Abogados solicitan gobierno les pague honorarios del caso recuperación Bahía de las Águilas

Los abogados particulares en el caso Bahía de las Águilas, hicieron un llamado formal al Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, para que haga cumplir su orden de pagar los honorarios profesionales que se les adeuda por concepto de la representación legal del Estado y la obtención del certificado de título definitivo de los terrenos de Bahia de las Aguilas.

Alegan los profesionales del derecho que, por su labor fueron recuperados los terrenos de la parcela 215-A del D.C. 3 del municipio de Enriquillo, cuya extensión superficial es de casi 362 millones de metros cuadrados, siendo económicamente explotables aproximadamente 79 millones de metros cuadrados de los cuales debe pagarse, en favor de dichos abogados, un siete (7%) conforme tres (3) poderes de representación ratificados por diferentes gobiernos y cuyos resultados, en términos de ganancia de causa, han sido tangibles, concretos y de conocimiento general de la sociedad.

Los referidos abogados manifestaron que en favor del Estado Dominicano han logrado 54
sentencias favorables dictadas por la Suprema Corte de Justicia, de las cuales 39 son
definitivas, incluyendo 13 sentencias emitidas el Tribunal Constitucional, diferentes
decisiones del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, varios fallos de los
tribunales de jurisdicción original del Distrito Nacional y de Barahona, 2 decisiones del
Tribunal Superior Administrativo, 6 sentencias civiles dictadas por la Cámara Civil y
Comercial de Pedernales ratificadas por la Corte de Apelación de Barahona.

Indican que aún se están conociendo otros procesos relacionados con ese caso, tanto en el Distrito nacional como en el tribunal de Jurisdicción Original de Barahona y no obstante siguen sin recibir avances o pagos parciales ni de ninguna índole por parte del Estado dominicano el cual se ha limitado a realizar promesas incumplidas.

El Lic. Blas Minaya Nolasco, hablando a nombre de dichos togados manifestó que las
sentencias definitivas dictadas por la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal
Constitucional son las que han permitido al gobierno dar inicio, con un significativo
presupuesto propio y del sector privado, las labores de construcción de hoteles en parte de
las parcelas objeto de la litis habiéndose emitido, incluso, licencia ambiental para
desarrollar las obras dentro del ámbito de la parcela 215-A y sus resultantes, del D.C. 3 del
municipio de Enriquillo, por lo que el pago de los honorarios profesionales no representaría
carga adicional para el gobierno.

Expresaron los juristas, que se vieron obligados a incoar demandas y acciones tendentes
a lograr el pago de sus emolumentos realizando, incluso, una demanda en interpretación
de sentencia, demandas en ejecución de poderes de representación y litis sobre derechos
registrados que generaron inscripción de nota preventiva en las parcelas en que se va a
realizar el proceso de construcción hotelera y poner en causa a los inversionistas
nacionales y extranjeros que van a invertir en los proyectos de desarrollo, lo que podría
innecesariamente, afectar el tan anhelado desarrollo de las provincias del sur por la falta
de cumplimiento de la obligación de pago que tiene el Estado Dominicano con sus propios
abogados, y quienes, aun sin pagarles, siguen cumpliendo con la adecuada, oportuna y
eficiente representación del Estado Dominicano en las diferentes contestaciones litigiosas
que aun se están conociendo en varios tribunales de la República.

La representación del Estado Dominicano en el referido caso Bahía de las Águilas está
compuesta por los Dres. Manuel Cáceres Genao, Samuel Ramia Sánchez, Gustavo Biaggi
Pumarol y Blas Minaya Nolasco, a cuyo equipo se agregó posteriormente, la Dra. Laura
Acosta Lora, quien además de ser activa litigante y manifestar que sus labores son a título
gratuito, servía también como enlace entre los abogados particulares, la Procuraduría
General de la República y el Poder Ejecutivo, así como vocera oficial, en los medios de
comunicación, informando sobre las labores realizadas, llegando todos en conjunto, como equipo, a lograr la recuperación de una enorme cantidad de terreno que estaba en manos de particulares como consecuencia de un enorme fraude que se había cometido en
perjuicio del Estado Dominicano y que no obstante dichos resultados, los abogados a
quien el Estado debe pagarle, aún no han cobrado sus honorarios profesionales.

Consideraron los peticionarios que independientemente de que en virtud de la Ley de
representación del Estado dichos poderes hayan sido otorgados por la Procuraduría
General de la República, los terrenos forman parte de un fideicomiso creado mediante
decreto y en esa virtud, los honorarios profesionales deben salir del valor del inmueble a
través de la Dirección General de Alianzas Públicos Privadas conforme a la Ley 47-20, vía
la Fiduciaria Reservas o mediante un acuerdo transaccional firmado con el gobierno
central que es quien representa, en términos económicos, al Estado Dominicano para el
cumplimiento de sus obligaciones.

Los juristas se mostraron esperanzados en que el presidente Luis Abinader, persona
responsable, honesta y transparente garantice que los funcionarios encargados de realizar
dichos pagos o acuerdos transaccionales culminen satisfactoriamente, en el menor tiempo
posible, el pago de la obligación asumida por el Estado Dominicano frente a los abogados
particulares del Caso Bahía de las Águilas.