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Los abogados Many Sierra e Ignacio Miranda sometieron un recurso ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional para anular la decisión del juez Deiby Timoteo Peguero Jiménez que excluyó a los querellantes en el caso de la empresa familiar Costa Dorada, cuya cuota social intentaría ser robada mediante la falsificación de documentos.
Explicaron que el delito principal en este caso es la falsificación de un centenar de documentos que se usaron para figurar en el registro de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD, así como en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que los titulares de las acciones de Costa Dorada no eran sus verdaderos dueños, sino otras personas.
En tal sentido, señalaron que este caso envuelve todo lo que tiene que ver con la seguridad jurídica de República Dominicana y, sobre todo, con la confianza del inversionista extranjero en el país, por lo que debería ser una gran preocupación del Estado.
