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Represión, persecución política, debacle económica, inflación descontralada, un éxodo histórico y corrupción en todos los rincones del Estado forman parte del cóctel con que administró el poder durante una década el autoproclamado “hijo de Chávez” tras su muerte
VENEZUELA.- Nadie podría predecir lo que vendría después de aquel fatídico anuncio hecho por Hugo Chávez la noche del 8 de diciembre de 2012, vestido con una camisa color azul y rodeado por sus colaboradores más cercanos, cuando admitió que debía viajar a Cuba para someterse a una operación por la reaparición del cáncer y nombró como “sucesor” a Nicolás Maduro “para seguir al frente de la Presidencia”.
El anuncio confirmó los reportes sobre el avanzado estado de la enfermedad de Hugo Chávez que desde hacía meses recorrían las redacciones de los medios de comunicación de Venezuela, pero que no se atrevían a confirmar ante posibles sanciones administrativas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), el ente censor de la dictadura chavista, con multas equivalentes a los 2,2 millones de dólares o el cese definitivo de la señal.
El 31 de diciembre de 2012 las redes sociales ardían con los rumores: “Murió Chávez”. Pero no fue sino hasta el 5 de marzo de 2013 cuando se dio el anuncio oficial: “Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitirle a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías”, declaró un Maduro con voz temblorosa en cadena nacional desde el Hospital Militar de Caracas.
Tres días después, Maduro asumió la presidencia interina y se autoproclamó “El Hijo de Chávez”, avalado por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia servil al régimen que señala que tras el fallecimiento de Chávez, Maduro cesa su cargo como vicepresidente y deviene en presidente encargado.
El 9 de marzo de 2013 el Consejo Nacional Electoral (CNE) llamó a elecciones presidenciales con Maduro como candidato del Gran Polo Patriótico y Henrique Capriles Radonski como figura de la Mesa de la Unidad Democrática, que agrupaba a los partidos de oposición.
La campaña electoral estuvo plagada de irregularidades y mostró la verdadera esencia del chavismo: el férreo control sobre los medios de comunicación eliminó casi por completo la figura de Capriles Radonski como candidato opositor, todo bajo la mirada permisiva del principal ente comicial.
Mientras tanto, en el canal estatal Venezolana de Televisión, que se financia con el dinero de todos los venezolanos y que Hugo Chávez secuestró para transmitir todo tipo de actos proselitistas, se enviaban mensajes contra el representante opositor a quien los propios chavistas calificaban como “la princesita”, “burgués”, o “caprichito”. Nuevamente, con el visto bueno de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena.
El 14 de abril de 2013 y después de 5 horas de espera luego del cierre de las mesas de votación, Maduro se atribuye una pírrica victoria con el 50,66% de los votos frente al 49,07% de Capriles Radonski, una ventaja menor al 2%. Pese a las denuncias de fraude por parte de la oposición, Maduro se juramentó el 19 de abril para el período 2013-2019.
A las afueras del palacio legislativo, una parte de la ciudad festejaba con petardos el acto de Maduro, mientras la otra se hacía sentir con fuertes cacerolazos en señal de protesta, atendiendo el llamado de Capriles Radonski de que en todos lados resonara la salsa y se batieran cacerolas a todo volumen.
La súbita caída de los precios del petróleo desde los110 dólares por barril hasta los 30 dólares por barril en menos de un año; la presión de un control cambiario inútil que solo sirvió como nido de corrupción para el régimen y sus empresas fantasmas y donde se robaron más de veinticinco mil millones de dólares sin que se haya presentado cargos contra alguien; la caída del poder adquisitivo; el comienzo de la desaparición de productos de la cesta básica; la inflación y una crisis eléctrica sin precedentes en la historia de Venezuela, hicieron crecer el descontento ya existente en la población.
Cinco meses después de que Maduro tomara el poder, un mega apagón dejó sin servicio eléctrico a 70% del país por al menos 4 horas, afectando a la capital (Caracas) y 14 estados.
En un acto desesperado para hallar a algún culpable, como es costumbre en regímenes populistas, Maduro expulsó a tres diplomáticos de la Embajada de EEUU en Venezuela a quienes acusó de fomentar actos de sabotaje contra el sistema eléctrico nacional.
