Defensores públicos desafían a Mirian German y amenazan con paralizar roles de audiencias públicas

SANTO DOMINGO, RD.- El conflicto entre la Procuradora General de la Republica y los Procuradores Fiscales tomo un nuevo ribete con la amenaza de los representantes del ministerio público de paralizar todos los roles de audiencias públicas a nivel nacional.

Este lunes, justo una semana después de que la magistrada Miriam German Brito advirtiera que no aceptaría chantajes de los procuradores fiscales, quienes demandan varias reivindicaciones económicas y de trabajo, la Asociación Nacional de Defensores Públicos, a través de su primer vocal Ilia Sánchez, reveló que están llevando a cabo un movimiento dirigido a obtener una serie de reivindicaciones.

Sánchez precisó que están demandando un incremento salarial, ascensos y aumento de presupuesto y se mejoren condiciones de trabajo, ya que están ubicados en un pasillo de la tercera planta del Palacio de Justicia.

Adelantó que en caso de que sus demandadas no sean atendidas en las instancias correspondientes, aunque ese no es su deseo, lo que vendrá será paralizar las audiencias a nivel nacional.

“Nuestro deseo es no tener que ligar hasta ahí, pero es indispensable que se nos atienda, que se nos atienda, se nos escuche y nos hagan propuestas en base a igualarlos en cuanto a salarios a sus pares, jueces y fiscales”, puntualizó.

Los Defensores Públicos demandan que el Gobierno asigne la partida presupuestaria y anunció que su coordinador Rodolfo Valentín Santos hará la propuesta conjuntamente con el Consejo sobre el aumento salarial que pretenden para ellos y para los empleados administrativos de la Defensoría Pública.

La licenciada Ilia Sánchez informó que los defensores públicos se rigen por la Constitución y la Ley 277 y la Defensoría Pública es una institución descentralizada y autónoma en cuanto o a su presupuesto que es asignado por el Congreso Nacional.

Destacó que están desbordados de trabajos, ya que los 27 mil expedientes manejados a nivel nacional, de los que 560 privados de libertad qué hay en el Centro Penitenciario San Felipe, de ese total los defensores públicos trabajan un 85 por ciento.

Señaló que su trabajo comienza desde que a un privado de libertad le imponen medidas de coerción, pasando por el Juzgado de Paz, Primera Instancia, Apelación hasta la Suprema Corte de Justicia y en otras instancias judiciales.