La libre competencia es por lejos uno de los temas más seguidos en el mundo. En América Latina, el año pasado dejó un amplio abanico de hitos y casos connotados en esta materia.
Las resoluciones en materia de libre competencia no solo son clave para mantener la eficiencia de los mercados y economías, sino que también actúan como un termómetro de la actividad dentro de la región. Por eso, DF SUD realizó un levantamiento de datos sobre los avances y algunos de los casos más bullados del año en varios países de la región. Todo esto, a partir de información del Centro de Competencias de la Universidad Adolfo Ibáñez (Ceco), que acaba de sumar a Colombia y Ecuador en su proceso de expansión, bajo el liderazgo del exfiscal nacional económico de Chile, Fernando Irarrázabal.
En Chile, el 2022 estuvo marcado por una serie de hitos en materia de fusiones y adquisiciones, entre los que destacaron, por ejemplo, la operación entre VTR y Claro, aprobada con condiciones, la compra de Soprole por parte de la peruana Gloria y la adquisición de 80% de la propiedad de GNL Quintero por parte de EIG Global Energy Partners y Fluxys. Figuró también en el listado el intento de la isapre Colmena de hacerse de la también aseguradora Nueva Masvida, lo que finalmente resultó rechazado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
Entre los hitos, además, hay avances en materia de libre competencia. Allí las principales noticias provinieron de la mano del instructivo de carácter general que regula el mercado de los medios de pago con tarjeta de crédito, débito y prepago dictado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). En la práctica, el informe advertía de una alta concentración y ordenó modificaciones específicas a sus reglas y prácticas comerciales. Esto asestó un golpe a Visa y Mastercard y terminó por complicar la ya difícil relación que sostenían con la red de adquirencia Transbank, a lo que luego se sumó un nuevo conflicto con el gremio fintech y otros actores como Walmart.
Ya cerrando el año, se conoció la pugna entre Banco Bci y la Fiscalía Nacional Económica por la licitación de seguros hipotecarios que terminó perjudicando a los clientes de esa cartera y por lo que la entidad financiera arriesga actualmente una multa por casi US$ 3 millones.
El conjunto de resoluciones -que a la fecha suman cinco- de la aplicación y alcances de la ley de Responsabilidad Extendida al Productor (Ley REP), así como el estudio sobre la concentración del mercado del gas, y la regulación fintech, también figuran entre los principales avances de los organismos persecutores del país austral.
En el lado del país incaico destacaron este 2022 los análisis iniciados por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Entre ellos figuran uno que analizó las condiciones de mercado en el sector de los lácteos, y otro que busca promover la entrada de nuevos actores al mercado de los hidrocarburos.
Dentro de los casos que atentaron en contra de la libre competencia en el año que recién terminó estuvieron: el hub-and-spoke en el mercado de pavos peruano, que llevó al regulador a declarar en marzo la colusión de las cadenas de supermercados en la venta de estas carnes ocurridas entre 2009 y 2016. La Resolución no fue apelada por los acusados, logrando así la efectiva desarticulación del cartel.
Por el lado del mercado eléctrico también hubo novedades. Esto luego de que el organismo persecutor de este país sancionara por abuso de posición dominante a la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste, luego de que esta aplicara condiciones injustificadas y desiguales a los usuarios que deseaban pasar del mercado regulado al libre.
En el país cafetero fueron varios los casos señalados por atentar en contra del libre mercado, el más emblemático fue el de la cervecera Bavaria. Esto se dio luego de que la compañía de capitales colombianos incurriera en competencia desleal por pactos de exclusividad. Lo anterior llevó rápidamente a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a tomar una serie de acciones que pusieron un freno a las cláusulas que utilizaba la empresa en el mercado.
Durante diciembre el persecutor anunció la investigación en contra de las aerolíneas Avianca y Viva Air, tras encontrar presuntas irregularidades en su proceso de integración anunciado en abril. Mientras, a lo largo del año, la SIC impuso varias multas por irregularidades en actividades de licitación pública, la más conocida, el caso PAE, donde resultaron sancionadas nueve personas naturales y 16 jurídicas por formar un cartel y controlar los contratos alrededor del Programa de Alimentación Escolar. En el escándalo figuró incluso, Asoproval, una institución sin fines de lucro.
El caso Dimayor, que afectó la libre competencia en el mercado de jugadores de fútbol, y la detección por parte de aduanas del intento de importar motocicletas desarmadas para disminuir el pago de aranceles por parte de una empresa importadora, también se encuentran en la lista de los más bullados; aunque en Colombia no todo fueron escándalos. En el periodo se logró fortalecer el régimen de multas y programas de delación compensada con la expedición de la ley 2195 de 2022.
La multa de US$ 43 millones al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México por impedir que la empresa Transportación Terrestre UNE prestara el servicio de autotransporte de pasajeros marcó el primer trimestre de 2022. Mientras que en el tercer cuarto la sanción a cinco agentes económicos por no notificar una concentración se llevó la atención. Allí los implicados fueron Banco Invex, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Neology y una persona natural: los involucrados tuvieron que pagar una sanción de US$ 97.556.
En el balance anual también figuró la multa de la Comisión Federal de Competencia Económica por US$ 124 millones a distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por manipular precios y repartirse el mercado en perjuicio de los consumidores.
En Argentina el escándalo vino por el lado gubernamental. Y es que recientemente la vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner fue acusada junto al empresario Lázaro Báez de defraudar al Estado en el denominado caso “Vialidad”. Ambos fueron sentenciados a prisión, y en el caso de la expresidenta se le inhabilitó políticamente de manera perpetua.
