En su Informe 2022/2023, Amnistía recoge unas cifras alarmantes en relación a la violencia- entre enero y finales de junio, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos documentó 934 homicidios, 684 lesiones y 680 secuestros en Puerto Príncipe.
En su Informe 2022/2023, Amnistía recoge unas cifras alarmantes en relación a la violencia- entre enero y finales de junio, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos documentó 934 homicidios, 684 lesiones y 680 secuestros en Puerto Príncipe.
En concreto, a finales de abril se produjo una disputa territorial entre bandas que causó la muerte de 188 personas, con formas extremas de violencia como degüellos, desmembramientos y quema de cadáveres, asesinatos de menores acusados de servir de informantes a grupos rivales y uso de la violencia sexual, incluida la violación masiva de niños, para infundir miedo y ampliar las zonas bajo su control.
Ya en julio, en cinco días al menos 234 personas resultaron muertas o heridas en actos relacionados con estas pandillas en la zona capitalina de Cité Soleil, una violencia que también tuvo como víctimas a la prensa y los defensores de los derechos humanos.
Ante esta situación, la ONU ordenó en septiembre la evacuación de su personal no esencial y, un mes después, tras el bloqueo al combustible por parte de las bandas que dejó paralizado el país, el Consejo de Seguridad aprobó sanciones contra sus líderes y quienes supuestamente los apoyaban (congelación de activos, prohibiciones de viaje y embargo de armas).
A todo eso se sumó la escasez de alimentos, hasta el punto de que 4,5 millones de personas (sobre una población de 11 millones) no disponían de comida suficiente.
De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), en septiembre más del 40 % de la población se hallaba en situación de crisis o emergencia alimentaria. Y junto a todo ello en octubre el cólera regresó tras varios años de ausencia, una enfermedad que ha causado ya más de 600 muertos.
La escasez de alimentos y de combustibles llevó a que miles de haitianos se echaran a las calles, en especial tras el anuncio del primer ministro, Ariel Henry, de que aumentaría el precio de los carburantes.
Frente a todo eso, miles de haitianos huyeron de sus hogares, en desplazamientos internos y también a otros países de América Latina y a Estados Unidos, en muchos casos en embarcaciones, lo que provocó ahogamientos en el mar.
Pese a la situación de los que huían, afirma Amnistía, “su acceso a la protección internacional era limitado y la discriminación contra las personas negras equivalía en algunos casos a tortura por motivos raciales».
A modo de ejemplo, entre septiembre de 2021 y mayo de 2022 Estados Unidos expulsó a más de 25.000 haitianos.
Amnistía denuncia que las autoridades estadounidenses sometieron a los solicitantes de asilo haitianos a “detención arbitraria y malos tratos humillantes y discriminatorios”, como falta de acceso a una alimentación suficiente y atención sanitaria.