“¡No importa las acciones que tome el gobierno de Barack Obama! No vamos a permitir que venga un gobierno imperial a traer dinero y a ver cómo paran las empresas básicas y a ver cómo paran la electricidad para apagar toda Venezuela”, expresó Maduro en un acto con militares.
Aprovechando el cansancio de la población y el debilitamiento de las fuerzas opositoras, el CNE le pone fecha a las elecciones municipales y establece el 8 de diciembre como el día propicio para realizarlas, coincidiendo intencionalmente con la misma fecha en la que Hugo Chávez se dirigió al país por última vez. El resultado de dichos comicios estaba cantado: el partido oficialista acaparó 240 de las 337 alcaldías.
A partir del año 2014, comienzan a surgir las primeras protestas contra el régimen de Nicolás Maduro, especialmente de jóvenes hartos de la falta de alimentos y de medicinas, de la delincuencia y de la continua restricción de libertades. Para el momento ya se conocía del asesinato a manos del hampa de la Miss Venezuela Mónica Spear y del estudiante de la Universidad de Los Andes, Héctor Moreno.
El 12 de febrero de ese mismo año, el movimiento estudiantil y líderes opositores encabezados por Leopoldo López, Maria Corina Machado y Antonio Ledesma convocan a una manifestación como parte del Día de la Juventud en 38 ciudades del país. En Caracas, al finalizar la actividad en frente de la sede la Fiscalía General de la República, se registraron enfrentamientos entre estudiantes y policías, estos últimos reprimieron la manifestación con perdigones y bombas lacrimógenas.
Durante los altercados, grupos paramilitares que responden al régimen chavista originaron un intercambio de disparos e hirieron de bala en la cabeza al estudiante Bassil Da Costa, de 23 años, quien falleció horas más tarde en el Hospital Vargas. Se convertiría así en el primer muerto de la represión de Nicolás Maduro.
Por este hecho fueron acusados ocho agentes de seguridad tanto del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) como de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Luego de casi tres años de juicio, solo dos oficiales obtuvieron condena: el comisario José Ramón Perdomo Camacho a 29 años y 6 meses de prisión, por la comisión de los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y motivo innoble. Y Andry Yoswua Jaspe López oficial de la PNB que fue sentenciado a 6 años de prisión, por el delito de uso indebido de arma orgánica.
Más tarde ese mismo 12 de febrero, durante las manifestaciones en el Municipio Chacao, al este de la capital venezolana, fue asesinado Robert Redman, de 31 años, por grupos paramilitares ordenados por Maduro que disparaban a quien saliera a protestar en las calles. El mismo día de su asesinato, Redman había ayudado a socorrer al propio Bassil Da Costa en el centro de Caracas.
Tras los incidentes, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz emite una orden de aprehensión contra el líder opositor Leopoldo López, acusándolo de terrorismo, incitación al odio y daños a la propiedad. Tanto López como Maria Corina Machado señalaron al régimen comunista de suspender las garantías y llamaron a mantener las protestas en las calles.
El 18 de febrero, Leopoldo López se entrega a las autoridades, es acusado de conspiración y asesinato y en 2015 es condenado a trece años y nueve meses de prisión por supuestamente ser el “autor intelectual” de los disturbios.
Las manifestaciones contra la dictadura de Maduro desde febrero hasta julio de 2014 dejaron un saldo de al menos 43 muertos, 878 heridos y más de 2.500 detenidos.
Bajo esta ola de protestas; calles incendiadas; una población harta de las políticas del régimen chavista y una inflación alarmante, los alimentos comienzan a desaparecer de los anaqueles, las farmacias no tienen medicinas, los servicios públicos colapsan y la gente pasa horas en una cola sin saber qué o a qué hora podrán comprar algo y, si lo logran, es porque su número de documento coincide con el día en el que pueden hacerlo, cual libreta de racionamiento cubana pero adaptada al siglo XXI.
Ante la brutal represión a las protestas estudiantiles, la persecución política, y las amenazas a líderes opositores y sus familiares, el 18 de diciembre de 2014 el Congreso de Estados Unidos aprueba la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil en Venezuela que sirve como marco legal para que el Departamento de Tesoro imponga sanciones contra funcionarios venezolanos responsables de violar los Derechos Humanos durante las manifestaciones de la sociedad civil.
