La presidenta del consejo directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia), María Elena Vásquez, asevera que la institución puede contribuir en políticas económicas esenciales para el desarrollo de Santiago y la región del Cibao orientadas a zonas francas, Mypimes, economía digital y turismo de salud.
En la disertación Importancia de Procompetencia para el Desarrollo Económico del Cibao, presentada al finalizar la tarde del miércoles ante representantes empresariales, políticos, académicos, estudiantes y el pleno del consejo directivo, en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), destacó las excelentes perspectivas de las zonas francas en la región.
Planteó que el órgano autónomo y descentralizado del Estado podría contribuir al fortalecimiento de ese sector mediante la realización de estudios económicos que permitan identificar las áreas de mejora en el ámbito de la libre competencia, así como reorientar las políticas públicas que, dentro de ese sector, implementan las agencias claves del Gobierno.
Precisó que estas empresas, sobre todo en el área de procesamiento del tabaco, tienen un peso muy importante en la economía cibaeña. Argumentó que el Cibao registra la mitad del total de estas fábricas en el país. “Solo la provincia Santiago cuenta con 27 parques, que albergan 252 empresas”, puntualizó.
Vásquez expresó que éstas se han diversificado para responder a las demandas del mercado internacional. Destacó que tras el colapso provocado en 2020 a la economía global por la enfermedad por coronavirus (covid-19), se recuperaron al aportar US$ 7 mil 179.6 millones (mmd) en 2021.
Conforme la conferenciante, sólo en tres renglones (productos farmacéuticos y quirúrgicos, eléctricos y electrónicos y tabaco), las exportaciones dominicanas ascendieron a US$ 1,198.50 millones (mdd).
Especificó que las exportaciones de las zonas francas del área de cigarros puros en Santiago alcanzaron en 2021 los US$ 751.98 millones (mmd), 53% del total de las exportaciones nacionales. Y precisó que las inversiones acumuladas de las zonas francas en la provincia son de unos US$ 1,600 millones (mmd)
En cuanto a las Micro, Medianas y Pequeñas Empresas (Mypimes), resaltó su importancia para el desarrollo económico del país. Arguyó que, en 2021, la Dirección General de Impuestos Internos tenía registradas 245,312, equivalentes al 98% del total de empresas, y 664,598 empleados.
De acuerdo a Vásquez, “ambas instituciones podrían realizar un estudio de la inclusión financiera y condiciones de competencia, a partir de la Encuesta Nacional de las Mypimes 2022-2023, que realizan el Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes”.
Opinó que se necesita revisar los trámites y los obstáculos que tienen estas empresas para acceder al mercado de compras y contrataciones públicas, especialmente las que se dedican a la agropecuaria.
Recordó que han firmado un acuerdo con la Dirección General de Contrataciones Públicas, el cual -explicó- permite compartir experiencias y lecciones aprendidas sobre prácticas colusorias en materia de contrataciones públicas.
Sobre la economía digital, explicó que ésta representa un reto para las autoridades de competencia del mundo, sobre todo en materia de antimonopolio, portabilidad de los datos, acuerdos verticales e interoperabilidad.
Advirtió que el cambio de paradigma económico también abarca a la República Dominicana. “El país ha aumentado los usuarios de la Internet. De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, el 68% de la población dominicana utiliza Internet y el 84% está suscrito a un proveedor de banda ancha”, agregó.
Según la funcionaria, el rol de la institución es crucial para evitar prácticas anticompetitivas en el mundo de la economía digital que atentan contra el derecho de competencia.
Adelantó que actualmente realizan un estudio sobre plataformas digitales de comercialización de vehículos en la República Dominicana para conocer el efecto de las tecnologías en dichos mercados.
Respecto del turismo de salud resaltó que se trata de una actividad relevante país, que en 2018 generó US$265 millones (mmd), con inversiones en infraestructura y tecnología por US$500 millones (mmd). Y sostuvo que tiene a Santiago como su centro más importante.
Dijo que involucra, además de dos importantes mercados productivos nacionales (salud y turismo), tres importantes derechos: libre competencia, salud y recreación.
Afirmó que Procompetencia puede aportar al éxito de las políticas económicas planificadas en ese ámbito, “con la facultad de abogacía y de monitoreo de mercados a garantizar, mediante un clima de libre competencia, una mayor eficiencia económica e innovación médico-tecnológica en dichos mercados, condiciones que favorecen a los consumidores del sector salud”.
Previo a la conferencia, fueron presentados el consejo directivo y la dirección ejecutiva.
El organismo está integrado por cinco miembros: Gianna Franjul, María Holguín López, Francisco Manuel Pimentel, Kerima Marra y María Elena Vásquez, quien lo preside. La directora ejecutiva es Fior D’Aliza Alduey.
La actividad fue coordinada con la Escuela de Derecho de la academia, dirigida por el catedrático Edwin Espinal.
Procompetencia es el órgano creado por la Ley General de Defensa de la Competencia 42 de 2008, responsable de promover y defender la competencia en los mercados de bienes y servicios, para crear eficiencia económica y generar beneficios en favor los consumidores y usuarios.
