Hoy fue trasladado de su residencia, donde guardaba prisión domiciliar desde agosto pasado, al Sistema Penitenciario Nacional, conocido como la cárcel modelo de Nicaragua.
NICARAGUA.- La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua condenó a 26 años de prisión a monseñor Rolando Álvarez por traición a la patria un día después de que el religioso se negara a ser desterrado a Estados Unidos.
Además, el tribunal sandinista lo despojó de la nacionalidad nicaragüense, la misma medida a la que fueron sometidos los 222 presos políticos que fueron liberados en Managua y enviados a Estados Unidos.
Hoy fue trasladado de su residencia, donde guardaba prisión domiciliar desde agosto pasado, al Sistema Penitenciario Nacional, conocido como la cárcel modelo de Nicaragua.
Así lo informó Ortega durante una cadena nacional de radio y televisión, en la que afirmó que el obispo Álvarez estaba incluido en la lista de prisioneros nicaragüenses que fueron excarcelados y expulsados este jueves hacia Estados Unidos, pero que él se negó.
Según Ortega, el jerarca fue trasladado por agentes policiales de su casa de habitación, en Managua, hacia la Fuerza Aérea, en donde aterrizó un avión privado de EE.UU., para llevarse a 224 “de los que llaman presos políticos”.
El mandatario sandinista dijo que el obispo estaba haciendo fila, pero antes de subir las gradas del avión, comenzó a decir que no se subiría, porque “primero tendría que hablar con los obispos”.
“Exige hablar con los obispos, una reunión con los obispos”, criticó Ortega, quien remarcó que la decisión de expulsar a los prisioneros “es una decisión del Estado nicaragüense”, que no se puede “cuestionar”.
“No sé qué piensa este señor (Álvarez), que frente a una decisión del Estado nicaragüense, él dice que no acata, una resolución de un poder del Estado que lo está mandando a irse de país”, reprochó.
El otro prisionero que no se quiso montar al avión es Fanor Alejandro Ramos, de 50 años, porque además de delitos considerados “traición a la patria”, guarda prisión por almacenamiento de drogas y tenencia ilegal de armas.
“Seguramente (Ramos) tuvo temor que ya estando en los Estados Unidos, y con ese récord, lo investigaran y le encerraran en prisión allí y terminara en cadena perpetua o en la silla eléctrica”, dijo Ortega.
El mandatario explicó que no podían subir a la fuerza al obispo Álvarez, debido a que parte del acuerdo con las autoridades de los EE.UU. era que los prisioneros nicaragüenses tenían que subir por su voluntad.
Precisó que en vez de llevarlo a su casa de habitación, donde “se le ha tratado de una manera increíble, como a ninguno en este país”, lo trasladaron a la cárcel modelo, una prisión de máxima seguridad ubicada en las afueras de Managua, porque “él es un hombre común y corriente. El hábito no hace al monje”.
Ortega se quejó de lo que calificó de un “comportamiento de soberbia de quien se considera ya el jefe de la Iglesia (católica) de Nicaragua, el líder de la Iglesia latinoamericana y que debe incluso pensar en ocupar el cargo de su santidad, el papa” Francisco.
“Está desquiciado, pero bueno, eso ya lo deberán determinar las autoridades judiciales y las autoridades médicas que tendrán también que atenderlo, porque ahora que llegó a la modelo, llegó que era un energúmeno”, anotó.
Álvarez, de 56 años, fue acusado por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad.
El prelado, que ha sido llevado sin su vestimenta religiosa a las audiencias celebradas en el Complejo Judicial de Managua, es el primer obispo arrestado y acusado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007.
Fue sustraído la madrugada del 19 de agosto pasado por Policía de un palacio episcopal provincial junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días confinados.
La Policía, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega, acusa a Álvarez de intentar “organizar grupos violentos”, supuestamente “con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”, aunque no ha ofrecido pruebas.