Esta Ley le permite al gobierno del entonces presidente estadounidense Barack Obama congelar los bienes y cuentas bancarias de funcionarios de Maduro en EEUU, la no renovación de visas y la expulsión de su territorio de cualquier persona vinculada con el chavismo.
Ya viviendo la peor crisis económica jamás conocida en el país caribeño, el 6 de diciembre de 2015 el chavismo sufre su peor derrota en 16 años durante las elecciones parlamentarias en las que la Mesa de la Unidad Democrática obtuvo casi un 60% de los votos y una abrumadora mayoría con 112 de los 167 diputados, permitiéndole aprobar leyes orgánicas, proponer reformas y enmiendas constitucionales y reemplazar a miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el CNE y los otros poderes públicos.
Pero tratándose del chavismo, esta victoria opositora no podía sobreponerse a sus planes de perpetuidad en el poder y, por órdenes del Tribunal Supremo de Justicia manejado por Maduro, se decide suspender la proclamación de tres diputados opositores del Estado Amazonas, donde los comicios fueron impugnados debido a presuntas irregularidades. Con esta decisión, la oposición pasa de 112 diputados a 109 y pierde la mayoría calificada. Desde ese momento se desata en Venezuela un fuerte choque de poderes que durará hasta la actualidad.
Aumentan las tensiones con el gobierno de Estados Unidos que renueva las sanciones funcionarios chavistas y Maduro llama a consultas a su embajador en Washington, Maximilien Arvelaiz. En mayo de ese mismo año, se declara un “estado de emergencia constitucional” y cinco meses después, acorralado por la presión internacional, Maduro convoca a un diálogo nacional con la oposición por primera vez en dos años para suscribir acuerdos de convivencia entre ambas partes y como estrategia política del régimen para dividir a los líderes opositores entre quienes estaban decididos a sentarse en una mesa de negociaciones con la dictadura y entre quienes se oponían a hacerlo para no darle legitimidad.
Ya para los años venideros no quedaba ninguna duda, Maduro se quitaría la máscara de “presidente electo” y buscaría de cualquier forma pulverizar a los líderes opositores que le estorbaban en su camino. Y lo intenta con una de sus artimañas favoritas: sentencias inconstitucionales emitidas por su Tribunal Supremo de confianza, encabezado por Maikel Moreno, acusado en EEUU por lavar miles de millones de dólares y recibir sobornos a cambio de “usar su posición para resolver casos civiles y criminales”.
Y es justamente el 29 de marzo de 2017 cuando el régimen intenta dar su estocada final a la legítima Asamblea Nacional electa por más de siete millones de venezolanos con un decreto donde asegura que el poder legislativo se encuentra en desacato y es el TSJ quien asume sus competencias para “velar por el estado de Derecho”. Al día siguiente y de manera sorpresiva, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, otrora aliada de Maduro, sorprende al mundo al declarar que las sentencias del TSJ representan una ruptura del orden constitucional, dejando expuesto al chavismo y revelando una gran fisura. Luego huiría a Colombia para refugiarse y años más tarde solicitaría asilo político en España.
La oposición se lanza nuevamente a las calles. Esta vez los manifestantes le exigirían al entonces Defensor del Pueblo Tarek William Saab que rechazara las artimañas políticas del régimen contra la Asamblea Nacional. Pero antes de lograr su cometido, las fuerzas represoras de Maduro activaron su maquinaria y a punta de bombas lacrimógenas y perdigones dispersaron la manifestación. Esta acción se repetiría durante cuatro largos meses, dejando un saldo de más de 73 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos. El caso que más impacto tuvo en la opinión pública fue el del joven Juan Pablo Pernalete que fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho durante una manifestación en Caracas que le produjo un shock cardiogénico.
¿Qué hacía Maduro mientras los estudiantes eran asesinados y reprimidos por la policía en las autopistas y calles de la capital? Bailaba salsa en cadena nacional, junto con su esposa Cilia Flores, aparentando una normalidad inexistente. Entretanto, en el este de la capital, un joven era arrollado por una tanqueta de la Guardia Nacional.Maduro baila salsa en TV mientras los manifestantes son reprimido.
