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Los reclamos llaman a restituir el orden democrático con Pedro Castillo como Presidente. Mientras tanto, la situación de gobernabilidad se agrava en el país.
PERU.- Las protestas masivas en Perú, que agravan la crisis política e institucional que atraviesa el país desde hace años, cumplen una semana en las calles con una serie de demandas que buscan reformar el Estado desde la raíz.
La ola de manifestaciones que se extienden por las distintas regiones peruanas, sobre todo en el llamado "Perú profundo", tuvo su punto de combustión el pasado miércoles cuando el Congreso decidió destituir al presidente Pedro Castillo por "incapacidad moral".
El parlamento ejecutó la medida luego que Castillo anunciara la disolución del Congreso, la instauración de un "gobierno de emergencia excepcional", la convocatoria a un proceso constituyente, la reorganización del sistema de Justicia, entre otras medidas coyunturales, como gobernar con "decretos leyes".
Tras la vacancia contra el Jefe de Estado y la designación de la entonces vicepresidenta Dina Boluarte como nueva mandataria, miles de personas salieron a las calles a exigir el respeto a la voluntad popular que dio la victoria a Castillo en las elecciones presidenciales.
Desde entonces, los manifestantes han expresado cuatro reclamos transversales para retornar a la normalidad. ¿Cuáles son las exigencias?
Desde el inicio de las protestas, los manifestantes han señalado que para ellos el único "presidente Constitucional" es Pedro Castillo, porque fue electo por la mayoría del país en elecciones democráticas. Esa es la principal razón por la que consideran que debe retornar al poder y asumir las responsabilidades frente al Ejecutivo.
Del mismo modo, consideran que Castillo es un "preso político" que fue detenido y privado de libertad por los órganos judiciales, de manera inconstitucional y vulnerando los derechos democráticos de los ciudadanos.
Este es un punto importante en los reclamos de los seguidores de Castillo, quienes han advertido que se mantendrán en las calles para hacer valer sus derechos y que incluso podrían radicalizar con un paro nacional indefinido, si no se atienden sus peticiones.
Los manifestantes también demandan que Dina Boluarte, designada por el parlamento como Presidenta de la República, debe salir del Ejecutivo, porque es "un gobierno usurpador", que a juicio de los descontentos no representa el mandato popular y forma parte de un "golpe institucional" y "judicial" que se gestaba contra Castillo, desde que asumió la jefatura de Estado en 2021.
Para los seguidores de Castillo, Boluarte es una "traidora" y "marioneta" que —según ellos— se ha prestado a la "persecución política" que ejecuta contra su líder la "derecha peruana" y la "oligarquía enquistada en el Congreso, la Fiscalía y el sistema judicial".
Además, recuerdan que Boluarte dijo que renunciaría si Castillo era vacado, cuestión que no ocurrió. Una vez que vacaron al maestro rural, ella acudió como vicepresidenta al Congreso para ser investida como mandataria.
Luego de su nombramiento, Boluarte anunció que estaría frente al país hasta 2026. No obstante, ante la presión social y política, ha ido mutando sus posturas y actualmente insiste en que su gobierno será de "transición" y buscará adelantar elecciones.
La disolución del Congreso, como lo anunció Castillo antes de ser destituido, es otra de las demandas que defienden los manifestantes, porque consideran que la situación que enfrenta el país en la actualidad es responsabilidad del parlamento que se ha dedicado a "boicotear", restringir y controlar al Ejecutivo.
En sus reclamos, apuntan que los congresistas han sobrepasado sus poderes para influir en las decisiones que debería tomar con independencia el Gobierno. Además, creen que el Congreso se ha convertido en una especie de "secta" o "mafia" que responde a intereses de "la oligarquía", que vulnera la voluntad popular y las libertades democráticas.
En ese sentido, recuerdan que el Congreso ha sido desde hace años el epicentro de los conflictos políticos en Perú y el clima de ingobernabilidad, tras haber vacado y forzado la dimisión de los presidentes Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Castillo.
Cuando Castillo hizo el anuncio que disolvía el Congreso peruano, también retomó un punto crucial de su campaña presidencial, y es lograr convocar a un proceso constituyente que permita reformar el Estado y la Constitución vigente desde 1993.
Así, los manifestantes han tomado esta exigencia como un punto transversal que se debe traducir en la convocatoria a la Asamblea Constituyente, que permita a los peruanos cambiar el actual choque de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo, que por la vía constitucional pueden disolverse el uno al otro, si se cumplen ciertas exigencias, lo que abona a la crisis de gobernabilidad.
Pero además, los descontentos creen que la reforma constituyente que defiende Castillo debería apuntar a la renovación total del parlamento, que tiene bajos niveles de popularidad, así como una restructuración del sistema de justicia, que ha sumado a la confrontación y acentuado la crisis política.
