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SANTO DOMINGO.- A pesar de que el Gobierno creo una comisión de juristas para perseguir y tratar de recuperar bienes y recursos atribuidos en posesión ilegal por su vinculación a delitos de corrupción y lavado de dinero, a más de dos años de esa decisión no se conocen los montos y destinos de esas devoluciones.
A pesar de que en muchos de los casos manejados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) como los denominados “Anti pulpo”,”Medusa” Coral y Coral 5G entre otros tantos, los encartados han llegado a acuerdos para devolver dinero producto del flagelo y así convertirse en testigos, dependiendo la particularidad de lo tratado.
Pero además del dinero, otros pactan regresar los bienes que lograron obtener de sus actos de los que son imputados. Pero, ¿hacia dónde van esos recursos?.
Francisco Pagán, imputado en el caso Antipulpo, realizó un acta de entrega de varios bienes, que según el órgano acusador, se aproxima a los 100 millones de pesos.
El pasado 10 de este mes de diciembre se anunció una devolución de diez millones de pesos a través de cinco cheques de administración: uno por $4,000,000.00; otro por $1,827,000.00, de la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos; otro por $2,000,000.00; otro por $800,000.00 y un quinto por valor de $1,373,000.00 del Banco Popular Dominicano.
Otro de los bienes que Pagán admitió haber adquirido con dinero de la red de corrupción fue una porción de terreno dentro de la parcela no. 5, del Distrito Catastral no. 2, municipio de Tamayo, provincia Bahoruco, la cual tiene una extensión superficial de 3,399 tareas, en el año 2019.
“El inmenso terreno, fue comprado al Banco de Reservas por la cantidad de RD$5,948,250.00, mediante acto de venta de fecha 27 de junio del año 2019”, señala la acusación.
Otro de los casos sonoros fue el de la Lotería Nacional, sobre un supuesto fraude que se develó en la denominada Operación 13.
Según el órgano persecutor, los señalados devolvieron más de 4 millones de pesos que había obtenido supuestamente del fraude al Estado.
En junio pasado, el Senado de la República aprobó en única lectura el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que tiene por objetivo principal recuperar los bienes que provengan directa o indirectamente de un hecho ilícito realizado en el territorio nacional o en el extranjero.
El presidente de la Cámara Alta, Eduardo Estrella, dijo que la Ley de Extinción de Dominio fue aprobada tal como el pueblo la quería, como una ley orgánica. “Votada a unanimidad, la Ley de Extinción de Dominio, que se va como la sociedad quería, como una ley orgánica al Poder Ejecutivo”, señaló.
La normativa indica que el juicio de extinción de dominio es independiente y autónomo del procedimiento penal, civil o de cualquier otra naturaleza jurisdiccional, administrativa o arbitral. La existencia de otro proceso judicial no podrá ser obstáculo para el inicio de un caso de extinción de dominio.
De igual manera, la iniciativa legislativa contempla presunción de buena fe en todo acto de negocio jurídico relacionado con la adquisición o destinación de bienes, la imparcialidad e independencia de los jueces que conozcan estos procesos y la magnitud del daño con el o los crímenes que sirven de base para sustentar cada acción judicial por enriquecimiento ilícito.
Mientras, este lunes el ministerio de Educación informó el inicio del proceso de recuperación de más de 3,000 millones de pesos que han sido entregados en avance del 20 % a decenas de contratistas desde el año 2012 y que no han cumplido con sus obligaciones contractuales.
En ese sentido, el consultor jurídico de la cartera, Nelson Rudys Castillo Ogando, por instrucciones del ministro Ángel Hernández, depositó el pasado viernes un legajo de documentos en la Procuraduría General de la República, contentivos de los contratos que no han sido cumplidos, así como pruebas de la entrega de adelantos económicos significativos.
“Hemos hecho un arqueo de todos los expedientes correspondientes a los procesos de licitaciones y comparaciones de precios desde el año 2012, y tenemos alrededor de tres mil millones de pesos del Ministerio que se han entregado en avances a diferentes contratistas de obras, bienes y servicios”, reveló.
“La Consultoría Jurídica ha hecho las notificaciones correspondientes, la rescisión de contratos ante la Contraloría General de la República y ha iniciado las gestiones legales para proceder a recuperar ese dinero”, dijo Castillo Ogando.
Previamente, se informó que más de mil millones de pesos en bienes furon devueltos al Ministerio Publico por el teniente coronel de la Fuerza Aérea, Erasmo Roger Pérez, implicado en el caso Coral e identificado por el Ministerio Público como uno de los “brazos operativos” del general Adán Cáceres, uno de los principales acusados en el caso de supuesta corrupción.
En torno a esa figura del entramado que desfalcó al Estado, según el Ministerio Público, con 4 mil millones de pesos, el fiscal Jonathan Pérez dijo que Roger Pérez, quien estuvo adscrito al Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) desde el 17 de agosto del año 2012, cuenta con muchas propiedades a su nombre.
De acuerdo con un documento de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Roger Pérez cuenta con al menos 18 vehículos de diferentes marcas y modelos y al menos 8 inmuebles a su nombre, cuyas propiedades, detalla el documento eran compradas por Cáceres y puestas a nombre del teniente coronel.