Las protestas se agotaron y la crisis política y económica en el país caribeño siguió sin resolverse. Maduro se aferra al poder firmando convenios con Irán, Rusia, Turquía y China, mientras millones de venezolanos escapan del Socialismo del Siglo XXI para buscar mejores oportunidades en otras tierras, convirtiéndose en el éxodo más grande de la historia reciente de América Latina según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) que registró hasta octubre de 2022 más de 7,1 millones de venezolanos migrantes y refugiados en todo el mundo.
En mayo de 2018 Maduro gana la reelección bajo unas elecciones fraudulentas donde ningún representante opositor se presentó a los comicios (muchos de ellos presos, exiliados o proscripstos), salvo un dirigente minirotario, Henri Falcón, que sirvió como argucia política del régimen para legitimar los comicios. Estados Unidos se pronuncia y califica la reelección de Maduro como una farsa. Para ese momento el Fondo Monetario Internacional pronosticaba que la inflación en Venezuela podía llegar al 10.000.000% en 2019.
Controlando todos los poderes a su antojo, Maduro se juramenta para su segundo período presidencial, pero la mayoría de los países democráticos de la región se niegan a reconocerlo. Ya en la oposición manejaban la opción de proclamar a Juan Guaidó como presidente encargado, por ser el máximo representante de la Asamblea Nacional.
En un acto multitudinario, Guaidó es juramentado el 23 de enero de 2019 como presidente interino de Venezuela y tras el anuncio, Estados Unidos y más de 50 países del mundo reconocen su nombramiento. El régimen chavista acusa a Washington de financiar un golpe de estado en Venezuela y le ordena a los diplomáticos estadounidenses abandonar el país.
Como medida de reciprocidad, Estados Unidos anuncia un paquete de sanciones contra PDSVA, por considerar que la estatal petrolera “ha sido durante mucho tiempo un vehículo para la corrupción” donde funcionarios del régimen chavista “han diseñado una variedad de confabulaciones para malversar miles de millones de dólares para beneficio personal y de empresarios venezolanos corruptos”.
Ya para febrero de 2019 el éxodo masivo de venezolanos sigue sin detenerse y enciende las alarmas en la región. Para tratar de aliviar la necesidad del pueblo venezolano ante la escasez de todo tipo de alimentos, Estados Unidos junto con los países del Grupo de Lima anuncian el envío de ayuda humanitaria a través de la frontera con Colombia. Dicha ayuda es retenida por las autoridades venezolanas y posteriormente quemada por seguidores chavistas.
La mañana del 30 de abril, Guaidó sorprende a los venezolanos al aparecer junto con Leopoldo López, preso desde 2015, y un grupo de militares anunciado la “Operación Libertad” que, supuestamente, sacaría a Maduro del poder. El “levantamiento” cívico-militar no cumplió con sus objetivos y terminaría con López pidiendo asilo en la embajada de España y con otros líderes opositores en el exilio. Maduro, entonces, habría cumplido su cometido y se aferró a la silla de Miraflores apoyado por los militares y su cúpula.
El 26 marzo de 2020, el entonces Fiscal General de EEUU, William Barr, anunció cargos contra Maduro y su tren ministerial por los delitos de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, y tenencia de armas y otros artefactos destructivos. Y ofreció una recompensa por 15 millones de dólares por la captura del dictador venezolano.
Maduro ayudó a administrar y dirigir el Cartel de los Soles, una organización criminal dedicada al narcotráfico y que está integrada por funcionarios y militares activos de la dictadura. De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, Maduro logró negociar con las FARC varias toneladas de cocaína producidas por este grupo rebelde.
A la lista también se le suman Diosdado Cabello, Clíver Alcalá Cordones, Hugo Carvajal y Tarek El Aissami con una recompensa de 10 millones de dólares por cada uno a quien pueda brindar información para su captura
Durante los últimos años, los venezolanos que decidieron quedarse en su país se vieron forzados a reinventarse y enfrentar una dolarización de facto con un sueldo mínimo mensual de 6 dólares y una canasta básica alimentaria de más de 400 dólares. Siguen las protestas por ajustes salariales, continúa el colapso de los servicios públicos y, en el fondo, se sigue escuchando la salsa de Maduro.
