Inédito: Gobierno Daniel Ortega quitará nacionalidad a los 222 presos políticos desterrados a Estados Unidos

Bajo la acusación de “traidores a la patria”, en simulatáneo con la expulsión el Parlamento inició un proceso para reformar un artículo de la Constitución y permitir lo que hasta ahora es imposible: privarlos de su nacionalidad. Aquí, la lista completa de los expulsados

Managua.– La Asamblea Nacional de Nicaragua inició este jueves el proceso para reformar el artículo 21 de la Constitución Política con el propósito de legalizar el despojo de la nacionalidad a los nicaragüenses que el régimen de Daniel Ortega considera “traidores de la patria”.

La iniciativa del parlamento nicaragüense se dio solo minutos después de que el régimen desterrara a 222 presos políticos, a quienes envío en un vuelo privado hacia Estados Unidos. La decisión fue anunciada por el juez Octavio Rothschuh, presidente de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), sin que exista norma legal que la justifique.

El artículo 20 de la Constitución Política de Nicaragua establece que “ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad”.

La reforma constitucional que se inició hoy solo puede quedar vigente después de ser aprobada en dos legislaturas, o sea hasta enero de 2024, tal como lo establece la legislación nicaragüense.

“Los deportados fueron declarados traidores a la Patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspensos sus derechos ciudadanos de forma perpetua. A esta hora los deportados están en Estados Unidos de América. Así damos por cumplida la sentencia de deportación”, dice el comunicado leído por Rothschuh.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) reaccionó al hecho celebrando la excarcelación de los presos políticos, pero condenado el abuso que legal que se ha cometido. “Advertimos que la deportación es completamente inaplicable en este caso, porque esta es una figura jurídica migratoria que se aplica específicamente a extranjeros que han cometido delitos en este país, están llamándole deportación a un destierro que está absolutamente prohibido en todas las legislaciones y las normas internacionales de derechos humanos”, expresó en un comunicado.

Para la presidenta del CENIDH, doctora Vilma Núñez, la Asamblea Nacional “se está exhibiendo” al iniciar un proceso de reformas a la Constitución, legislando para futuro decisiones que el régimen ya ha tomado al margen de la ley. “Es un absurdo”, afirma.

Un experto constitucional consultado por Infobae afirma que la iniciativa de la Asamblea Nacional de Nicaragua es una grave violación a los derechos humanos y un delito contra la constitución previsto en el Código Penal. “Nuestra Constitución en el artículo 46 reconoce los derechos contemplados en los tratados internacionales en los cuales está prohibido dejar apátridas a las personas”.

“Esa reforma es una aberración Constitución, aunque quieran similar un proceso legislativo legal. Además no se puede aplicar restrictivamente solo en materia penal cuando se beneficia al reo”, añadió.

Entre los deportados no se encuentra monseñor Rolando Álvarez ni otros sacerdotes encarcelados y acusados de “traición a la patria”.

El Mecanismos para el reconocimiento de personas presas políticas registraba hasta el 31 de enero pasado la existencia de 245 presos políticos en Nicaragua, incluyendo 10 que guardaban prisión desde antes de las protestas de 2018.

Entre los presos políticos se encuentran siete personas que pretendieron competir en las elecciones presidenciales de noviembre de 2021.

Para una jurista consultada, la jornada de declaración de “muerte civil” que emprendió el régimen nicaragüense contra los presos políticos fue la antesala de la liberación y destierro que se produjo este jueves. “Los liberan pero les dicen, váyanse, que aquí no tienen ningún derecho. Son muertos civiles en Nicaragua”, dice.

Señala además que el destierro o expulsión del país solo puede ser aplicada a extranjeros que comenten algún delito y nunca a nacionales.