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Aunque la medida es criticada por la izquierda y organizaciones de derechos humanos, paralelamente es del agrado de las derechas regionales.
El Salvador.– En medio de críticas, controversias y halagos, el polémico régimen de excepción decretado por el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, llamado también por el mandatario como "guerra contra pandillas" —una política que ha sido avalada y renovada consecuentemente por el Congreso en 11 ocasiones—, cumple un año en vigencia.
La aplicación de esta controvertida política gubernamental gana adeptos en la derecha regional, sobre todo en la más conservadora. Al mismo tiempo, causa alarma y rechazo de organizaciones de derechos humanos, mientras que en la izquierda latinoamericana ha generado el llamado 'efecto Bukele', un intenso debate sobre la lucha de un Estado contra las estructuras criminales que ocupan territorios, que en ocasiones, puede romper la delgada línea que lleva al autoritarismo y pone en jaque las libertades y el respeto a los derechos humanos.
El estado de excepción de Bukele entró en vigencia el 26 de marzo de 2022 y fue decretado a raíz de un llamado de emergencia que hizo el mandatario al Poder Legislativo, luego de una escalada de violencia que dejó solo ese día 62 personas asesinadas, y en menos de una semana, un saldo de 87 víctimas mortales en manos de pandillas.
"Hace exactamente un año, cerrábamos el día con 62 homicidios. Ese fue uno de los días más difíciles de mi vida y de este Gobierno. Ahora, un año después, cerramos con 0 homicidios, y marzo 2023 se acerca a ser el mes más seguro de toda nuestra historia", expresó Bukele la madrugada de este lunes a través de Twitter, donde citó cifras de la Policía Nacional Civil de El Salvador.
Este mismo lunes, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, ofreció un balance sobre los resultados que ha dado la implementación del régimen de excepción durante su primer año, que se percibe en una disminución importante en la tasa de homicidios y en la captura de personas vinculadas a las organizaciones delictivas.
Sin embargo, los cuestionamientos contra esta medida gubernamental no paran. Organizaciones de derechos humanos advierten que durante el régimen de excepción las fuerzas de seguridad han cometido más de 4.500 abusos contra la población, entre detenciones arbitrarias, acoso, amenaza, violencia sexual, torturas y lesiones personales.
De acuerdo al ministro Villatoro, durante este primer año del estado excepcional, las autoridades policiales y militares han logrado capturar a 66.417 personas que son calificadas por la administración de Bukele como "terroristas" y "pandilleros".
En los procedimientos realizados contra la actividad criminal, las fuerzas de seguridad han incautado 2.547 armas de fuego, 3.292 vehículos, 15.878 teléfonos celulares y tres millones de dólares en efectivo. Además, han desarticulado a las principales pandillas, capturando a 10 de 15 cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS), y detenido al "pilar nacional" del grupo criminal Barrio 18.
En relación con la tasa de homicidios que se calculó con base en los últimos 12 meses, Villatoro detalló que durante el estado de excepción la cifra actual es de 3,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes, es decir, cuando el promedio en 2015 era de más de 106 personas asesinadas por cada 100.000.
El ministro también se refirió a la megacárcel que recientemente abrió la Administración de Bukele, que incluye celdas de castigo sin camas, ventanas o luz. A ese recinto, dijo el alto funcionario, ya han sido trasladados 4.000 presos que se mantienen bajo estrictas normas de máxima seguridad.
Según el alto funcionario, las medidas aplicadas bajo el régimen de excepción, que le otorga a Bukele poderes excepcionales, le ha permitido al Ejecutivo recuperar el control sobre el territorio salvadoreño, algo que no ocurría desde hace años.
"El régimen de excepción es el Estado recuperando el territorio, es el Estado recuperando la tutela y vigilancia de nuestra población. Esto nos lleva a más de un 96 % de aprobación", agregó Villatoro.
"A nivel policial estamos coordinando con países vecinos, como México, EE.UU., Belice y Costa Rica, para traer a estos pandilleros para que enfrenten la justicia salvadoreña. Sabemos cómo operan en la parte sur de México y Guatemala, y los estamos capturando", dijo.
