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La política pública, que entró en vigencia el lunes, intervendrá en 46 comunas a nivel nacional y otras 22 metropolitanas.
El Gobierno de Chile lanzó el plan de seguridad 'Calle Sin Violencia', una estrategia con la que prometen "una persecución penal efectiva" para enfrentar a la delincuencia, sobre todo en las localidades que acumulan la mayor cantidad de delitos graves, principalmente homicidios con uso de armas de fuego.
La Administración de Gabriel Boric informó que el mencionado plan —que entró en vigencia este 24 de abril en la comuna de Santiago, la capital del país— es ejecutado a través de un "trabajo coordinado" entre el Ejecutivo, el cuerpo policial Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público.
El Gobierno afirma que con esta acción buscan dar "más seguridad" a las familias chilenas porque el país registra un alza en la criminalidad y, sobre todo, de hechos de violencia letal, en los que han muerto varios funcionarios de Carabineros.
La medida gubernamental tiene cuatro grandes objetivos y busca "enfrentar los delitos violentos en todos sus niveles", a través de "una persecución penal efectiva, fiscalización, recuperación de espacios públicos y más presencia policial". El plan intervendrá en 46 comunas a nivel nacional y otras 22 metropolitanas.
La "persecución penal efectiva", explicó el Ministerio de Interior chileno, se enfocará en fortalecer "la obtención y levantamiento de antecedentes con la investigación temprana" por parte de la Fiscalía y la PDI.
Un segundo punto es el "patrullaje policial efectivo", con el que el Gobierno promete concentrar "los esfuerzos policiales para prevenir los homicidios y delitos violentos en sectores altamente conflictivos". La tercera arista del plan es la "fiscalización de infracciones e incivilidades", que consistirá en "rondas focalizadas de armas y fiscalización".
Como cuarto elemento de la medida está la "intervención comunitaria y recuperación de espacios públicos", con la que el Estado aspira a "fortalecer" su presencia y acercar a las personas a los servicios sociales, trámites públicos, trabajo comunitario, cultura, actividades deportivas, entre otras.
El plan del Gobierno de Boric surge en un polémico contexto social y político, donde semanas atrás el Congreso aprobó la controvertida ley Naín-Retamal, una normativa conocida como "gatillo fácil" que otorga más garantías a los funcionarios policiales y militares para reprimir a civiles, al punto de permitirles matar si consideran que sus vidas corren riesgo en medio de un procedimiento.
Según el medio local El Ciudadano, tras la aprobación de esa ley, ya se registró al menos un caso irregular en el que un agente de Carabineros asesinó a tiros a un joven de 19 años, identificado como David Toro, en un punto de control policial, en la provincia de San Antonio. Además, en Santiago, otro carabinero hirió de un tiro a un menor de 16 años.
Además de esa ley, Boric ha implementado otra serie de medidas punitivas para perseguir a migrantes en situación irregular, quienes pueden ser encarcelados de manera inmediata y expulsados del país si alguna autoridad los encuentra sin papeles que acreditan su estancia.
