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Nacionales 
  • Por: La Redacción
  • lunes 17 abril, 2023

Hasta los muertos firmaron compra de unos seis millones de metros de terreno turístico en Baní

SANTO DOMINGO, RD.- Utilizando identidades de personas fallecidas, así como el nombre de personas que declararon ante el ministerio público nunca haber suscrito documentos de venta de dicha acciones o haber participado en las asambleas que ratificaron dichas ventas, una red, en la que se encuentran personas vinculadas a hechos similares en el pasado (Bahía de las Águilas), llevaron a cabo supuestas compra de mas de seis millones de metros en Los Corbanitos, Bani.

El grupo actuante pretende haber adquirido en el año 2014, por la pírrica suma de quinientos noventa y cuatro mil pesos (RD$594,000.00), la totalidad de las acciones de la compañía Costa Dorada, propietaria de un terreno con vocación turística, en Los Corbanitos, Peravia, con una extensión de Seis Millones Trescientos Sesenta y Tres Mil Doscientos metros cuadrados (6,363,200 mts 2). 

El denunciado fraude societario daba a entender que se habían comprado los metros cuadrados a razón de 9.33 centavos cada uno, cuando la realidad es su valor sobrepasa los 20 dólares, con lo cual, el costo del terreno sobrepasa los cinco mil quinientos millones de pesos (RD$5,500,000.00).

Pero, ni siquiera fueron entregada la módica cantidad y no han podido presentar sus autores documentación que permita identificar siquiera el modesto precio colocado en los contratos impugnados en falsedad. Los reales dueños de Costa Dorada, las familias Mayol y Serrano Oms, a través de las empresas dueñas de las verdaderas acciones, procedieron a presentar querella contra los autores de tales hechos y con ello pusieron en movimiento la acción penal.  

Los contratos de venta de acciones de los cuales pretenden derivar sus derechos los autores de tales hechos, fueron supuestamente suscritos con el señor Luis Américo Minervino en el año 2014, a pesar de que este  había muerto el 2 de febrero del año 2010, de conformidad con el Acta de Defunción librada al efecto.  

ACD Media conoció con lujo de detalles aspectos y detalles de esa estructura a la que además se vinculan abogados, agrimensores, contadores y militares activos, que pone en evidencia también debilidades en los sistemas de registros de los documentos societarios, como las Cámaras de Comercio y la Dirección General de Impuestos Internos, así como en el Tribunal de Tierras, oficinas del Registro de Títulos, Catastro Nacional y demás instituciones que tienen que ver con la propiedad inmobiliar.  

La manera en que el equipo criminal interdisciplinario pretendió apoderarse de los terrenos, fue falsificando decenas de actas de asambleas y contratos de compraventa de acciones de la sociedad de comercio Costa Dorada, S. R. L., la cual a su vez es propietaria del inmueble de altísimo valor con vocación turística, por tener como linderos sur Playa Corbanito, colindante con uno de los proyectos de mayor desarrollo turístico del país.  

Un expediente ha sido instrumentado en torno a esa operación, y revela que el doctor Rafael Olegario Helena Regalado, la ingeniera Ailec Paloma Soto Garabito y la Licda. Judith Franchesca Aguasvivas Báez, muy probablemente junto con otras personas, conformaron una asociación ilícita que confeccionó y utilizó decenas de documentos falsos (contratos de venta de acciones, actas de asambleas, estados financieros, declaraciones juradas y otros documentos corporativos), relativos a Costa Dorada, S. A., con la finalidad de apoderarse de su capital social, y por ende de los activos de dicha sociedad, particularmente de un inmueble localizado en área costera, en la zona de Sabana Buey, dentro de la bahía de Salinas, en Baní, al lado de Los Corbanitos, con una extensión superficial de seis millones trescientos sesenta y tres mil doscientos dos metros cuadrados (6,363,202 mts2).  

Estos hechos atribuidos a los nombrados Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito y Judith Franchesca Aguasvivas Báez, son tipificados como criminales relacionados a asociación de malhechores, previsto y sancionado por los artículos 265, 266 y 267 del Código Penal de la República Dominicana; falsedad en escrituras de comercio, previsto y sancionado por el artículo 147 del Código Penal de la República Dominicana; falsedad en escrituras auténticas, previsto y sancionado por el artículo 146 del Código Penal de la República Dominicana; uso de documentos falsos, previsto y sancionado por el artículo 148 del Código Penal de la República Dominicana.  

En un principio figuraba en el expediente, el oficial del ejercito nacional, Licdo. Reynaldo Elías Soto Sánchez, gerente de la sociedad Global Multibusiness Corporation G. Mb. C, ligada al fraude, por hacerse figurar como sociedad absorbente de Costa Dorada.

Soto Sánchez aparece como el gerente que suscribe el contrato de fusión de las empresas, así como es beneficiario final del fraude, al ser parte, junto a su padre, Ricardo Soto Subero y sus hermanos, de los socios de la empresa Global Multibusiness Corporation G. Mb. C., S.R.L., de la cual también es socio y gerente, el Dr. Rafael Olegario Helena Regalado.  

Este último figura como representante de G. M. Corporation en el caso Bahía de Águilas, pretendiendo derechos en dichas tierras, lo que le llevó a colocar querella contra uno de los jueces más respetados en nuestros país, el Magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, cuando la Tercera Sala de la SCJ que presidía le negó los derechos que exigía en al caso de referencia, así también presentó querella contra Bautista Rojas Gómez, defendiendo los intereses de Ramfis Trujillo y su partido y se querelló contra los periodistas Huchi Lora y Juan Bolívar Díaz, ninguna de las cuales ha encontrado eco en la justicia, por su falta de fundamentación.  

Es hora de que el Estado de una clara señal de que, no solamente los casos que generan el interés de la sociedad, por referirse de funcionarios públicos deben ser atendidos con diligencia y firmeza, porque ello mandaría un mensaje negativo a la impartición de justicia.  

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