurador fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, la procuradora fiscal de Duarte, Smailey Rodríguez y el procurador general adjunto, Wilson Camacho, quienes, a través de sus pronunciamientos en distintos medios de comunicación, además de apartarse de la correcta e institucional conducción de la actual gestión de la Procuraduría General de la República, lesionan e ignoran el Estado de derecho, las reglas del debido proceso, el principio de separación de funciones y la independencia judicial.

JUDEMO se refiere a las afirmaciones realizadas por: 1ro.) El procurador fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla en un programa de televisión, en el que cuestiona una decisión jurisdiccional de la jueza Yiberty Marín Polanco Herrán, por imponer medidas de coerción de las dispuestas en la norma distintas a la prisión, así como la variación de medida de coerción impuesta por el juez Job García Hurtado;2do.) La procuradora fiscal de la provincia Duarte, Smailey Rodríguez en el mismo programa, cuestionando la decisión jurisdiccional del juez Darvin López que impone medidas de coerción distintas a la solicitada; y 3ro.) El procurador general adjunto, Wilson Camacho, quien, en declaraciones a la prensa escrita con ocasión de la variación de medida dictada por la jueza Yanibet Rivas, señaló que: “…este país es el único en el mundo en
el que el debido proceso y la lógica solamente aplica para beneficiar a los procesados por casos de corrupción…”. Constituyendo esta última, una afirmación injuriosa en contra de todos los jueces del país.

Debemos recordar que:

1) Esos jueces actuaron en el marco que les confiere la ley.
2) Las decisiones de los jueces se atacan por medio de recursos.

3) La normativa procesal penal consagra un catálogo de medidas de coerción además de la prisión preventiva, todas con carácter excepcional y que exigen el examen particular en cada caso.
4) Las medidas de coerción son instrumentos para garantizar la presencia de un imputado en el proceso y no sanciones sobre aquellos a quienes la Constitución les reconoce un estado de presunción de inocencia.

5) La ley dominicana no contempla el debate o contradicción de casos en los medios de prensa, estableciendo con claridad que es en las audiencias fijadas ante los tribunales, que de forma oral y contradictoria se presentan y discuten los argumentos de derecho; y finalmente,
6) El ordenamiento jurídico nacional cuenta con procedimientos de control de las actuaciones
jurisdiccionales y éticas de los jueces y fiscales, normativa que se reputa conocida.

El proceder de los procuradores Osvaldo Bonilla y Smailey Rodríguez, lanzando ataques y acusaciones a los magistrados Yiberty Marín Polanco Herrán, Job García Hurtado y Darvin López, y del procurador adjunto, Wilson Camacho, realizando expresiones injuriosas en contra de la magistrada Yanibet Rivas y de todos los jueces que componemos el Poder Judicial, resquebraja la institucionalidad e independencia de este Poder del Estado, su autonomía y la majestad de la justicia, principios y valores que defenderemos siempre, máxime si los juzgadores han obrado en ocasión del poder que les ha sido delegado de dictar decisiones
jurisdiccionales en nombre de la República. Juntos podemos ser más justos.

Reiteramos nuestra preocupación en cuanto al daño que es capaz de producir abandonar el orden legal e institucional, sustituyéndolo con prácticas populistas que se apartan de las reglas del debido proceso y que afectan significativamente las relaciones institucionales, la independencia judicial y el clima de seguridad jurídica de la nación.

Invitamos a los procuradores antes señalados, a seguir utilizando sus reconocidas competencias en la persecución penal y el fortalecimiento de su institución, sin acudir a estas prácticas populistas de uso de medios de comunicación para emitir acusaciones graves, difamatorias e injuriosas en contra de quienes integran la judicatura, pues esta conducta además de afectar al Poder Judicial y a la nación, afectan la respetabilidad y dignidad que conlleva su calidad de miembro del ministerio público.

Finalmente, instamos al Consejo Superior del Ministerio Público, órgano que ejerce el control disciplinario sobre representantes, REFORZAR, mediante cursos de formación, el debido comportamiento ético de estos miembros del ministerio público; así como, recordarles a los procuradores fiscales Osvaldo Bonilla y Smailey Rodríguez y al procurador adjunto Wilson Camacho, lo dispuesto en Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 133-11) en los artículos 79, 85 y 91.

Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO), comparte plenamente que la labor jurisdiccional esté sujeta al escrutinio público,como garantía de transparencia y legitimidad, reconociendo en los medios un papel vital para la consecución del Estado de derecho.

Lo que censuramos es el uso incorrecto de estos medios en el caso de los procuradores fiscales de Santiago y Duarte, al utilizar el programa televisivo “El Informe” del día 5 de diciembre de 2022, como si fuera el escenario judicial donde se impugnan válidamente las decisiones jurisdiccionales sobre casos que aún se encuentran en etapa preparatoria o de investigación; y en el caso del procurador general adjunto, Wilson Camacho, al realizar declaraciones totalmente injuriosas y dañinas en contra del Poder Judicial en pleno.

Reiteramos estar en disposición para que las relaciones del ministerio público y los jueces sean armoniosas y en ellas siempre reine un clima de respeto, concordia, colaboración y compromiso institucional con la democracia, la justicia y el Estado social y constitucional de derecho.

Dado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los ocho(8) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).