SANTO DOMINGO, RD.- El presidente Luis Abinader defendió con vehemencia su proyecto de ley sobre Fideicomiso y aseguro que entre los que los lo critican y adversan figuran quienes “compraron empresas públicas a precio de vaca muerta”.
“Es una ignorancia decir que a través del Fideicomiso Público se busca sede al sector privado bienes del Estado, cuando en realidad es todo lo contrario.
Añadió que “personas que en el pasado compraron empresas públicas a precio de vaca muerta, son los que hoy critican la creación de dicha medida”.
El mandatario, acompañado de un nutrido grupo de sus funcionarios, hablo en un encuentro con comunicadores y comentaristas de medios de comunicación, durante un encuentro en el Palacio Nacional, donde presentó una encendida defensa al fideicomiso público que fue depositado por el Poder Ejecutivo.
Abinader también fustigó a políticos y otras personas que se han opuesto a esta iniciativa.
Abinader habló en el Palacio Nacional ante ejecutivos de medios de comunicación y líderes de opinión, a los cuales convocó para referirse única y exclusivamente a este proyecto, el cual fue aprobado en mayo del 2022 por el Senado y lleva ocho meses en la Cámara de Diputados.
Reiteró que la pieza, que consta de nueve páginas, busca fomentar la transparencia, rendición de cuentas y fiscalización en los fideicomisos públicos, por lo que consideró extraño que algunos de los que hicieron uso de esta figura jurídica, son los que ahora se oponen a la misma y quieren satanizarla. Entre ellos citó a líderes de los partidos de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo.
A su juicio, el aparente propósito de estas acciones es impedir los planes de desarrollo de Pedernales y de mejoría de transporte masivo que ha comenzado a implementar el Gobierno haciendo uso de fideicomisos.
Indicó que quienes se oponen a la iniciativa o son precisamente los que fracasaron al implementarlo en gobiernos anteriores, los cuales aparentemente no han leído el proyecto del Poder Ejecutivo, el cual está totalmente ajustado a la Ley 340 6 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
El Mandatario estuvo acompañado del director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel; el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta; el ministro de la Presidencia, Joel Santos; el director de Información y Comunicaciones de la Presidencia, Homero Figueroa; el director de la Fiduciaria Banreservas, Andrés Vanderhorst Álvarez, y el director de prensa de la presidencia, Daniel García Archibald, entre otros.
Luego del encuentro el director de Comunicaciones, Homero Figueroa, leyó un documento de prensa en el que detalló los argumentos que, según el Gobierno, justifican la aprobación del proyecto de ley que busca establecer normas para regular a los Fideicomisos Públicos en el país.
El comunicado indica que este Gobierno, como ningún otro, quiere poner límites, “porque no vamos a aprovecharnos del vacío legal existente». «Por eso, propusimos una norma para regular la organización, estructura y funcionamiento de los Fideicomisos Públicos”, agregó.
Explica que actualmente operan 12 fideicomisos sin ninguna regulación y «todo está permitido, porque nada está prohibido» y la norma propuesta por el Poder Ejecutivo procura regular la organización, estructura y funcionamiento de ellos.
La declaración señala que son infundadas las críticas a la iniciativa, pues “los fideicomisos públicos no son una empresa privada”, los activos públicos que se transfieren conservan siempre su naturaleza de propiedad estatal, y en el caso de cualquier operación de venta, necesariamente tendría que ser aprobada por el Congreso Nacional, como manda la Constitución.
Indica que los fideicomisos públicos, en consecuencia, se convertirán, en virtud de esta ley, en el vehículo de inversión más transparente y fiscalizado; porque, además de cumplir con la ley de compras y contrataciones, serán supervisados por la Contraloría General, Cámara de Cuentas, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Valores, Congreso Nacional, y todos ustedes a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.