Diputados vinculados al narco: SCJ deberá designar juez “control” de operación “Falcon”, tres son PRM

SANTO DOMINGO, RD. -El Ministerio Público no encuentra cómo someter a la justicia a cuatro diputados, tres de ellos del Partido Revolucionario Moderno, PRM, investigados por sus vínculos con el narcotráfico debido, entre otros motivos, a la condición privilegiada por su status de legisladores.

Para hacerlo debe contar con una autorización de un juez “control” o de instrucción que además valide cualquier investigación por parte de los fiscales.

Según ha trascendido a la opinión pública, el Ministerio Público investiga desde hace más de año y medio a cuatro diputados, tres de ellos del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), vinculados al narcotráfico y de cuya pesquisa no se ofrecen detalles.

Esta semana, la Suprema Corte de Justicia designó al juez “control” Napoleón Estévez Lavandier para conocer el caso que vincula al diputado Sergio Moya de la Cruz (Gory) , también del PRM, vinculado al presunto esquema de extorsión a bancas de lotería que se menciona en el expediente de Operación Calamar.

Suprema Corte de Justicia Napoleón Estévez Lavandier, por la jurisdicción privilegiada que poseen los imputados.

Además de Moya de la Cruz, los otros cuatro legisladores son las diputadas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Faustina Guerrero Cabrera, de El Seibo, mencionada en Operación Falcón, y Rosa Amalia Pilarte López, representante de La Vega y cuyo esposo e hijos están sometidos en la justicia por otro caso de asuntos de drogas y lavado de activos.

Nelson Rafael Marmolejos Gil, diputado por Santiago, igualmente del PRM, y Héctor Darío Féliz Féliz, de Oviedo (Pedernales), por el PRD, forman parte, junto a Guerrero Cabrera y su esposo, el exdirector de Comunidad Digna Juan Maldonado Castro, a los que se han citado en la alegada red Falcón, se le atribuye grandes alijos de drogas incautadas en República Dominicana y Puerto Rico.

El juez control o de instrucción debe autorizar aquellos procedimientos que requiera hacer el Ministerio Público en su investigación, pero que la ley exija deben ser validados por este magistrado, por ejemplo, allanamientos, interceptación de llamadas y solicitar informes financieros.

Las investigaciones por parte del órgano acusador las lleva a cabo el procurador adjunto Pedro Inocencio Amador Espinosa.