Más de 40 violaciones graves sustentan suspensión del juez Consoró

Recomiendan su sometimiento a un proceso penal

Investigaciones abarcan la Jurisdicción de Puerto Plata con varios escándalos por vinculación con mafias.

Wilson Camacho había advertido al cancelado juez que en RD “no hay intocables”. En Puerto Plata, investigan jueces y empleados por presuntas faltas graves y violaciones en la correcta aplicación de las leyes

SANTO DOMINGO, R.D. El Consejo del Poder Judicial, en una clara demostración de que en el sistema nacional judicial no hay “vacas sagradas” destituyo al Juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, por incurrir en “faltas muy graves”.

Contra Rodríguez Consoró se habían hecho una serie de denuncias por alegadas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Incluso, en una ocasión, Wilson Camacho, director del PEPCA, le había advertido al magistrado destituido que en República Dominicana “no hay intocables”.

El Consejo del Poder Judicial (CPJ), mediante su Resolución No. CPJ-2023-RES-002, del 3 de abril del 2023, acogió en todas sus partes la acusación, que en materia disciplinaria por “faltas muy graves”, presentó la Inspectoría General de ese alto organismo judicial contra el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró.

El destituido magistrado fungía como juez del Noveno Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

El CPJ acogió todos los cargos y las pruebas presentadas contra Rodríguez Consoró, declaró su responsabilidad disciplinaria y ordenó su inmediata destitución como juez del Poder Judicial.

De acuerdo con la disposición del CPJ, a Rodríguez Consoró se le imputaron faltas “extremadamente graves”, al comprobarse que incurrió en actos de corrupción, por haber recibido dinero, vinculados con la venta de decisiones judiciales para favorecer imputados por hechos graves.

De acuerdo a fuente del CPJ, el juez Rodríguez Consoró fue destituido luego de múltiples denuncias por parte de afectados que se sorprendían con la ligereza del otorgamiento de libertades “pura y simple” a favor de imputados por hechos graves.

Se dijo que tras la debida investigación, a Rodríguez Consoró se le presentaron cargos, siendo acusado de violentar los artículos 41, numeral 3; artículo 44, numeral 5; artículos 60 y 61 y el artículo 66, numeral 1 y 2, de la ley 327-98 sobre Carrera Judicial.

Igualmente, se le acusó de violar el artículo 149, del Reglamento de Aplicación de la Carrera Judicial, que establecen que los jueces deben desempeñar con interés, ecuanimidad, dedicación, eficiencia, probidad, imparcialidad y diligencia las funciones a su cargo, observando buena conducta y evitando la comisión de faltas disciplinarias.

Ese precepto establece, además, que los jueces no deben “solicitar, aceptar o recibir, directamente o por persona interpuesta, gratificaciones, dádivas, obsequios, comisiones o recompensas, como pago por actos inherentes a su investidura”.

Investigación periodística

Recientemente, la periodista Adís Burgos realizó un programa de investigación, donde recogía las quejas de ciudadanos sobre el hecho de que los jueces y empleados judiciales no eran sometidos a la justicia por los “hechos graves” por los cuales eran destituidos.

En tanto que, en ese programa, otros ciudadanos se quejaban del “secreto cómplice” de los juicios disciplinarios, donde los afectados, los denunciantes y los querellantes no tienen ningún acceso a presentar pruebas, testimonios y alegatos.

Esto, según los quejosos, les permite a los infractores disciplinados, muchas veces, salir airosos de los procesos de investigaciones por no tener a la parte afectada reclamando el daño causado en el juicio disciplinario.

Igualmente, se quejan de que esa situación, se convierte en una violación al debido proceso, ya que el ocultamiento del caso, solo beneficia al imputado disciplinado.

En ese sentido, algunos ciudadanos dicen esperar que el CPJ les conceda el derecho de estar presentes y participar en los procesos de investigación que les afectan.

Lo que dice la Ley

La ley 327-98, que le fue imputada, establece que: los jueces del orden judicial, sujetos a la presente ley, incurren en falta disciplinaria si dejan de cumplir sus deberes y las normas de trabajo establecidas, si ejercen incorrectamente o en forma desviada.

Agrega que: “Los jueces que en el ejercicio de sus funciones cometan faltas o no cumplan con sus deberes y con las normas establecidas, serán administrativamente responsables y sancionados en consecuencia, sin perjuicio de otras responsabilidades civiles, penales o de otra índole, resultantes de los mismos hechos u omisiones, así como entre otras cosas dejar de cumplir los deberes, ejercer indebidamente los derechos o no respetar las prohibiciones e incompatibilidades constitucionales o legales, cuando el hecho o la omisión tengan grave consecuencia de daños o perjuicio para los ciudadanos o el Estado”.

Más investigaciones

La Inspectoría General del Consejo del CPJ también investiga a varios jueces y empleados del Departamento Judicial de Puerto Plata, vinculados con otros “hechos graves”.

Igualmente, los jueces y empleados son investigados, de acuerdo con las fuentes, por el desconocimiento de manera reiterada del cumplimiento de las leyes y no cumplir con los deberes de su cargo.

Incluso, algunos abogados han expresado sus quejas por el hecho de que en la Jurisdicción Inmobiliaria de Puerto Plata, las solicitudes de fijación de fechas de audiencias se tardan hasta dos meses para ser fijadas.

Luego, los jueces las fijan para tres o cuatro meses, lo que se traduce en seis meses, solo para conocer una primera audiencia.

Esto, dice, constituye una retranca para los procesos judiciales de esa demarcación, lo que debe ser investigado, corregido y sancionado por el CPJ.

En su resolución, el CPJ ordena a la Inspectoría General enviar inmediatamente todas las pruebas de que dispone por ante la Dirección de Persecución del Ministerio Público, a los fines de que se proceda a investigar e instruir una posible acusación contra el juez Rodríguez Consoró.

Se recuerda que una vez se conoció la instrucción de la acusación disciplinaria contra ese juez, algunos, abogados, salieron en su defensa, mientras otros abogados se negaron a defenderlo, tras considerar que en los pasillos del Palacio de Justicia de Santo Domingo, esa situación era voz populis.

La misma situación, según expresaron abogados a periodistas de este digital, está ocurriendo en la jurisdicción de Puerto Plata, por lo que CPJ debe prestarle atención.

Incluso, en esa ciudad, ciudadanos dicen que la justicia se está convirtiendo “en un mercado público”.

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