Antoliano: Gobierno no impondrá Ley de Ministerio de Justicia, busca consenso

El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo garantizo este domingo que el gobierno no impondrá el proyecto de ley para un ministerio de Justicia porque el presidente Luis Abinader la favorece avalado por una concertación nacional que incluya a todos los sectores políticos, religiosos y económicos de la nación.

El doctor Antoliano Peralta Romero dijo que por instrucciones del primer mandatario sostuvo un primer encuentro con autoridades de la carrera de Derecho a para presentarle la propuesta del Poder Ejecutivo sobre la creación de un Ministerio de Justicia.

Entrevistado en el programa “Aeromundo”, que produce el periodista Guillermo Gómez, el funcionario recordó que la idea de crear un Ministerio de Justicia fue presentada en su propuesta de Gobierno por el entonces candidato presidencial Luis Abinader y forma parte de su plan para la modernización y el fortalecimiento institucional de la Administración Pública.

Dijo que como parte de esa iniciativa el borrador preliminar ha sido presentado por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo a los órganos más afines a las funciones que tendrá el nuevo Ministerio, como son el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes, entre otros.

Adelanto que dichos órganos han producido ya importantes aportes y en el día de hoy se inició el debate con los órganos de la sociedad civil.

En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sede del encuentro, estuvieron representantes de escuelas de Derecho de distintas universidades como PUCMM, UNPHU, APEC, UCE, O & M, UCSD, UNEV, UNIREMHOS, UNEFA, UAPA, UTE, UNICARIBE, entre otras. Algunas escuelas de Derecho que no pudieron enviar representantes presentaron sus excusas y se explicó un mecanismo para que puedan expresarse por escrito con posterioridad al encuentro.

En el documento compartido y discutido se verificó la idea general del proyecto, la composición orgánica del nuevo Ministerio, las atribuciones que le serían asignadas y los órganos que acompañarían al Ministerio en sus funciones.

Los profesores invitados presentaron sus observaciones y la Consultoría Jurídica señaló que iniciaría un proceso de revisión y adecuación, tomando en cuenta tanto los comentarios vertidos en el diálogo como los que serían aportados por escrito más adelante.

Los académicos presentes saludaron la iniciativa del presidente Abinader y expresaron su simpatía con el proyecto en términos generales. Durante el encuentro, dichos expertos hicieron precisiones sobre aspectos que podrían ser mejorados.

Peralta Romero informó que en los próximos días el diálogo con la sociedad continuará, tanto con otros miembros de la comunidad jurídica como con una serie de asociaciones y gremios que interactúan en el ámbito del sector justicia.

En otro orden, Peralta Romero defendió con vehemencia el proyecto de ley del fideicomiso, aprobado en segunda lectura por el Senado de la República.

Consideró que algunos sectores objetan dicha pieza para no darles los méritos al gobierno de Abinader a las soluciones que se pueden materializar.

Resaltó que aparentemente las opiniones en contra del proyecto se han iniciado como un debate “más político que técnico”.

“El interés parece ser que el gobierno no tenga los logros que se puedan conseguir a través de esa ley, por ejemplo, desarrollar pedernales donde se crearán más de 30 mil empleos”, expresó.

Dijo que, hasta el momento, la única salvación de la región sur es el desarrollo de la zona de Pedernales y la vía más expedita es el sistema de fideicomiso público.

El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo también valoro la entrada en vigencia de la Ley número 2-23, que regula el procedimiento de casación para conocer de los recursos interpuestos en el ámbito de materia civil, comercial, laboral, inmobiliaria, lo contencio administrativo y lo contencioso tributario. Se trata de una ley aplicable a todo el territorio nacional.

Recordó que la casación es un recurso que permite a la Suprema Corte de Justicia censurar las decisiones no conformes con las “reglas de derecho” y que está consagrado en la Constitución de la República.
Estuvo regido con anterioridad por las Leyes 3726, de 1953, y 491-08, de 2008, ambas derogadas por esta nueva norma jurídica.

La iniciativa, que tuvo origen en el Senado de la República, diseña un esquema de recursos en el que las sentencias que pueden ser atacadas responden a materias especificadas, rebasan un monto determinado en su decisión o inciden en la figura del interés casacional.

Entre las novedades de la Ley promulgada, sobresale la previsión de un procedimiento donde la tramitación del recurso no se detiene por inactividad de las partes, por lo que desaparecen las incidencias de exclusiones y perención del recurso, lo cual evita la emisión de decisiones administrativa