El ministro Villatoro agregó que antes de que el país entrara bajo el régimen excepcional, la distribución de la justicia en El Salvador privilegiaba la impunidad en los casos de violencia letal, porque escaseaban los jueces para enfrentar los delitos generados por las pandillas.
"Antes de empezar esta guerra teníamos 400 jueces para ver casos de delincuencia común y solo 11 para enfrentar al principal enemigo de la sociedad. Los cambios hechos nos permiten tener una infraestructura judicial acorde al enemigo al que enfrentamos", explicó.
Para Villatoro, la decisión de Bukele de decretar el polémico régimen excepción, "no fue fácil, ni antojadiza", sin embargo, ha servido para que el Ejecutivo, a través de "la Constitución", imponga "un Estado de Derecho" para "poder echar a andar un protocolo de guerra contra las pandillas".
Además, agregó Villatoro, la política gubernamental le ha podido dar un golpe a la impunidad y sobre todo a la "cultura de la muerte" que imponían las pandillas, como eran los contantes abusos que perpetraban contra la población.
"Venimos de una cultura de muerte donde, si no se pagaba renta o mandaba a los hijos para que fueran parte de las pandillas o se enviaba a las hijas para tener relaciones sexuales, mataban, y eso no lo entiende mucha comunidad internacional y algunas organizaciones", comentó.
Además, dijo, el régimen de excepción quebró la figura que las pandillas llaman 'apertura de válvula'. "Como decían estos grupos terroristas, la utilizaban para tratar de conseguir beneficios y demostrar su poder".
Bukele defiende a capa y espada tanto el régimen de excepción como su llamada "guerra contra pandillas". Su postura lo ha llevado a confrontarse con organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos que alertan sobre las violaciones y abusos de autoridad que se estarían ejecutando en el contexto actual.
De igual forma, la propaganda política de Bukele a favor de sus acciones gubernamentales lo mantienen en tensión con buena parte de la prensa internacional que describe como "dantescas" las fotografías y videos de presos amontonados en un mismo lugar, que el propio mandatario salvadoreño publica en sus redes sociales.
Además, Bukele ha sido señalado como "autoritario" y criticado por gobiernos de distintos perfiles como EE.UU., Chile y Colombia. De igual forma, se ha ganado cuestionamientos de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que ha provocado el enfado del mandatario salvadoreño, al punto de entrar en polémicas peleas mediáticas con estos países, como ocurrió recientemente con su par colombiano, Gustavo Petro.
El régimen de excepción prende las alarmas de la izquierda y de organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre el peligro que puede generar una política estatal a favor de la represión desmedida y la falta de garantías constitucionales.
Más allá de estas críticas, la política de Bukele agrada paralelamente a las derechas regionales que ven en esa medida una postura radical que puede ganar adeptos y ser utilizada con fines electorales, al tratarse de una política con respaldo popular.
A pesar que el régimen excepcional de Bukele limita las garantías constitucionales, permite a policías y militares realizar detenciones masivas contra cualquier persona considerada como delincuente, privarlas inmediatamente de su libertad, enjuiciarlas sin testigos ni defensa, e incomunicarla de sus familiares; ya a nivel regional, hay voces a favor de replicar el "modelo" de Bukele y se observan en países como Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, por mencionar algunos.
Las posturas a favor de Bukele provienen, sobre todo, de sectores de la ultraderecha, como el uribismo en Colombia; aliados del excandidato presidencial chileno Antonio Kast; el diputado y posible aspirante a la presidencia de Argentina, Javier Milei; las distintas facciones extremistas en Venezuela, entre otros, que describen a esta política como un "modelo ejemplar", sin importar que ha sido denunciada como opaca y violatoria de los derechos humanos.
Aunque el régimen de excepción de Bukele comenzó como una medida de emergencia que procuró atender una situación específica, se extendió y se convirtió en el eje fundamental de su gestión, mientras las garantías y derechos constitucionales de la población quedaron en suspenso.
