Un juez del Tribunal Supremo de Brasil ordenó la detención de Anderson Torres, ex secretario de Seguridad de Brasilia y ex ministro de Justicia en los dos últimos años del Gobierno de Bolsonaro (2019-2022) y una figura muy cercana del ex mandatario de ultraderecha.
El magistrado del Supremo Tribunal Federal (TSF) Alexandre de Moraes ordenó la detención de Torres. La Policía Federal realizó este martes un allanamiento en su residencia en Brasilia, pero actualmente se encuentra en Estados Unidos viajando con su familia, informó O Globo.
Moraes cree que Torres, en su calidad de secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal de Brasilia, fue uno de los responsables de las fallas en el esquema de seguridad que resultó en el intento de golpe de Estado por parte de los seguidores de Bolsonaro.
El domingo, tras los incidentes en la capital brasileña, el gobernador del Distrito Federal de Brasilia, el bolsonarista Ibaneis Rocha, destituyó de su cargo a Torres como secretario de Seguridad Pública.
A su vez, la Corte Suprema de Brasil apartó el lunes de su cargo, y por 90 días, al gobernador Rocha. La decisión fue tomada por Moraes, que también ordenó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actuar para liberar cualquier tipo de vía o edificio publico ocupado por partidarios del ex presidente Jair Bolsonaro en todo el país.
Un oficial de la Policía Militar cae de su caballo durante enfrentamientos con partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro luego de una invasión al Palacio Presidencial de Planalto en Brasilia el 8 de enero de 2023. AFP
El juez, que atendió una petición de aliados de Lula, indicó que “la escalada violenta” contra la sede de los tres poderes “solo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva,” de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia.
Asimismo, subrayó que la organización de esos actos golpistas era un “hecho notorio y sabido, que fue divulgado por la prensa brasileña”.
De esta forma, De Moraes señaló directamente a Rocha, quien había pedido disculpas al presidente Lula y a la cúpula de los poderes Legislativo y Judicial por los graves acontecimientos ocurridos en la tarde del domingo en la capital brasileña.
Por otra parte, un fiscal solicitó al Tribunal de Cuentas de Brasil el bloqueo de bienes del ex presidente Bolsonaro.
El subprocurador general del Ministerio Público ante el Tribunal de Cuentas, Lucas Rocha, también pidió extender la sanción a Ibaneis Rocha y a Anderson Torres.
Rocha justificó su demanda “en razón del proceso de prestación de cuentas y del vandalismo ocurrido” en la capital brasileña el pasado 8 de enero, “que provocó innumerables perjuicios al erario federal”.
El domingo pasado, miles de partidarios de Bolsonaro invadieron y causaron graves daños en las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema durante cuatro horas hasta que fueron dispersados por las fuerzas de seguridad.
El gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y el presidente y candidato a la reelección de Brasil, Jair Bolsonaro, asisten a una conferencia de prensa en el Palacio Alvorada en Brasilia, Brasil, el 5 de octubre de 2022. REUTERS/Adriano Machado
Unas 1.500 personas fueron detenidas entre el domingo y el lunes, aunque este martes la Policía Federal informó que puso en libertad a “ancianos con enfermedades crónicas” y “adultos responsables de menores”, sin precisar el número exacto.
El presidente Lula, que asumió el poder el pasado 1 de enero, ha acusado directamente a Bolsonaro de “estimular” a sus seguidores a atentar contra las instituciones.
Por su parte, el capitán retirado del Ejército se encuentra en Estados Unidos desde el pasado 30 de diciembre, dos días antes de terminar su mandato, y, en respuesta a Lula, reprobó la intentona golpista de sus partidarios, aunque de una forma tibia.
Algunos parlamentarios brasileños ya han pedido a la Justicia que actúe para obligar a Bolsonaro a regresar al país con la idea de que esclarezca su presunta responsabilidad en los actos “terroristas” y “golpistas” vividos en Brasilia.
El ex jefe de Estado (2019-2022) tiene además varias causas pendientes con los tribunales relacionadas con la difusión de noticias falsas sobre las instituciones democráticas y la pandemia de la covid-19, y la filtración de documentos secretos durante su Administración, entre otras.
